El presidente interino de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Alejandro Carrazco Talavera, reveló que desde 1990 no han aplicado en Chihuahua el Protocolo de Estambul, debido a la falta de capacitación del personal. Este manual establece las normas internacionales para identificar y documentar casos de tortura, pero su uso en el estado ha sido prácticamente nulo.
Carrazco Talavera explicó que, en años anteriores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) eran las instancias encargadas de realizar estos peritajes.
No obstante, con la creciente demanda de casos, la PGR —ahora Fiscalía General de la República— dejó de ofrecer el servicio de manera regular. La CNDH continuó con la aplicación del protocolo, pero con un equipo insuficiente para atender todos los casos a nivel nacional, lo que generó largos tiempos de espera y la falta de peritajes en Chihuahua.
Ante este panorama, la CEDH anunció que este año comenzará a implementar el protocolo. “No es posible que tengamos tanto tiempo existiendo como Comisión y al día de hoy no apliquemos este protocolo”, señaló Carrazco Talavera. Aunque no existe una certificación formal para la aplicación del Protocolo de Estambul, el funcionario aseguró que están preparándose con la documentación y capacitación necesaria para que el personal pueda comenzar a realizar estas evaluaciones.
La creación de la Fiscalía Especializada en Tortura, impulsada por la gobernadora Maru Campos, es vista como un avance en la visibilización del problema. Carrazco Talavera destacó que las fiscalías especializadas han demostrado su efectividad en otros ámbitos, como en la atención a la violencia de género. “Las Fiscalías de la Mujer nacieron como una propuesta tras la sentencia de la Corte Interamericana por el caso Campo Algodonero. Se especializaron y han dado resultados. Lo mismo puede pasar con la Fiscalía Antitortura”, afirmó.
A pesar de que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura fue promulgada en 2017, Chihuahua no contaba con una fiscalía dedicada al tema. La nueva instancia buscará atender los casos de tortura, visibilizarlos y prevenirlos. Según Carrazco Talavera, el mayor problema en México ha sido la resistencia de las autoridades a reconocer la tortura como tal. “Normalmente se habla de malos tratos, uso ilegítimo o excesivo de la fuerza pública, pero no se le llama por su nombre”, explicó.
En cuanto a la situación en Chihuahua, recordó que en 2013, cuando él estaba a cargo de la visitaduría de Ciudad Juárez, más de la mitad de los expedientes abiertos eran por tortura. Con el paso del tiempo, las quejas han disminuido, lo que atribuyó a un cambio en las políticas gubernamentales y a la capacitación de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, reconoció que la impunidad sigue siendo un problema y que la falta de investigaciones formales ha dificultado sancionar a los responsables.
“Antes, la tortura se veía como algo normal. Se justificaba pensando que la persona torturada ‘se lo merecía’. Es un problema cultural que todavía persiste, pero que estamos combatiendo con capacitación y la implementación de nuevas herramientas”, indicó.
Con la entrada en funciones de la fiscalía antitortura y la futura aplicación del Protocolo de Estambul, la CEDH espera contribuir a la erradicación de esta práctica en el estado.
