El empresario Eduardo Almeida acusó al senador Javier Corral de utilizar su posición política para promover un proceso judicial “desproporcionado” en su contra por presuntas amenazas y probable daño físico, procedimiento que —según afirmó— habría generado un gasto público cercano a dos millones de pesos.

Almeida explicó que la denuncia se inició en la Ciudad de México y posteriormente fue radicada en Chihuahua por tratarse del lugar donde ocurrieron los hechos.

Calificó el caso como un “gasto inútil” de recursos públicos, al asegurar que la investigación federal incluyó más de 14 diligencias y la integración de un expediente de aproximadamente 800 páginas, a pesar de que la pena máxima aplicable podría resolverse con una multa de hasta 45 mil pesos.

“Es impresionante el gasto de tiempo, dinero y esfuerzo en un asunto que no tenía por qué llegar a este nivel”, declaró. “Esto debería preocuparnos como chihuahuenses, porque el dinero es de todos”.

El empresario sostuvo que el senador argumentó temor a una agresión física para judicializar el caso. Almeida rechazó esa versión y reiteró que Corral habría utilizado su fuero e influencia política para perjudicarlo.

También adelantó que presentará entre cuatro y seis demandas adicionales contra el legislador. Aunque no detalló su naturaleza, señaló que las dará a conocer el próximo miércoles cuando vuelva a comparecer ante la autoridad judicial.

Como parte de la carpeta de investigación, Almeida mencionó la existencia de documentos, testimonios, videos y referencias a un altercado verbal registrado el 20 de marzo, en el aeropuerto de Chihuahua.

Juez ordena la comparecencia obligatoria del senador

Durante la audiencia, el juez federal concedió la solicitud del abogado defensor de Almeida, César Guaderrama, y ordenó la comparecencia obligatoria de Javier Corral en la audiencia inicial. El juez advirtió que, de no acudir, podría aplicarse un apercibimiento e incluso considerar desistida la denuncia de amenazas, conforme al artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Asimismo, instruyó al Ministerio Público Federal entregar a la defensa y al propio Almeida la carpeta física, debidamente foliada y certificada.