El caso de Marisela Escobedo fue un crimen de Estado. Lo fue por las negligencias acumuladas, por las complicidades institucionales y, sobre todo, por el lugar donde fue asesinada: frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, bajo la mirada inmóvil del poder. Ahí cayó Marisela, no sólo como madre, sino como denuncia viva de un sistema que eligió no escuchar.
Este lunes por la mañana, colectivos defensores de los derechos humanos regresaron a ese sitio para volver a nombrarla. Resanaron la placa colocada donde su cuerpo tocó el suelo, dibujaron un corazón alrededor y dejaron flores, como si intentaran suturar una herida que sigue abierta. ¿Cómo se repara una ausencia cuando han pasado más de cinco mil días sin justicia? ¿Cómo se honra a una mujer que fue asesinada por exigir lo mínimo: verdad?
Martha González Rentería, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, dijo que Marisela vivirá siempre. Tal vez porque su historia se niega a morir. Una lona recordó la cuenta interminable: 6 mil 318 días sin justicia para Rubí Marisol, 5 mil 479 para Marisela. Los números pesan más cuando se entienden como vidas suspendidas.
Marisela fue asesinada el 16 de diciembre de 2010, cerca de las nueve de la noche, mientras recogía las pancartas de un plantón que denunciaba la impunidad por el feminicidio de su hija, ocurrido en 2008. El asesino confeso había sido liberado por fallas de la fiscalía. ¿Quién soltó al responsable? ¿Quién permitió que escapara? ¿Quién dejó sola a una madre que ya había sido revictimizada?
El tendedero con fotografías lo dijo sin palabras. Marisela no sólo perdió a su hija, perdió la protección del Estado. Su caso no destruyó únicamente a una familia; nos mostró hasta dónde puede llegar la impunidad cuando la justicia se vuelve cómplice del silencio.
