Chihuahua.-Tras una prolongada audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México, hasta el cierre de la edición no existía aún determinación en relación a la vinculación a proceso al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por el delito de lavado de dinero, relacionado con un monto de 76 millones de pesos, presuntamente desviados del erario estatal.
La imputación fue formulada por el Ministerio Público Federal (MPF), que sostiene que parte de los recursos públicos transferidos durante la administración de Duarte habrían sido canalizados a la Unión Ganadera Regional División del Norte, organismo del cual el exmandatario fue presidente del Consejo de Administración.
La defensa del exgobernador rechazó desde temprana hora la determinación que pudiera vincular al exmandatario y sostuvo que se trata de los mismos hechos por los que Duarte ya es procesado en el fuero común en Chihuahua, donde enfrenta una causa penal por el supuesto desvío de 96 millones de pesos. De acuerdo con sus abogados, de ese monto, la Federación pretende sancionar nuevamente 76 millones bajo una tipificación distinta, lo que —aseguraron— constituye una doble persecución penal por una misma conducta.
El abogado defensor Héctor Villasana sostuvo que los recursos transferidos a la organización ganadera fueron utilizados conforme a su destino original, principalmente en la compra de ganado, mejora genética, adquisición de maíz, avena y otros insumos para productores del estado, lo cual —dijo— está plenamente documentado con más de 500 pruebas ofrecidas por la defensa.
Durante la audiencia, los abogados también cuestionaron la competencia del Juzgado Federal del Altiplano para conocer los hechos que presuntamente ocurrieron en Chihuahua, así como la legalidad de la medida cautelar impuesta al exgobernador, quien permanece recluido en el penal federal de alta seguridad.
Otro de los ejes centrales de la defensa fue la supuesta violación al tratado de extradición entre México y Estados Unidos. Villasana afirmó que Duarte fue extraditado exclusivamente para enfrentar la causa penal 3041/2019 en Chihuahua y que, para ser juzgado por nuevos delitos, se requería una autorización expresa del Gobierno estadounidense, así como la garantía de audiencia para ejercer su defensa, lo cual —aseguró— no ocurrió.
Indicó que el procedimiento mediante el cual se obtuvo la autorización para ampliar el llamado principio de excepción se realizó sin notificar a la defensa y mediante información incompleta presentada por autoridades federales ante el Gobierno de Estados Unidos, lo que, a su juicio, vicia de origen el nuevo proceso penal.
La defensa anunció que impugnará en dado caso la vinculación a proceso mediante juicios de amparo y que recurrirá nuevamente ante instancias internacionales para denunciar la presunta violación a los derechos fundamentales del exgobernador y al tratado de extradición.
