Jesús Manuel “Thor” Salayandía, coordinador del Bloque Empresarial Fronterizo (BEF), puntualizó que el motor económico de la localidad, la industria maquiladora, continúa perdiendo empleos; iban 55 mil menos de junio de 2023 a enero de 2025, lo cual, apuntó, ha influido en la actividad criminal.
“Es una alerta, y sí nos está preocupando mucho porque no precisamente es para todos los empresarios. Toda la comunidad está vulnerable y una de las razones es la baja económica, donde hemos perdido mucho empleo y el motor económico sigue perdiendo fuerza”, concluyó Salayandía.
En el estado, entre enero y abril de 2025, suman ya 60 víctimas: 50 migrantes y 10 civiles, la mayoría de esta frontera, de acuerdo con cifras de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, misma que a través de su responsable, Arturo Velazco, llamó a confiar en la autoridad y denunciar.
Iván Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), resaltó que, afortunadamente, no se ha tenido ningún reporte de secuestro entre los agremiados. Señaló que trabajan de la mano con la autoridad y que sin generar pánico han invitado a sus socios a procurar medidas de seguridad.
“De entrada, en los socios de Canaco no hemos tenido un reporte de esta naturaleza. Tuve la oportunidad de reunirme ya con el fiscal de la ciudad, donde le expresé el voto de confianza y la solicitud de que se lleven a cabo las acciones para que caiga todo el peso de la ley”, puntualizó.
En Chihuahua, la pena para aquellos que priven de la libertad a alguien con la intención de obtener un rescate es de 20 a 40 años de prisión por cada víctima, con múltiples agravantes, como ejemplo, si ocurre mediante el uso de la violencia, o si el delito es cometido por dos o más personas.
