Nueva York.- Uno de los acusados en el gran juicio financiero del Vaticano se ha quejado formalmente ante las Naciones Unidas de que el Papa Francisco violó sus derechos humanos al autorizar una amplia vigilancia durante la investigación.

Un abogado de Raffaele Mincione, financiero afincado en Londres, presentó la semana pasada una queja ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de un procedimiento especial que permite a individuos o grupos proporcionar a la ONU información sobre presuntas violaciones de derechos en países o instituciones.

Se trata de la denuncia más reciente y de mayor repercusión sobre el proceso del Vaticano, que pone de relieve la peculiaridad del sistema de justicia penal vaticano y su aparente incompatibilidad con las normas europeas y democráticas. El Vaticano es una monarquía absoluta en la que el Papa ejerce el poder legislativo, ejecutivo y judicial supremo.

El juicio, que se inició en 2021 y finalizó en diciembre, se centró en la inversión de 350 millones de euros de la Santa Sede en una propiedad londinense, que supuso una pérdida de dinero, pero también incluyó otras tangentes. Los fiscales del Vaticano alegaron que corredores y funcionarios del Vaticano desplumaron a la Santa Sede de decenas de millones de euros en honorarios y comisiones, y luego extorsionaron a la Santa Sede por 15 millones de euros (16,5 millones de dólares) para ceder el control de la propiedad.

El juicio concluyó en diciembre con la condena de nueve de los diez acusados, entre ellos Mincione y un cardenal antaño poderoso, Angelo Becciu. Las motivaciones del tribunal para la sentencia aún no se han publicado, pero tanto los fiscales vaticanos como los nueve acusados condenados han anunciado recursos.

La denuncia de Mincione ante la ONU se centraba en el papel del Papa durante la investigación, un aspecto que fue señalado como problemático por los abogados defensores durante el juicio y por expertos externos tras el mismo.

La denuncia citaba cuatro decretos ejecutivos secretos firmados por Francisco en 2019 y 2020 que otorgaban a los fiscales vaticanos amplios poderes para investigar, incluso mediante escuchas telefónicas sin control y para apartarse de las leyes vigentes. Los decretos solo salieron a la luz justo antes del juicio, nunca se publicaron oficialmente, no proporcionaron ninguna justificación o marco temporal para la vigilancia, ni supervisión de las escuchas telefónicas por parte de un juez independiente.

El fiscal jefe argumentó que los decretos de Francisco proporcionaban "garantías" no especificadas para los sospechosos, y los jueces rechazaron en su momento las peticiones de la defensa que argumentaban que violaban el derecho fundamental a un juicio justo. En una decisión un tanto enrevesada, los jueces dictaminaron que no se había producido ninguna violación del principio de legalidad, ya que Francisco había promulgado las leyes.

La demanda de Mincione también alegaba que el tribunal no es independiente ni imparcial, una afirmación que el Vaticano ha rechazado anteriormente. Francisco puede contratar y despedir a jueces y fiscales, y recientemente ha decidido cosas como su remuneración, pensión y límites de mandato.

No está claro qué hará la ONU con la denuncia, si es que hace algo. La oficina, con sede en Ginebra, envía relatores especiales, o expertos, para supervisar áreas específicas de los derechos humanos, incluido el poder judicial y la independencia de jueces y abogados.

Las anteriores quejas presentadas ante la oficina de derechos humanos de la ONU sobre el Vaticano o la Iglesia católica, en los ámbitos de los abusos sexuales a menores y la discriminación LGBTQ+, dieron lugar a cartas del relator especial de la ONU al embajador del Vaticano ante la ONU en Ginebra en las que se enumeraban los problemas y se solicitaban respuestas y cambios.

Mincione también ha intentado implicar al Consejo de Europa en este asunto, dado que la Santa Sede está sujeta a revisiones periódicas como parte del proceso Moneyval del Consejo de Europa para evitar el blanqueo de dinero. En enero, un representante británico preguntó si el COE estudiaría la situación de los derechos humanos en el Vaticano, a la vista del resultado del juicio.

El presidente de la asamblea plenaria eludió la pregunta.

Mincione también ha demandado a la Secretaría de Estado del Vaticano ante un tribunal británico por los daños a su reputación que afirma haber sufrido como consecuencia del juicio del Vaticano.