Este fallo judicial ha desencadenado el desalojo de numerosas familias, que según las autoridades locales, son catalogadas como “invasoras”.
“Estas familias fueron engañadas por líderes falsos que prometían la adquisición de terrenos pertenecientes a entidades municipales, cuando en realidad dichos terrenos son propiedad de empresas particulares”, refirió Jaime Muñoz, representante legal de Alianza Global.
El abogado afirmó que muchas de las personas desalojadas fueron víctimas de fraude. Explicó que los líderes del fraccionamiento engañaron a los residentes para que pagaran grandes sumas de dinero bajo falsas promesas de adquirir la propiedad de los terrenos invadidos.
Según Muñoz, estos líderes se hacían pasar por representantes legales y prometían soluciones habitacionales que nunca pudieron cumplir.
“Hasta la fecha se han recuperado aproximadamente 40 lotes en el fraccionamiento. Sin embargo, es importante destacar que la mayoría de estas viviendas consisten en estructuras inconclusas y precarias, carentes de los servicios básicos necesarios para una habitación digna”, dijo el representante legal.
“Muchas de estas construcciones ni siquiera cuentan con luz eléctrica ni agua potable, lo que agrava aún más la situación de los afectados”, puntualizó el abogado.
La presencia de fuerzas de seguridad pública en el área se ha intensificado debido a incidentes reportados durante el proceso de desalojo.
Esta medida se implementó para proteger a los actuarios encargados de ejecutar la orden judicial, así como para mantener el orden y la seguridad en la zona.
Muñoz instó a las personas afectadas a que denuncien el fraude del cual fueron víctimas ante la Fiscalía del Estado.
Puntualizó que el Municipio no tiene ninguna autoridad sobre estos terrenos invadidos y, por lo tanto, no puede ofrecer soluciones habitacionales a quienes fueron engañados.
“El caso de Villas del Sur resalta la importancia de la claridad legal y la protección de los derechos de propiedad”, dijo el apoderado legal de la constructora.
Además, advirtió sobre los riesgos significativos de confiar en información engañosa sobre la propiedad de terrenos y destacó la necesidad de que los residentes afectados se involucren activamente con las autoridades para buscar una resolución justa y adecuada a su situación.
