Ciudad de México— La informalidad laboral no puede seguir tratándose como un asunto menor ni como una estadística abstracta, pues significa que más de la mitad de los trabajadores del país viven sin prestaciones, sin seguridad social y con ingresos inestables, destacó la senadora Verónica Rodríguez Hernández.

Durante la inauguración del foro “La informalidad laboral y el empleo” en el Senado de la República, la legisladora señaló que, según cifras del Inegi, 54.8% de los trabajadores mexicanos se encuentran en la informalidad, es decir, más de 30 millones de personas.

“Este fenómeno tiene consecuencias profundas: quienes más trabajan reciben menos, y quienes menos tienen están más desprotegidos. Aunque más del 54% de los trabajadores son informales, generan apenas una cuarta parte del PIB nacional. Eso refleja una enorme desigualdad”, puntualizó.

La senadora de Acción Nacional recordó que la informalidad afecta de manera particular a jóvenes, mujeres y adultos mayores, y alcanza niveles de hasta 80% en el campo mexicano. En su estado, San Luis Potosí, el panorama es crítico: 44.8% de la población vive en pobreza laboral, de acuerdo con la organización México, ¿cómo Vamos?

Entre las consecuencias que enlistó están la exclusión de la seguridad social, la menor recaudación fiscal y la competencia desleal que enfrentan las empresas formales. “Se estima que 50 millones de personas en México carecen de cobertura de salud o pensión por su empleo, y eso nos obliga a actuar con responsabilidad”, agregó.

La senadora subrayó que este desafío no puede enfrentarse sólo desde el Senado: “Los grandes problemas nacionales como la informalidad laboral sólo pueden resolverse escuchando a quienes lo viven día a día: trabajadores, empresarios, académicos, organizaciones sociales y autoridades”.

Chihuahua, por debajo del promedio nacional

Aunque a nivel nacional la informalidad laboral alcanza al 54.8% de los trabajadores, el estado de Chihuahua se ubica entre los de menor incidencia, con cifras que rondan el 34.5% de su población ocupada, de acuerdo con el Inegi. Esto equivale a poco más de 638 mil personas que laboran sin acceso pleno a derechos laborales en una población económicamente activa cercana a 1.9 millones.

Especialistas destacan que Chihuahua, junto con otras entidades del norte del país, mantiene niveles relativamente bajos de informalidad gracias al peso del sector maquilador, exportador y manufacturero formal. Sin embargo, uno de cada tres trabajadores en el estado sigue en la precariedad, lo que refleja la magnitud del desafío.

La zona fronteriza norte presenta contrastes importantes. En ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez, el empleo formal se concentra en la industria maquiladora y de exportación, pero el comercio ambulante, los servicios no regulados y el trabajo por cuenta propia mantienen focos de alta informalidad. Estudios de la CEPAL advierten que, aunque la frontera genera empleos formales mejor pagados que el promedio nacional, el trabajo precario persiste en sectores agrícolas, de servicios y comercio, donde miles de familias sobreviven sin prestaciones.

De esta manera, mientras Chihuahua presume de estar por debajo del promedio nacional, la frontera norte sigue enfrentando una dualidad laboral: la formalidad de las grandes plantas exportadoras frente a la informalidad de micronegocios, jornaleros y vendedores ambulantes que quedan fuera de la seguridad social.