Ciudad Juárez.- Más de 50 personas fueron desalojadas del Centro de Salud y Recreación para el Adulto Mayor, un espacio dedicado a maestros jubilados de la Sección 8 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) en Ciudad Juárez.
Cecilia Gándara, una de las maestras afectadas, relató que el desalojo, ocurrido el 25 de septiembre, fue inesperado y consideró que fue de manera arbitraria, casi como un “robo”, que además provocó gran consternación entre los presentes.
“Entonces vienen estas personas de una manera tan inesperada, sin previo aviso. Nos dijeron que la particular supuesta dueña del inmueble fue notificada, pero era evidente que sabían que estábamos allí, ya que se veían los carros y había actividad”, afirmó.
Los afectados fueron forzados a abandonar la propiedad, dejando sus muebles y pertenencias en un terreno prestado mientras se resuelve el proceso jurídico.
La operación fue encabezada por el licenciado Gerardo González Rentería, quien presentó una orden judicial emitida por la jueza estatal Hilda Margarita Campos Alcántar del juzgado Cuarto Civil.
Esta orden se fundamenta en que el predio fue utilizado como aval por María Teresa Prida Osorio para saldar una deuda de 21 millones de pesos con Lionisio González García, un empleado de una inmobiliaria que ganó el caso legal relacionado con la propiedad.
Los muebles de los maestros jubilados, que incluyen camas terapéuticas, sillones y mesas, fueron colocados en la calle, donde se encuentran actualmente resguardados por los propios jubilados.
Éstos se turnan para vigilarlos mientras intentan encontrar un espacio seguro para su almacenamiento.
El Diario solicitó al Registro Público de la Propiedad información sobre el inmueble, a lo cual la titular de la dependencia confirmó que el predio se encuentra registrado a nombre de un particular y que el embargo se encuentra inscrito en los registros de la dependencia.
Este rotativo también buscó la versión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua, el cual mediante el departamento de comunicación social informó que por ser información reservada a las partes no podía dar mucha información a detalle sobre el caso. Sólo refirió que al momento de hacer la diligencia (el desalojo) los maestros mostraron una copia simple de un contrato de comodato por el inmueble que fungía como escuela.
Por su parte Javier Castro, uno de los encargados del centro, explicó que el terreno había pertenecido originalmente a la escuela rural federal Emiliano Zapata y que en 2013 fue entregado en comodato a los maestros jubilados para que pudieran llevar a cabo actividades culturales y recreativas.
Pedro Hidalgo Martínez, coordinador general de la Sección VIII del SNTE, señaló que se busca un amparo para clarificar los motivos detrás del desalojo.
El sindicato señaló que la posibilidad de buscar un espacio temporal donde los jubilados puedan continuar con sus actividades mientras se resuelve la situación legal del inmueble sería contraproducente, debido a que por la huelga de los Juzgados federales es complicado en estos momentos promover el juicio de amparo, para buscar la suspensión provisional del embargo.
