Una tarde reciente, en Fulton, Nueva York, una ciudad industrial que se extiende a ambos lados del río Oswego, los tres hijos de Maribel Lopez se apiñaron en torno a un teléfono móvil que brillaba en la mesa de la cocina. Ella les sonreía a miles de kilómetros de distancia, y se enjugaba las lágrimas.
“Chito, Chito, guapo”, llamó Lopez suavemente a su hijo menor, Jorge, de 2 años, quien estaba sentado en el regazo de su hermano, Milton, de 23.
El niño no respondió a su apodo y solo echó un vistazo fugaz a la pantalla en la que se veía la imagen de su madre.
“Di ‘hola, mami’”, le pidió su hermana Anallely, de 21 años.
Lopez ha estado separada de sus hijos desde principios de septiembre, cuando agentes federales realizaron una redada en la fábrica de barras nutricionales donde trabajaba en el centro del estado de Nueva York. Lopez fue detenida y deportada a Guatemala, y su hijo de 2 años se quedó atrás.
No debería haber ocurrido.
Se suponía que Lopez estaba protegida de la deportación porque tenía un caso de asilo pendiente de apelación, tras huir de años de abusos en su país de origen.
Lopez se mantiene en contacto con sus hijos por videollamada
Ya que los agentes de inmigración están sometidos a una intensa presión para deportar a miles de personas cada día, Lopez pasó rápidamente por el sistema y fue deportada cuatro días después de la redada en la fábrica.
Como consecuencia, Jorge está ahora al cuidado de dos hermanos que apenas son adultos.
El gobierno devolvió a Lopez a Estados Unidos a última hora del jueves debido al error. Pero sigue separada de su hijo, recluida en un centro de detención mientras su recurso de asilo se abre camino en los tribunales.
El caso forma parte de un número cada vez mayor de separaciones familiares que, para algunos, recuerdan las políticas del primer mandato de Donald Trump, cuando se arrancaba a los niños de los brazos de sus padres poco después de que cruzaran la frontera sur de Estados Unidos.
Estos casos, sin embargo, se dirigen contra inmigrantes que ya viven en Estados Unidos.
Los funcionarios de inmigración afirman que a los padres que van a ser deportados se les da la opción de llevarse consigo a sus hijos nacidos en Estados Unidos cuando son expulsados del país.
Pero Lopez dijo que no se le ofreció tal opción.
Más bien, su deportación fue un error, según indican las comunicaciones por correo electrónico entre sus abogados y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), y la rapidez con que se produjo parece haberla separado de su hijo.
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), dijo que el ICE, que lleva a cabo las deportaciones, “no separa a las familias”.
“Se pregunta a los padres si quieren que se les expulse con sus hijos, o el ICE colocará a los niños con una persona segura que el padre designe”, dijo. “Esto es coherente con la aplicación de las leyes de inmigración de gobiernos anteriores”.
Pero los abogados especializados en inmigración y los grupos de defensa afirman que la velocidad y la escala a la que los agentes federales están efectuando las deportaciones están dando lugar a separaciones familiares.
“Estamos observando un preocupante aumento de los casos de madres y familias que son deportadas sin sus hijos”, dijo Kelly Kribs, abogada de inmigración del Young Center for Immigrant Children’s Rights.
No está claro exactamente cuántos padres han sido deportados sin sus hijos, o a cuántos se les dio la opción de ser deportados juntos. Los defensores afirman que no existen datos nacionales, y el DHS no respondió a una solicitud de cifras.
Las deportaciones en las que está implicado un progenitor de un niño nacido en Estados Unidos son difíciles, y a menudo obligan a las familias a tomar la desgarradora decisión de permanecer juntas o de dejar a sus hijos atrás, bien con un tutor familiar o en el sistema de cuidado de crianza temporal.
“Las acciones del gobierno están creando una atmósfera en la que las familias sienten que tienen que elegir entre sus derechos del debido proceso a las protecciones de la ley de inmigración y la seguridad de permanecer juntas a pesar de no saber si estarán seguras dondequiera que las devuelvan”, dijo Nan Schivone, directora jurídica de Justice in Motion, organización sin fines de lucro que ha estado atendiendo a familias deportadas a Centroamérica.
En la redada que detuvo a Lopez en Nutrition Bar Confectioners de Cato, Nueva York, fueron detenidas 57 personas, y 17 de ellas eran padres, que en conjunto tenían más de 20 hijos, según el Centro de Trabajadores de Nueva York Central, organización sin fines de lucro que defiende a los trabajadores con salarios bajos. Al menos siete de los padres ya han sido deportados, y se espera que se expulse a más.
Una deportación accidental
Milton Lopez, hermano mayor de Jorge, dijo que era su madre quien se hacía cargo del menor y que este lloró por ella cuando desapareció
En comunicaciones revisadas por The New York Times, el ICE reconoció que Lopez fue expulsada “por accidente” de Estados Unidos. Lopez tenía derecho a permanecer en el país porque tenía un recurso de asilo activo.
Su abogada, Elizabeth Brundige, profesora de la Facultad de Derecho de Cornell, dijo que la expulsión de Lopez a Guatemala fue “una clara violación del derecho estadounidense e internacional”.
McLaughlin, la portavoz del DHS, afirmó que Lopez había “recibido el debido proceso” y añadió que “Lopez tenía una orden de expulsión dictada por un juez de inmigración en 2019”.
Sin embargo, esa orden fue suspendida cuando Lopez interpuso una apelación. Por ello, los abogados del ICE calificaron de errónea la deportación de Lopez.
Según los abogados que llevan casos de inmigración, los funcionarios presionados para aumentar las cifras de deportaciones están procesando a los detenidos precipitadamente y embarcándolos en aviones sin preguntar en todos los casos a los padres si desean llevarse a sus hijos con ellos.
“Hay un desprecio absoluto por la santidad de la familia”, dijo Ruby Powers, abogada de inmigración en Houston.
Lopez con sus dos hijos mayores, Milton y Anallely
El ICE no está obligado a reunir a las familias antes de deportar a uno de los progenitores. Una directiva de la agencia fechada el 2 de julio ordena a los agentes que ayuden al progenitor a organizar el cuidado de los hijos menores de edad, pero solo “en la medida en que sea factible desde el punto de vista operativo”.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las preguntas que pedían aclaraciones sobre cómo y cuándo se haría eso.
Durante el primer mandato de Trump, su política de “tolerancia cero” separó a miles de niños migrantes de sus padres en la frontera. Tras provocar la indignación nacional, la política fue rescindida.
Ahora, cuando las autoridades de inmigración separan a los padres de sus hijos, lo hacen de forma rápida y silenciosa.
“Estas nuevas separaciones son una respuesta a la enorme presión para obtener cifras de deportación poco realistas, lejos de la mirada pública”, dijo Mary Giovagnoli, abogada especializada en inmigración y experta en políticas.
Una redada en una zona rural de Nueva York
Nutrition Bar Confectioners en Cato, Nueva York, donde 57 personas fueron detenidas en una redada de inmigración
Lopez estaba a mitad de su turno de 4 a. m. a 12:30 p. m. en la fábrica de barras nutricionales el 4 de septiembre cuando se oyó una orden por el sistema de megafonía del edificio: “Todos los trabajadores preséntense en el comedor”.
Lopez, de 41 años, acudió, aun con la bata blanca de laboratorio, la redecilla para el pelo y la mascarilla.
Dentro de su bolso, dijo, estaban su permiso de trabajo, la tarjeta de Seguridad Social y una carta de su abogada, con membrete de la Facultad de Derecho de Cornell, en la que se afirmaba que Lopez tenía pendiente un recurso de asilo y que se encontraba “legalmente en Estados Unidos y no puede ser expulsada”.
Momentos después, agentes armados empezaron a separar a los trabajadores en dos grupos: ciudadanos estadounidenses e inmigrantes. Lopez mostró a un agente su permiso de trabajo en vigor, e inicialmente la colocaron con los ciudadanos. Pero un agente distinto le ordenó que se uniera al otro grupo.
Llamó a sus hijos y a su abogada, Brundige, quien recordó haberle dicho: “Asegúrate de darles todos tus documentos y ve si hablarían conmigo”.
Los familiares de otras personas de la planta también siguen en el limbo. El marido de Elizabeth Ramirez-Abrams, quien trabajaba en la planta, también fue deportado
En lugar de eso, un agente se apoderó de su teléfono y lo puso en modo avión, dijo Lopez. Le ataron las muñecas, dijo, y la metieron en una furgoneta con otras mujeres.
En un puesto de la Patrulla Fronteriza en la cercana ciudad de Oswego, Nueva York, los agentes introdujeron el nombre de cada trabajador en una computadora. Lopez vio aparecer todo su historial de inmigración y entregó sus documentos, incluida la carta de Cornell.
Lopez presentó también la tarjeta de Seguridad Social de su hijo pequeño.
“Tiene dos años”, dijo al agente. “Me necesita”.
A la mañana siguiente, Lopez estaba en Texas. Dos días después, estaba en un avión rumbo a Guatemala.
En casa, su hijo Jorge lloraba por ella: “Mami, mami”, dijo su hermana.
Un nuevo comienzo tras años de abusos
Lopez llegó a Estados Unidos tras sobrevivir años de maltrato por parte de su pareja
Lopez fue remitida a la clínica jurídica de Cornell en 2018, poco después de llegar a Nueva York con sus dos hijos mayores.
“Desde el principio, nos dimos cuenta de que tenía argumentos muy sólidos para solicitar asilo, basados en el horrendo abuso que había sufrido, que constituía persecución”, dijo Brundige. Y según la Convención contra la tortura, las personas no pueden ser devueltas legalmente a un país donde corren el riesgo de ser torturadas, dijo.
Los informes médicos y policiales, así como los testimonios de familiares que se adjuntaron a la solicitud de asilo de Lopez, de 44 páginas, detallan cómo soportó durante años los brutales e implacables abusos de su pareja, el padre de sus dos hijos mayores. La azotaba con cinturones, le arrojaba cristales y amenazaba con apuñalarla, dicen los documentos; una vez atravesó una puerta a machetazos y luego la asfixió y golpeó.
Lopez y sus hijos en la Universidad de Cornell en 2018
Presentó una denuncia policial tras otra, sin resultado. Las órdenes de alejamiento que le concedieron no se cumplieron.
Según los documentos, incluso su fe religiosa provocaba la ira de su pareja. Asistir a misa le valía palizas. Lo mismo ocurría con votar en las elecciones locales.
Lopez temía por su vida y huyó con sus hijos y se entregó a las autoridades estadounidenses en la frontera de Texas entre Estados Unidos y México, en marzo de 2018. Unas semanas más tarde, fueron puestos en libertad con un aviso de comparecencia ante el tribunal, y se dirigieron a la zona rural de Nueva York, donde un amigo le había dicho a Lopez que había trabajo.
Consiguió trabajo en una granja lechera cerca de Roma, asistía a la iglesia y se matriculó en clases de inglés.
“Vivía bien con mis hijos”, dijo en una entrevista desde Guatemala, mientras estaba escondida en casa de un pariente. En Estados Unidos, dijo, “me sentía segura. No tenía miedo de nada”.
En Cornell, estudiantes y profesores de derecho empezaron a construir su caso.
Las ecografías de su hijo Jorge aún cuelgan del espejo del dormitorio de Lopez en Fulton, Nueva York
En enero de 2019, el equipo presentó su solicitud de asilo.
En una audiencia celebrada en noviembre de 2019, Lopez declaró ante un juez de inmigración durante cuatro horas, y relató años de agresiones, palizas y otros actos violentos.
Durante el contrainterrogatorio, un abogado del gobierno presionó a Lopez sobre el momento y la secuencia de los hechos y sus interacciones con las fuerzas de seguridad, preguntas que resultaron difíciles de seguir tanto para el intérprete designado por el tribunal como para Lopez, dijo su abogada.
El juez denegó su solicitud de asilo por motivos de credibilidad y citó incoherencias en su relato. Sus abogados apelaron, y su caso sigue pendiente.
En 2021, Lopez se había trasladado a Fulton, a 30 minutos de Siracusa, donde trabajaba en la línea de empaquetado de la fábrica de barras nutricionales.
A principios de 2023, Lopez descubrió que estaba embarazada sin planearlo. El padre, que era indocumentado, no tardó en mudarse y no pudo ayudarla a criar al niño. Lopez, con el apoyo de sus hijos mayores, decidió quedarse con el bebé.
Jorge nació el 3 de septiembre de 2023. “Es una bendición”, dijo.
El día después de su segundo cumpleaños, los agentes hicieron una redada en el lugar de trabajo de Lopez.
Una deportación errónea
Milton y Anallely Lopez se preocupan por lo que le ocurriría a Jorge si ellos también fueran detenidos por el ICE en el futuro
“Esperábamos que, en cuanto pudiera explicar su situación, las autoridades de inmigración lo entenderían y la dejarían en libertad”, dijo Brundige.
En lugar de ello, Lopez se encontró llamando a sus hijos desde un centro fronterizo en McAllen, Texas.
Le pusieron grilletes en las muñecas, la cintura y los tobillos y la metieron en un avión en la madrugada del martes 7 de septiembre.
“Lloraba por mis hijos, rezaba para que Dios los protegiera”, dijo Lopez.
La siguiente vez que habló con sus hijos, estaba en Guatemala.
Los abogados de Lopez en Cornell enviaron correos electrónicos a los abogados del ICE en Buffalo. El 8 de septiembre, los abogados del ICE respondieron que no tenían constancia de su expulsión, según la correspondencia examinada por el Times.
Lo admitieron una semana después: un correo electrónico del 15 de septiembre decía que Lopez había sido detenida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza el 3 de septiembre y “expulsada por accidente” cuatro días después.
El 22 de septiembre, un director de oficina de campo del ICE dijo en un correo electrónico que iniciaría los trámites para que Lopez pudiera regresar a Estados Unidos.
El miércoles, Lopez recibió una llamada inesperada de un funcionario de la embajada estadounidense en Ciudad de Guatemala, quien le informó que volaría de regreso a Estados Unidos al día siguiente.
Permanecerá detenida hasta que se resuelva su caso de inmigración.
