Treinta y seis diputados estatales de Texas enviaron una carta de emergencia al comité legislativo encargado de seguridad interior. Denuncian que Camp East Montana, instalado en la base militar de Fort Bliss en El Paso, ha registrado al menos tres muertes en dos meses, violaciones sexuales y físicas por parte de guardias, y más de 60 incumplimientos a los propios estándares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La misiva fue dirigida al presidente del comité legislativo relevante, el republicano Cole Hefner. Hasta el momento de publicar esta nota, su Oficina no había emitido respuesta pública. El ICE y el Departamento de Seguridad Nacional tampoco respondieron a solicitudes de comentario.
“Hemos recibido numerosos informes creíbles sobre tortura, asesinatos y trato inhumano a personas detenidas en la instalación de detención migratoria del Campo Este Montana, ubicada dentro de Fort Bliss”, dijo la representante estatal demócrata por el distrito 102, Ana-María Rodríguez Ramos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Fort Bliss sirvió como sitio de internamiento para personas de origen japonés. Ochenta años después, el mismo predio alberga el campo de detención de migrantes más grande del país, y los legisladores estatales texanos dicen que lo que ocurre ahí exige una respuesta urgente del Estado.
El Camp East Montana fue construido en agosto de 2024 por orden de la administración Trump como parte de su campaña de deportaciones masivas. Tiene capacidad para aproximadamente 5 mil personas. A partir de entonces, los reportes de sus propias condiciones no han dejado de escalar.
Un informe revelador
Apenas en sus primeros 50 días de operación, el propio ICE realizó inspecciones internas que arrojaron más de 60 violaciones a los estándares federales de detención. El informe, elaborado en septiembre de 2024, nunca fue divulgado al público. Fue el Washington Post, mediante testimonios bajo juramento de decenas de detenidos, quien lo reveló.
Entre las violaciones documentadas destaca que:
-Los inodoros y lavamanos no funcionaron durante las primeras semanas tras la apertura.
-La instalación no proporcionó alimentación adecuada a los detenidos durante el período inicial.
-Los detenidos no tuvieron acceso a teléfonos para comunicarse con familiares o abogados, en violación directa de las normas del ICE.
-Al 12 de febrero de 2026, se habían identificado al menos dos casos de tuberculosis y 18 casos de Covid-19, según la representante federal Verónica Escobar, quien visitó la instalación sin aviso previo.
“En la página del ICE titulada ‘Gestión de detención’, se afirma que ‘la detención no es punitiva’”, escribieron los legisladores. “Sin embargo, de acuerdo con los reportes del Washington Post basados en declaraciones juradas de decenas de detenidos, la instalación, durante meses, fue operada como una prisión en un país sin estándares de supervisión, salud o seguridad para los internos”.
Tres muertes; dos meses
En un período de apenas dos meses, al menos tres personas han muerto dentro del Camp East Montana. Uno de esos casos, inicialmente clasificado como suicidio por las autoridades federales, fue reclasificado como homicidio tras una autopsia independiente.
Primero fue Francisco Gaspar-Andrés, de 48 años y originario de Guatemala. Según un comunicado de prensa del ICE, murió por causas naturales: insuficiencia hepática y renal.
Después Geraldo Lunas Campos, de 55 años y nativo de Cuba. El DHS reportó inicialmente su muerte como suicidio. Sin embargo, testigos afirman haber visto a guardias ahorcándolo y lo escucharon decir: “No puedo respirar”. La autopsia reveló que murió por asfixia por compresión del cuello y el torso. Su muerte fue reclasificada como homicidio.
Por último, el caso de Víctor Manuel Díaz, de 36 años y procedente de Nicaragua. Fue encontrado muerto en aparente suicidio. La causa de muerte permanece bajo investigación, aunque la autopsia es manejada por autoridades militares, que no tienen la obligación de hacerla pública, al contrato del Médico Forense del Condado de El Paso.
La carta legislativa reconoce que Lunas Campos fue condenado por delitos graves, incluyendo contacto sexual con una menor de 11 años, pero subraya un punto legal fundamental: “No fue sentenciado a muerte por un juez o jurado. Fue asesinado por alguien responsable de su custodia, por razones o circunstancias desconocidas”.
Amenazas de deportación ilegal y agresiones
La carta legislativa cita además un documento enviado en diciembre por la ACLU, Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos civiles, que documenta lo que califican como intentos ilegales y extrajudiciales de deportar a detenidos a México, independientemente de su país de origen.
“Los guardias le dijeron que si no firmaba (el documento de deportación voluntaria a México), lo esposarían, le pondrían una bolsa en la cabeza y lo enviarían a México. Benjamin se negó a firmar, afirmando que tenía miedo de ir a México porque había escuchado que los migrantes son frecuentemente secuestrados, robados o asesinados allí”, cita el texto firmado por la ACLU, Human Rights Watch y organizaciones aliadas, al tratar el caso de “Benjamin”, inmigrante cubano detenido en Camp East Montana.
El mismo documento detalla un patrón de agresiones físicas: oficiales que aplastaron los testículos de detenidos con los dedos, que azotaron a personas contra el suelo, que las patearon y golpearon en el rostro, y que continuaron golpeando a detenidos incluso después de que estos estaban esposados e inmovilizados.
Un contrato de mil millones que nadie vio
El campo fue construido bajo un contrato que el Pentágono adjudicó en julio de 2024 a una empresa privada por aproximadamente 1,200 millones de dólares. El contrato no fue divulgado al público. La representante federal por El Paso, Verónica Escobar, quien visitó la instalación de sorpresa el viernes anterior a la carta, señaló que las condiciones no han mejorado pese al gasto.
“Mientras la corporación privada continúa embolsándose nuestros dólares fiscales, está claro que las condiciones solo empeoran”, dijo la representante federal demócrata.
Texas como laboratorio
La denuncia legislativa llega en un momento en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planea reconvertir al menos dos docenas de bodegas en centros de detención masiva en todo el país. Al menos tres de esas instalaciones están contempladas para Texas. Una de ellas, proyectada en el municipio de Hutchins, al sur de Dallas, tendría capacidad para albergar aproximadamente 9 mil 500 personas.
Los legisladores cerraron su carta con un llamado que mezcla imperativo constitucional y orgullo estatal: “Los abusos de derechos humanos, ignorar los requisitos del debido proceso, violar reglamentos federales de manera reiterada, el desprecio manifiesto por la Constitución de los Estados Unidos, y el asesinato, son actos inconcebibles en cualquier centímetro de suelo estadounidense. Pero estos crímenes contra personas reales están ocurriendo en Texas, y exigen que los texanos se pongan de pie en defensa de nuestra Constitución y usen su poder para poner fin a este abuso generalizado”.
