El asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en México en 1985, vuelve a recordar los riesgos que implica la intervención de corporaciones estadounidenses en asuntos internos del país. Cuatro décadas después, el caso sigue provocando acusaciones, tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre la actuación de autoridades de ambos lados de la frontera.
El director de la DEA, Terry Cole, reavivó hoy la controversia al señalar que la corrupción de funcionarios mexicanos habría facilitado el secuestro, tortura y asesinato de Camarena, presuntamente a manos de integrantes del Cártel de Guadalajara.
El episodio tiene diferencias importantes con lo sucedido recientemente en Chihuahua, donde dos presuntos agentes de la CIA murieron en un accidente durante una operación relacionada con un laboratorio clandestino. Sin embargo, ambos casos muestran las complicaciones que genera la presencia de personal extranjero en actividades de seguridad dentro del territorio mexicano.
La cooperación internacional contra el narcotráfico requiere acuerdos claros, responsabilidades definidas y respeto a la soberanía nacional. Cuando esos límites se rebasan, cualquier incidente puede convertirse en un conflicto diplomático que termina involucrando a gobiernos enteros.
México tiene instituciones encargadas de investigar delitos y combatir organizaciones criminales. La participación estadounidense debe ajustarse a los mecanismos legales de colaboración, sin operaciones que comprometan la autoridad mexicana.
Si los acuerdos se respetaran, México no tendría por qué enfrentar controversias derivadas de la muerte de agentes extranjeros que participan en intervenciones fuera de los procedimientos establecidos.
