En agosto, Jemmy Jimenez Rosa y su marido Marcel se llevaron a sus tres hijas pequeñas de vacaciones a Cancún, en México. A su regreso al aeropuerto Logan de Boston, un agente de Aduanas y Protección Fronteriza apartó a Rosa y la condujo a una sala trasera donde le dijeron que debía despedirse de sus hijas. “No dejo de pensar que esto es una pesadilla. ¿Es una pesadilla? ¿O sea, está pasando de verdad?”, recuerda Rosa.
Rosa fue puesta en una celda de detención en Logan. Los agentes no le dieron prácticamente nada de información e ignoraron a su marido, quien pedía permiso de llevarle sus medicamentos para la diabetes y la ansiedad. Rosa nació en Perú y es residente legal permanente en Estados Unidos desde los 9 años; ahora tiene 43. Apenas unas semanas antes del viaje a Cancún, había renovado su tarjeta de residente sin incidentes. Su marido y sus hijas son ciudadanos estadounidenses.
En los últimos meses, junto con un equipo de Opinión Video, he hablado con seis personas que han sido detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y con sus familias. Todos regresaban al país, o ya estaban en él legalmente. Nadie cruzó la frontera de manera ilegal.
Ninguna de las personas con las que hablamos tenía antecedentes penales recientes. (Tres tuvieron pequeños roces no violentos con las autoridades; todos en un pasado lejano; una persona recibió un indulto). Todos fueron tratados como presuntos delincuentes violentos, obligados a entrar en celdas diminutas, vestidos con uniformes de prisión, esposados para su traslado. Las personas con las que hablamos estuvieron retenidas entre 10 y 70 días. La experiencia destrozó su estabilidad.
Desde hace tiempo, los funcionarios de Inmigración y de la Patrulla Fronteriza disponen de amplísimos poderes discrecionales para acoger o rechazar a los no ciudadanos que llegan a Estados Unidos. Y esta no es ni mucho menos la primera oleada de xenofobia que azota a Estados Unidos. Sin embargo, ahora ocurre algo diferente en términos de la amplitud y la fiereza de los esfuerzos por cambiar la composición de este país.
Los videos que circulan en las redes sociales son brutales y aterradores: detenciones a menudo violentas, las personas que son sacadas gritando de sus coches, de guarderías, lejos de sus hijos y de sus cónyuges. Lo que debería hacer reflexionar por igual a los estadounidenses es la inhumanidad que ocurre más allá de las cámaras, lejos de la vista de los jueces, los abogados y los medios de comunicación. El debido proceso no es un derecho constitucional concedido solo a los ciudadanos; las restricciones legales a la detención ilegal aplican para todas las personas que se encuentren en suelo estadounidense.
Las historias que nos contaron ponen en tela de juicio tanto la constitucionalidad como la moralidad del modo en que el gobierno de Donald Trump maneja la política migratoria. Esa inmoralidad, una vez desatada, en última instancia podría ser dirigida contra otras personas en este país, independientemente de su estatus migratorio. Si una mujer que vuelve de vacaciones con sus hijos pequeños puede ser separada repentinamente de su familia y de su vida, ¿cómo podemos creer que cualquiera de nosotros permanecerá a salvo?
Había una uniformidad inquietante en el horror que nos describieron. Las personas a las que entrevistamos se desesperaban ante la manera en que los centros de detención se mantenían terriblemente fríos de forma deliberada, lo que había obligado a algunos de ellos a acurrucarse contra extraños. Hablaron de luces que se dejaban encendidas las 24 horas del día y de traslados interestatales realizados sin previo aviso. De comida distribuida de forma inadecuada que les producía malestar. De cómo los obligaban a orinar y defecar delante de los guardias y los demás detenidos. De ser humillados y objeto de burla de los agentes. Todos mencionaron una falta de información desestabilizadora, la terrible idea de que podían ser retenidos durante semanas o meses sin que nadie les explicara siquiera por qué estaban detenidos.
Nos contaron cómo suplicaban alguna vía de recurso: pedían hablar con el mundo exterior, solicitaban audiencias de fianza, intentaban impugnar su detención. Recordaban, con angustia y tristeza, a otras personas que encontraron ahí; algunas presumiblemente aún atrapadas en esas celdas, sin asesoría ni alivio alguno.
Nuestro equipo revisó la documentación y habló con abogados y familiares. Algunos detalles de cada relato no se pudieron verificar de forma independiente, pero las narraciones concuerdan con lo que dijeron a otras personas en su momento y con lo que dijeron anteriormente a los medios de comunicación.
Durante la campaña presidencial de 2024, el equipo de Trump prometió la mayor deportación masiva en la historia de Estados Unidos, y el compromiso de expulsar a un millón de personas al año, empezando por los delincuentes violentos. Ninguna de las personas con las que hablamos encajaba en esa descripción. Todos creían haber seguido las normas. Renovaban sus tarjetas de residencia y acudían a sus entrevistas rutinarias de inmigración, trabajo o visado.
Pero las normas parecieron cambiar. Los abogados nos dijeron que los funcionarios de inmigración siempre han utilizado en cierta medida su propio criterio para determinar si un no ciudadano representa un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad. Incluso bajo la presidencia de Barack Obama, cuyo gobierno incrementó las expulsiones, se pidió a las fuerzas de seguridad que dieran prioridad a la expulsión de personas que constituyeran una amenaza significativa y que restaran importancia a quienes hubieran estado viviendo legalmente en el país.
Ahora, las personas que se presentan a una entrevista con el ICE sobre una solicitud de asilo o de tarjeta de residencia, o para tramitar un visado —personas a quienes antes se les pedía que regresaran para una cita con el tribunal o a las que, en casos más extremos, se les ponía un monitor en el tobillo— corren el riesgo de ser detenidas. Los titulares de tarjetas de residencia están descubriendo que las interacciones de hace décadas con las fuerzas del orden por cargos menores relacionados con marihuana e infracciones de tránsito se están utilizando como motivos de detención y posible expulsión. El gobierno no solo está disuadiendo a los recién llegados de entrar a Estados Unidos; también incentiva activamente a los no ciudadanos que ya están aquí a marcharse. Este cambio está sembrando el miedo entre los 52 millones de inmigrantes y visitantes temporales que están en Estados Unidos, la mayoría de los cuales están aquí legalmente. Se trata de un grupo que incluye a titulares de tarjetas de residencia y a titulares de visas de trabajo, de estudiante y de turista.
“Si quieres conseguir las cifras de expulsiones que persigue el gobierno, no puedes alcanzarlas si solo te enfocas en deportar a quien tenga antecedentes penales graves”, me dijo Adam Cox, profesor de inmigración de la Universidad de Nueva York. “Simplemente no hay gente suficiente”.
El año pasado, Cox coescribió un artículo para el blog Just Security en el que exponía las vías que podría seguir el gobierno entrante para alcanzar sus objetivos de deportación. Estas incluían ampliar enormemente la categoría de delincuencia para que abarcara a muchas más personas de las que podrían haberse considerado un riesgo para la comunidad en el pasado. Estar en Estados Unidos sin visado o entrar sin documentación no es un delito penal, escribió, sino civil. Pero “promover la idea de que cualquier migrante que haya violado la ley de migración ha cometido un delito” permite al gobierno alegar de manera amplia que ha deportado elementos criminales.
Las predicciones de Cox parecen haberse cumplido. A finales de septiembre había poco menos de 60.000 personas detenidas por motivos de inmigración, aproximadamente un tercio más que en el mismo mes de 2024. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que el 70 por ciento de las detenciones de inmigrantes han tenido como objetivo a delincuentes. El Instituto de Política Migratoria y otros grupos de seguimiento han constatado todo lo contrario: en septiembre, según estos grupos, alrededor del 71,5 por ciento de las personas detenidas no tenían antecedentes penales. Del resto, muchos tienen antecedentes por una infracción menor, como conducir con una luz trasera rota.
Jasmine Mooney, ciudadana canadiense, llegó a una oficina de migración de California a principios de marzo para ultimar su visado de trabajo y empezar a trabajar en una empresa de bienestar con sede en Estados Unidos. Ella ha pasado gran parte de su vida adulta cruzando la frontera de ida y vuelta —tan solo entre 2019 y 2025 lo hizo decenas de veces—, aunque no siempre sin problemas: más de una vez le denegaron la entrada para trabajar en Estados Unidos, y una vez le revocaron el visado. (Esos no son delitos).
En marzo, cuando llegó a suelo estadounidense, le dijeron que tenía que volver a Canadá para resolver una discrepancia con los documentos de su visado. Mientras buscaba en internet vuelos a Vancouver, unos agentes fronterizos se acercaron a ella, la despojaron de su bolso y de su celular y la metieron en una celda abarrotada. El único lugar para descansar era el suelo de cemento. Mooney pudo hacer una llamada telefónica hasta 48 horas después. Se puso en contacto con una amiga, quien alertó a los medios de comunicación; más tarde habló con un abogado.
Entonces la trasladaron, con grilletes, a un centro de detención de San Diego, donde le dieron un uniforme de presidiaria. Días después, la trasladaron de nuevo, otra vez con grilletes, a un centro de detención de Arizona. Ahí, dijo, les dijeron a las mujeres que orinaran en vasos desechables para que una enfermera les hiciera una prueba de embarazo. Mooney se había pasado la primera semana rechazando la comida, temiendo que la enfermara; cuando por fin comió, se sintió asqueada. Comentó que un guardia le dijo que quizá no encontraría una salida pronto. “El sistema está hecho para quebrarte”, dijo Mooney.
Mooney cree que la insólita atención que los medios de comunicación pusieron a su caso, así como sus recursos —es blanca, es angloparlante nativa, en el pasado fue actriz y tiene amigos en Los Ángeles— contribuyeron a acelerar su caso. Aun así, su liberación tardó 12 aterradores días, tras lo cual se le prohibió regresar a Estados Unidos durante cinco años. (En una declaración a Opinión del Times, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense detuvo a Mooney tres veces en 2024. Mooney y su abogado dijeron que anteriormente se le había denegado la entrada y que su visado de trabajo había sido impugnado, pero que nunca fue detenida. Opinión del Times revisó la documentación que lo corrobora).
El sistema estadounidense de detención de migrantes nunca se ha caracterizado por su compasión. Las terribles condiciones de detención reportadas durante el gobierno de Obama y el anterior gobierno de Trump —temperaturas bajo cero, migrantes mantenidos demasiado tiempo en celdas destinadas a retener detenidos por menos de 12 horas— no han mejorado. Ahora el sistema está inundado de personas, los casos se estancan, las familias son divididas y el trabajo de los tribunales está paralizado. Y la cifra va a aumentar: la emblemática ley de política interior del presidente Trump reserva 45.000 millones de dólares hasta septiembre de 2029 para ampliar la capacidad de detención del país.
La oficina del senador Jon Ossoff, demócrata por Georgia, publicó en agosto un reporte en el que denunciaba las condiciones de los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos. El informe identificaba más de 500 casos de abusos y negligencia, incluido el trato inhumano a niños y mujeres embarazadas, ocurridos entre enero y agosto. La oficina de Ossoff publicó un segundo reporte en octubre, en el que señalaba casos de negligencia médica y una grave falta de agua potable y alimentos aceptables.
El abogado de Mooney, Leonard Saunders, nos dijo que en el pasado una persona con un caso como el de ella —una discrepancia sobre la documentación del visado de trabajo— recibía algo denominado inspección diferida. Esto significaba que la persona en cuestión sería puesta en libertad y tendría que volver a una oficina de inmigración con nuevos documentos que respaldaran la visa. “Jamás te detendrían”, dijo.
Elora Mukherjee, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia y directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la facultad, dijo: “La absoluta indiferencia por si las personas representan un peligro para la comunidad o un riesgo de fuga es nueva”.
En septiembre, la Junta de Apelaciones de Inmigración, la última parada para que un no ciudadano impugne la decisión de deportación de un juez de inmigración, limitó significativamente quién tiene derecho a fianza. En gobiernos anteriores, los no ciudadanos detenidos solían disponer de medios para evitar la detención o ser puestos en libertad, como las audiencias de fianza o una audiencia ante un juez. Sin embargo, ahora rara vez se ofrece la fianza. Antes había una vía —a menudo costosa, a menudo complicada, pero una vía al fin y al cabo— hacia el alivio y la liberación. Ahora esas liberaciones son la excepción.
Además, el cese de más de 100 jueces de inmigración desde enero ha contribuido a una acumulación nacional de casos. A principios de noviembre, NPR informó que decenas de esos jueces despedidos eran conocidos por ser más comprensivos con los inmigrantes.
De las personas que entrevistamos, dos no tenían antecedentes penales, solo una impugnación de sus visados. Otras dos tenían cargos de más de 20 años de antigüedad relacionados con posesión de marihuana, ambos en estados donde la marihuana ahora es legal. Una persona tenía un cargo por consumo personal de una sustancia controlada, de hace más de una década. Aunque la posesión de marihuana no es legal a nivel federal, antes esos cargos puntuales por delitos menores no eran una prioridad para la expulsión. Ahora parece que sí.
Un día después de la detención de Rosa, su equipo legal, reunido de manera apresurada, presentó una petición de habeas corpus, un recurso legal que protesta lo que aún califican como su detención ilegal. Presentar un reclamo de habeas corpus federal es complicado. También es prácticamente imposible para decenas de miles de nuevos detenidos.
En los caóticos primeros días de su detención en el aeropuerto de Logan, Rosa no tuvo oportunidad de ducharse. La llevaron dos veces al Hospital General de Massachusetts por ataques de pánico, la segunda vez con grilletes. Su tensión arterial se disparó. Como a otras personas con las que hablé, no le dieron una razón clara de su detención. Su familia llegó a creer que se debía a un delito menor de 23 años atrás por posesión de marihuana, por el que pagó una multa en su momento. (El año pasado, la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, emitió un indulto general por cargos anteriores de posesión de marihuana; Rosa y su abogado, Todd Pomerleau, nos dijeron que su caso se había sellado en 2013 y que recibió un indulto total e incondicional en 2024).
Pero el motivo de su detención era una incógnita. “Nunca recibimos ninguna notificación por escrito de por qué estaba oficialmente detenida”, dijo Pomerleau. La Patrulla Fronteriza “no contestaba a las llamadas telefónicas. No respondían a los correos electrónicos ni a las cartas escritas. Llegó un punto en que envié a tres abogados asociados al aeropuerto tras casi cuatro días de su detención, exigiendo verla”. Sin embargo, dijo, “ni siquiera admitieron que estaba ahí”. (En una declaración a Opinión del Times, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que Rosa “fue detenida por Aduanas y Protección Fronteriza en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston cuando sus registros revelaron una condena por posesión de una sustancia controlada en 2003”, y añadió: “Mientras estuvo detenida, Rosa tuvo acceso a agua, un baño, medicinas y comida”).
Al cabo de cinco días, Rosa fue trasladada a un centro del ICE en Massachusetts para que se duchara, y luego a una cárcel de mujeres infestada de ratas en Maine. Ahí se encontró con mujeres que llevaban meses encarceladas. Tras otros cinco días terribles, la condujeron de nuevo al primer centro del ICE. Entonces la pusieron en libertad, pero no salió con su abogado ni con su marido. La dejaron fuera, bajo la lluvia, sin teléfono ni dinero, desaliñada y agitada. Caminó hasta un centro comercial cercano y suplicó a un transeúnte amable que le prestara un teléfono para llamar a su familia.
Pomerleau está creando una organización sin fines de lucro destinada a aumentar la capacidad de los abogados con ideas afines para asistir en los reclamos de habeas corpus y en los esfuerzos por ayudar a los inmigrantes no solo a luchar para ser puestos en libertad, sino también a buscar enmiendas. Está convencido de que la privación del debido proceso no se detendrá con los inmigrantes si nos permitimos mirar hacia otro lado.
