La Casa Blanca volvió a impedir que periodistas de CNN acompañaran al Presidente de Estado Unidos, Donald Trump, en el avión presidencial Air Force One, una medida que llevó a la cadena a advertir que emprenderá nuevas acciones legales si la Administración mantiene las restricciones a su cobertura.

En una carta enviada ayer al Departamento de Justicia, el abogado de CNN, Theodore Boutrous, acusó al Gobierno de tomar represalias contra el medio por el contenido de sus informaciones y calificó la exclusión de discriminatoria e ilegal.

La cadena exigió que se restablezca su participación en los viajes presidenciales y advirtió que recurrirá nuevamente a los tribunales si no obtiene una respuesta favorable.

La disputa se mantiene pese a que un juez federal ordenó a mediados de octubre restablecer las credenciales de prensa de CNN, MS NOW y Politico en la Casa Blanca, mientras continúa el proceso judicial que cuestiona la decisión de la Administración de apartar a esos medios.

Sin embargo, el fallo no garantizó expresamente el acceso a espacios con capacidad limitada, como el avión presidencial.

El conflicto comenzó en septiembre, cuando Trump anunció restricciones contra las tres organizaciones periodísticas y las acusó de difundir información falsa.

Los medios impugnaron la decisión al considerar que las medidas vulneraban sus derechos constitucionales y castigaban su línea de cobertura.

La exclusión de CNN también afecta al sistema de cobertura compartida de las principales cadenas estadounidenses. Bajo ese mecanismo, los medios se turnan para acompañar al mandatario en actividades con espacio limitado y distribuyen imágenes e información al resto de las redacciones.

La Casa Blanca ha defendido que los periodistas no tienen un derecho automático a ocupar un lugar en el Air Force One y ha cuestionado la cobertura de determinados medios.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia no había respondido a la carta de CNN, que dio al Gobierno un plazo de dos días para resolver el conflicto antes de considerar nuevas medidas judiciales.

La disputa se suma a otros enfrentamientos entre Trump y organizaciones periodísticas durante su segundo mandato, en medio de un debate sobre los límites de la autoridad presidencial para decidir qué medios pueden acceder a actividades oficiales y las garantías constitucionales que protegen la labor informativa.