Alumnos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) que venden alimentos para pagar sus estudios recibieron órdenes de retirar sus productos y amenazas de baja si continúan con esa actividad, denunció ayer Luis Fermín Cortés García, estudiante de segundo cuatrimestre. La institución confirmó las restricciones dentro del campus, pero negó que las ventas sean motivo de expulsión.

Jorge Ramos Negrete, director de Finanzas de la UTCJ, sostuvo que la cafetería tiene una concesión para ofrecer alimentos y que los estudiantes carecen de permisos y capacitación para su manejo. Aseguró que no existe una sanción de baja por esa causa y que el área jurídica puede explicar a los alumnos el fundamento de la medida, que también abarca otros productos.

Para Cortés García, quien prepara y vende sushi, dejar de ofrecer comida en la universidad significaría perder parte del ingreso que le permite continuar su carrera, según relató. Explicó que no ha encontrado un empleo con horarios compatibles con sus clases y que de su negocio también salen recursos para su familia.

“Yo de ahí pago mis libros, pago mi inscripción, pago mi comida, pago mi transporte y apoyo en los gastos económicos de mi casa”, expresó el estudiante. Dijo que su negocio se llama UT Sushi, que también vende fuera del campus, y que si pierde esa fuente de recursos, podría verse obligado a abandonar sus estudios.

El miércoles, Cortés García habló con quien identificó como jefe de cafetería, dos guardias y otra persona que no se identificó, relató. Afirmó que el encargado le exigió retirar sus alimentos, le planteó instalarse fuera de la universidad y lo amenazó con darlo de baja si no obedecía. El alumno sostuvo que pidió conocer la disposición que impedía las ventas.

Ramos Negrete negó que personal de cafetería acompañe a los guardias en esas intervenciones. Aseguró que vigilancia sólo debe informar a los alumnos que no pueden vender y retirarse si surge un conflicto. Ante las quejas por fotografías de credenciales, explicó que se solicita la identificación para que el abogado los cite, sin que ello implique quitarles la matrícula.

Cortés García estimó que más de 150 estudiantes realizan ventas en ambos turnos, aunque no todos ofrecen alimentos. Señaló que varios llevan entre 15 y 20 porciones por persona y que sus compañeros ofrecen tamales, pancakes, sushi y bebidas. Aseguró que procuran mantener sus productos en lugares donde no obstruyan el paso.

Sin cláusulas en el reglamento

El estudiante afirmó que no encontró en el reglamento una cláusula que prohíba esa actividad. Ramos Negrete reconoció que no existe una orden por escrito para retirar las ventas, mientras que Hugo García Vargas, secretario académico, defendió la autorización otorgada al concesionario: “Hay autorizaciones, no prohibiciones. Y la autorización formal bajo contrato la tiene la cafetería”.

Las ventas para reunir fondos destinados a congresos, materiales, proyectos y otras actividades académicas pueden recibir un permiso de la Secretaría Administrativa, precisó García Vargas. Explicó que, en esos casos y en los bazares autorizados, se notifica al concesionario para que ajuste sus insumos u horarios y no se afecten las condiciones del contrato.

La universidad también ofrece becas de transporte y alimentación que, según García Vargas, en ocasiones quedan sin asignar por falta de solicitudes. Ramos Negrete señaló que han apoyado a estudiantes con cartas para tramitar negocios fuera del campus. Dijo que el Municipio determina los permisos, cursos de manejo de alimentos y lugares donde pueden instalarse.

Cortés García vinculó la venta entre compañeros con las inconformidades por la comida de cafetería, cuya variedad, higiene y manejo cuestionó. Aseguró que predominan burritos y hamburguesas, que algunos refrescos cuestan entre 30 y 40 pesos y que se cobran 10 pesos por un tenedor adicional. También afirmó que se pidió a docentes y guardias que no compraran a los alumnos.

La revisión de las condiciones de cafetería corresponde a la Dirección de Administración con apoyo del servicio médico, respondió Ramos Negrete. Informó que la concesión dura un año y que el contrato actual se renovó después de una convocatoria realizada hace dos o tres años. El concesionario paga una cantidad mensual, añadió, aunque no precisó el monto.

Los mensajes de inconformidad de los estudiantes también señalan deficiencias en baños e instalaciones. Al respecto, Ramos Negrete reconoció que los recursos no alcanzan para atender todas las necesidades de los 18 edificios y afirmó que se ordenó dejar los sanitarios limpios, con papel y jabón, antes de concluir cada turno. García Vargas mencionó renovaciones en los edificios B y F.

La ausencia de un consejo estudiantil fue otro de los señalamientos de Cortés García, quien la atribuyó a una prohibición del reglamento. García Vargas confirmó que no existe una representación como tal, pero rechazó que los alumnos tengan impedimentos para organizarse: sostuvo que la ley de la universidad reconoce ese derecho y les permite elegir cómo ejercerlo.

Aunque una imagen difundida entre alumnos llama a una “huelga”, Cortés García aclaró que él y otros compañeros buscan mantener sus ventas mediante un acuerdo, sin suspender clases. Dijo que preparan encuestas sobre el servicio de cafetería para presentar sus inconformidades ante Rectoría y que hasta ayer no tenían una fecha de reunión.

García Vargas afirmó que la universidad está abierta al diálogo, aunque tanto él como Ramos Negrete señalaron que hasta ayer no habían recibido una solicitud formal de reunión por este tema. El secretario académico indicó que puede recibir las peticiones cuando el rector no se encuentra disponible.