Chihuahua— El especialista en temas hídricos, exdelegado de la Conagua en el estado y actualmente rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTECH), Kamel Athié Flores, advirtió que de aprobarse en los términos en que fue presentada, la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales podría generar un caos productivo, por la falta de recursos para su implementación.

Tras reconocer que la nueva Ley General de Aguas busca garantizar el derecho humano al agua, ya que no todos reciben los 100 litros diarios por persona establecidos como estándar mínimo, recordó que la ley debió publicarse desde febrero de 2012, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su aprobación.

Hoy, tras 13 años de retraso, la iniciativa llega sin un presupuesto suficiente para cumplir su objetivo. Explicó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) contará en 2026 con 400 mil millones de pesos menos respecto al año anterior, lo cual compromete incluso su operación básica.

A detalle…

Athié expuso que el acceso al agua está establecido en el Artículo 4º constitucional, pero consideró indispensable que la nueva ley cuente con recursos etiquetados que permitan cumplir el mandato.

Por ello, la Asociación Mexicana de Hidráulica y el Colegio de Ingenieros Civiles, organismos en los que participa, han propuesto la creación de un fondo dentro del Ramo 33 denominado Fondo para Garantizar el Derecho Humano al Agua. De incluirse, estos recursos llegarían directamente a estados y municipios para obras de infraestructura hídrica.

También señaló la necesidad de definir con claridad el papel de la iniciativa privada, especialmente en acueductos, plantas de tratamiento y sistemas de potabilización. Afirmó que el Gobierno federal no tiene capacidad financiera para atender las necesidades actuales de infraestructura y que permitir la participación privada contribuiría a financiar nuevos proyectos. Explicó que los usuarios podrían pagar tarifas ligeramente mayores si con ello reciben un servicio continuo y de calidad.

El rector consideró necesario modernizar la legislación vigente, expedida en 1992, pues los efectos del cambio climático han agravado la sequía, especialmente en el norte del país, mientras que los gobiernos han dejado de invertir en infraestructura hidráulica. Indicó que hay regiones donde los sistemas no reciben mantenimiento desde hace décadas.

Sin considerar, desagrados de los productores

Sin embargo, destacó que las mayores inconformidades de los productores no están en la nueva Ley General de Aguas, sino en las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales vigente, incluidas dentro del mismo proyecto de decreto. Señaló que estas reformas afectan la transmisión de derechos de uso de agua y generan incertidumbre entre los usuarios.

Explicó que las concesiones otorgadas por la Conagua han permitido durante años transmitir derechos bajo ciertos criterios. Con el nuevo planteamiento, las transmisiones quedarían restringidas o resultarían confusas, lo que impediría vender unidades productivas con su volumen de agua correspondiente. Consideró que esta situación afectaría la valuación de tierras agrícolas y dificultaría el acceso a créditos, pues la tierra sin agua pierde valor.

Athié advirtió que la propuesta sólo reconoce transmisiones familiares directas, lo que limita operaciones legales entre terceros y fomenta el rentismo, práctica ya extendida en varias regiones. Señaló que el problema no es prohibir las transmisiones, sino redactar con claridad los artículos que definan en qué condiciones pueden realizarse para pequeña propiedad, ejidos, colonias y comunidades indígenas. Afirmó que la redacción propuesta es dispersa, confusa y necesita una estructura sistemática.

Indicó que las audiencias públicas divididas por regiones apenas iniciarán en la Cámara de Diputados, por lo que consideró que el proyecto no debería someterse aún al Pleno. Insistió en que los productores debieron ser escuchados desde el principio para evitar el ambiente de inconformidad que viven actualmente.

Añadió que los productores enfrentan otros problemas acumulados, como la desaparición de apoyos federales, la falta de financiamiento tras la eliminación de la Financiera Nacional de Desarrollo y la competencia desigual con productores extranjeros que reciben subsidios. Consideró que todo esto incrementa la vulnerabilidad del sector ante una ley que, dijo, no toma en cuenta la realidad del campo.