Las investigaciones contra el exsecretario de Hacienda Estatal, Arturo Fuentes Vélez, continúan gracias a la información proporcionada por el extitular de Salud, Eduardo Fernández Herrera, con lo cual han consolidado otras carpetas que están por dar resultados, reveló el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela.
Eduardo Fernández recibió en marzo el beneficio del criterio de oportunidad por lo que estará aportando datos para casos que son indagados por la Fiscalía Anticorrupción.
Según comentó Abelardo Valenzuela, desde hace una semana el exservidor ha estado colaborando con las causas, pero destacó que la información que aporte debe ser oportuna y comprobable, ya que de lo contrario, el proceso en su contra por uso ilegal de atribuciones seguirá su curso, mismo que por ahora está suspendido.
Valenzuela dijo que aportó datos relevantes para la investigación contra el exsecretario de Hacienda del Estado, quien cumplió 19 meses en calidad de prófugo, ya que el 5 de mayo de 2023 fue girada una orden de detención, pero debido a un amparo que solicitó, evitó ser arrestado para posteriormente dejar el país.
Las condiciones legales del exfuncionario no han cambiado, por lo que puede ser detenido en cualquier momento, dijo el fiscal.
En la actualidad Arturo Fuentes no tiene la protección de la Justicia Federal, ya que desde mayo del año pasado el Juzgado Tercero de Distrito notificó a las instancias de investigadores y judiciales que no cumplió con las disposiciones para mantener la suspensión definitiva de la orden de captura en contra, las cuales eran que debía acudir al juzgado para ser enterado de las acusaciones y dar una respuesta ante las autoridades.
El 18 de mayo de 2023 el exsecretario de Salud del Estado, Eduardo Fernández, fue vinculado a proceso dentro de la causa 1641/2023, relativa al delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
El señalamiento contra el exfuncionario refiere que cuando estuvo como director del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), contrató el 3 de marzo del 2021 un crédito ilegal a cargo de la propia dependencia por 401 millones 364 mil 155.59 pesos mediante un convenio atípico, por el que se reconoció un “adeudo” del organismo; posteriormente entregaron los derechos de cobro a la institución bancaria BANSI, S.A., Institución de Banca Múltiple, la cual cobró los intereses y cuotas.
De la totalidad de la deuda, quedó disponible para el Ichisal la cantidad de 377 millones 249 mil 938.44 pesos, ya que el restante, 24 millones 114 mil 217.15 pesos fue absorbido por la institución bancaria.
Posteriormente dieron la instrucción para que el banco depositara en una cuenta de BBVA el resto del dinero. La parte acusatoria señaló que el recurso habría sido utilizado para cubrir un adeudo de la Secretaría de Hacienda correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
