Durante esta semana, un grupo de colegas abogados de Ciudad Juárez y quien suscribe hemos dedicado tiempo a revisar las listas de las y los candidatos a los cargos de ministros, magistrados y jueces que se avecinan en el contexto de la reforma judicial en México.
En este contexto, resulta ineludible reflexionar sobre la idoneidad de los perfiles que aspiran a estos cargos de relevancia fundamental para el sistema judicial. Algunos candidatos inspiran confianza y certeza respecto a su competencia para desempeñar una labor de alta exigencia; otros, en menor grado —si se permite el eufemismo—, generan legítimas preocupaciones sobre el derrotero que podría tomar la administración de justicia bajo su eventual titularidad.
En estas mesas de discusión referidas, a ocasiones alrededor de un café, un mezcal o agua, han surgido dos argumentos que me parecen fundamentales para entender la necesidad de la reforma judicial y la importancia de la lista de las personas candidatas.
El primer argumento radica en el denominado "tapón generacional", consistente en la renuencia de ciertos operadores jurisdiccionales a acogerse al régimen de jubilación, a pesar de encontrarse en plena aptitud para hacerlo. Dichos funcionarios se aferran a sus cargos con una actitud autocomplaciente de "nadie podría hacerlo mejor que yo", obstaculizando así el acceso de nuevas generaciones al ámbito jurisdiccional.
Esta postura, impregnada de soberbia, vulnera el desarrollo óptimo de un distrito judicial eficiente y moderno. Lo que no comprenden es que la jubilación no solo constituye un derecho subjetivo del(a) funcionario(a), sino también una obligación ética hacia las generaciones subsecuentes, permitiendo la incorporación de nuevos talentos que podrían revitalizar el sistema judicial mediante una visión renovada y propuestas innovadoras.
El segundo argumento, estrechamente vinculado con mi experiencia en el litigio en Ciudad Juárez, es el comportamiento de ciertos jueces(as) y magistrados(as) en activo. Mi acceso cotidiano a los tribunales —de cuyas condiciones infraestructurales hablaré en la siguiente entrega— me permite constatar la eficiencia o ineficiencia de estos servidores públicos. Desafortunadamente, existen jueces que se refugian en el principio de definitividad como un subterfugio para evadir su deber de impartir justicia pronta y expedita.
Es cierto que la sobrecarga de trabajo constituye una causa significativa en la dilatación de los procesos, pero resulta igualmente innegable que algunos jueces no cumplen con las obligaciones inherentes a su cargo. La falta de puntualidad, el incumplimiento de la jornada laboral, o incluso la inasistencia injustificada, generan una percepción de impunidad e ineficiencia que afecta de manera severa a los justiciables que esperan la resolución de sus conflictos con prontitud y eficacia. El problema subyacente es la falta de conciencia de algunos jueces sobre su rol como servidores públicos, quienes deben desempeñar la función de servir a la sociedad, priorizando siempre el interés colectivo sobre sus propias conveniencias.
No obstante, resulta evidente que no todos los funcionarios jurisdiccionales ostentan dichas cualidades; de ser así, el sistema habría colapsado hace años. En el sistema también existen quienes se desempeñan con dedicación y entrega, cumpliendo cabalmente con los principios de imparcialidad y profesionalismo que deberían caracterizar toda función judicial. Por ejemplo, encontramos jueces que mantienen sus juzgados con acuerdos al día, facilitando un diálogo prudente —sin comprometer la imparcialidad judicial— con las partes; otros, que garantizan la emisión oportuna de resoluciones dentro de los plazos legalmente establecidos; algunos que promueven activamente la capacitación continua de su equipo para optimizar la eficiencia procesal; y aquellos que fomentan la utilización de mecanismos alternativos de solución de controversias, aligerando la carga del sistema judicial y proporcionando soluciones más rápidas a los justiciables.
Para ellos y ellas, mi reconocimiento y apoyo total, y la certeza de que son estos perfiles los que deben aspirar a más, aún después de la reforma. Es tiempo de que la justicia se transforme, y para eso, los ciudadanos debemos ser parte de ese cambio. La boleta de 2027 podría ser la oportunidad de reconocer a quienes merecen continuar con el encargo y exigir la salida de quienes no cumplen.
Estos dos argumentos constituyen apenas una muestra de los muchos discutidos en diversas instancias, pero, con base en ellos, considero preferible una renovación completa del sistema. Siendo consciente del riesgo inherente a la incorporación de nuevos perfiles jurisdiccionales, y esperando que quienes asuman dichos cargos sean plenamente conscientes de que su labor trasciende la mera aplicación técnica de la ley; deben concebirse como auténticos servidores públicos.
Lo anterior, tal como Weber señala en su teoría de la burocracia, los servidores públicos deben actuar con una vocación de servicio, priorizando los intereses colectivos sobre los intereses particulares. Espero, asimismo, que nuevas generaciones ingresen a la función jurisdiccional, aportando una visión renovada que transforme la justicia en un verdadero servicio para la ciudadanía, alejándola de convertirse en un espacio de poder indebidamente ejercido.
Por último, no tengo duda que la reforma judicial que se avecina no es un castigo, sino una oportunidad para mejorar el sistema de justicia —si se permite la hipérbole—, para abrir las puertas a nuevas generaciones y para exigir el cumplimiento efectivo del deber público. Solo así construiremos un Poder Judicial más fuerte, más justo y cercano a la ciudadanía.
