De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), el dentista Jesús A. R., presunto autor intelectual del homicidio calificado y robo agravado contra su compañera, la asistente dental Martha Rosario G. S., de 53 años, planeaba robar 25 millones de pesos a la empresa para la que trabajaba.

Ayer, durante la lectura de los datos de prueba ante el juez de Control Gabriel Alberto Anaya, el inculpado fue acusado por el Ministerio Público de haber sostenido reuniones previas con dos personas más, un hombre y una mujer, quienes aún no han sido detenidas, para planear el atraco del 27 de octubre de 2026 en el consultorio dental ubicado en el cruce de las calles Nicolás Bravo y Joaquín Terrazas, en la colonia Centro o Chaveña.

Según las narraciones de un testigo protegido, ese día recibió una llamada telefónica en altavoz en la que el autor material del robo y homicidio, quien fue identificado a través de las cámaras de seguridad, le reclamó: “Jesús, te pasaste de v…”, porque no estaba la cantidad de dinero que habían planeado robar, no le dijo “que había una perra” y que “tuvo que dispararle a la pinche vieja dentista porque se puso pendeja”.

Se dijo que el dentista de 30 años de edad trabajaba desde hacía dos años en un consultorio ubicado en la calle Manuel Altamirano, una de las cinco sucursales activas con las que cuenta la familia propietaria del consultorio en donde fue asesinada Martha, quien laboraba ahí desde hacía 32 años.

Jesús A. R., según la parte acusadora, habría otorgado información interna, hábitos y movimientos del personal del consultorio y de la víctima, para que Alejandro A. S. cometiera el atraco, pero al no encontrar los 25 millones de pesos que buscaba le disparó en el abdomen, causándole la muerte por shock hipovolémico por herida de proyectil de arma de fuego, además de que, según las personas entrevistadas, ella llevaba consigo 20 mil pesos en efectivo para realizar pagos del consultorio, los cuales no le fueron encontrados posteriormente, así como dos teléfonos celulares y otra cantidad de dinero del consultorio.

El inculpado le solicitó al juez que lo dejara en libertad, bajo el argumento de que estaría cumpliendo con todas las medidas que le solicitara, mientras que el Ministerio Público de la FEM pidió la medida cautelar de prisión preventiva justificada debido al peligro de sustracción de la justicia ya que de comprobarse su culpabilidad podría alcanzar hasta 60 años de prisión. También se dijo que podría obstaculizar el proceso al advertir a sus dos presuntos cómplices aún en libertad, y que su libertad representaría un peligro para las víctimas indirectas, testigos protegidos y para la comunidad juarense.

Tras analizar ambas partes, el juzgador impuso la medida cautelar con un plazo de 24 meses a partir de ayer, es decir, hasta el 5 de noviembre de 2028, y destacó también el riesgo de seguridad para los juarenses y la perspectiva de género.

El inculpado también le solicitó al juez de Control del Distrito Judicial Bravos 144 horas, la duplicidad del plazo constitucional, para aportar pruebas, por lo que la audiencia de vinculación o no a proceso se llevará a cabo el próximo 10 de noviembre de 2026.

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