Ciudad Juárez.- El exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez deberá ser incluido en el Registro Estatal de Víctimas, y la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) deberán proporcionarle atención médica o psicológica para resarcir el daño en su contra por la vigilancia que denunció el político ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Tras la denuncia, la CEDH confirmó actos de vigilancia injustificada como la colocación de una unidad “escorpión” de la Policía del Estado en el fraccionamiento del exgobernador, así como la presencia constante de dos autos Volkswagen Jetta de la Fiscalía afuera de su casa.
La denuncia fue interpuesta el 9 de septiembre de 2024 e inicia: “Fui gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, en el período del 4 de octubre de 2010 al 3 de octubre de 2016, lo cual es un hecho notorio en esta ciudad de Chihuahua. También es un hecho conocido que ‘B’ fue mi sucesor a partir del día 4 de octubre de 2016 con una duración de cinco años no reelegibles, por lo que su gestión terminaría el 7 de septiembre de 2021.
En mi contra se emprendió una persecución política e ilegalmente se libraron varias órdenes de aprehensión en mi contra, sin embargo, por la única causa penal por la que se me puede procesar es por la causa penal ‘C’, instaurada por el delito de peculado y asociación delictuosa, por la cual fui detenido con fines de extradición el día 8 de julio de 2020, misma por la que fui extraditado de los Estados Unidos de Norteamérica el día 2 de junio de 2022 y fui internado en el Cereso número 1 (...) imponiendo en mi contra la medida cautelar de prisión preventiva, por la cual estuve internado hasta el día 5 de junio de 2024 (...) y en audiencia la juez Hortencia García Rodríguez modificó las medidas cautelares, imponiendo la (...) de brazalete electrónico, con la obligación de no salir del municipio de Chihuahua (...) bajo la supervisión de Servicios Previos al Juicio del Poder Judicial del Estado”.
Duarte Jáquez precisó que tras su salida del penal y regreso a su casa, la Policía del Estado colocó “un carrito de los denominados torre de vigilancia centinela, el cual metieron desde el día 4 de junio de 2024”, y acusó de vigilancia con drones, con una patrulla de la Policía Estatal y de la presencia de carros particulares “con los vidrios bien polarizados, sin rótulos, con gente adentro, observando todo el tiempo mi casa, siempre cambian de carros, nunca son los mismos y me siguen a cualquier lugar al que voy, ni siquiera disimulan que me van siguiendo”.
“Eso ha generado mucha incomodidad porque no hay ninguna causa legítima para estarme vigilando de esa manera, máxime que no fue lo que ordenó la jueza”, expresó en su queja.
La Fiscalía General del Estado negó ante la CEDH la vigilancia, pero confirmó que dos de los autos observados por el quejoso, de la línea Jetta, que fueron vistos por visitadores de la Comisión que acudieron al fraccionamiento de Duarte Jáquez a realizar diligencias sobre el caso, son de su propiedad.
Negó que fueran destinados para vigilancia del hombre, sino que realizaban otras diligencias, pero declinó entregar la información del sistema de geolocalización, por la posibilidad de que se afecten otras investigaciones.
La Policía del Estado negó el uso de drones, pero confirmó la presencia del “escorpión”, aunque no pudo justificar su necesidad, inexistente según el quejoso y sus vecinos (entrevistados por la CEDH) ante la poca incidencia delictiva de la zona.
