La ejecución, en Culiacán, de un agente de inteligencia federal presumiblemente de los más cercanos al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, Omar García Harfuch, es tan sorprendente como explicable desde varios puntos de vista.

Debe ser integrado el asesinato de Halexi Guadalupe Velderrain Con, de 43 años de edad, al nudo gordiano tejido por la Cuarta Transformación en Sinaloa desde antes del secuestro en México de Ismael “El Mayo” Zambada y su presentación como “arrestado” en Nuevo México, a unos metros de El Paso y de Ciudad Juárez.

Carece de lógica elemental, en principio de cuentas, la operación en solitario de un agente de inteligencia en las condiciones de guerra que sufre Culiacán en particular, y Sinaloa en general.

Tripulaba el miércoles un vehículo sedán chico, sin ningún blindaje ni escolta de ningún tipo, totalmente expuesto en un escenario de crimen desbordado, fuera de control tanto entre los grupos delictivos como en las áreas gubernamentales.

Ocurrió el ataque aún y cuando son presumidos decenas de policías federales en la zona y centenas, miles, de elementos de la Guardia y del Ejército Nacional. Fue perseguido y emboscado en un lugar de la capital sinaloense sin presencia de ningún nivel de seguridad.

Era obvio que en tales condiciones nada bueno podría esperarse en torno a Velderrain Con más que una agresión como la sufrida, adjudicada a “Los Chapitos”-“El Mochomito” aunque pudo ser cualquiera de las facciones en disputa. Era un blanco fácil, sin más complejidad que tirar del gatillo, o los gatillos.

Su asesinato engrosó la estadística de muertes violentas registradas desde septiembre que inició la guerra entre “Chapos” y “Mayos” por la detención de Zambada, dos meses antes. 600 ejecuciones, más de 700 desaparecidos, extorsiones al por mayor y en pedazos la economía sinaloense, de septiembre a la fecha.

Sorprendió el homicidio porque el mismo miércoles encabezó García Harfuch la reunión de seguridad en Culiacán, junto con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. No había lugar para que nadie del equipo del funcionario federal operara fuera de los perímetros de protección básica.

No deben ser esperadas explicaciones del secretario de Seguridad, ni de la Defensa, ni de la Guardia sobre esa sola circunstancia. No es posible creer en el descuido ni menos en las rendijas por exceso de confianza al tratarse de una todo poderosa Secretaría de Seguridad.

Quizá sea el momento para que García Harfuch ponga en marcha el Operativo Enjambre Dos como seguimiento a la limpia desarrollada en varios municipios del Estado de México cuyas autoridades, políticas y policiacas, fueron vinculadas o con la Familia Michoacana o con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

No regresará la tranquilidad a Sinaloa ni a muchas otras partes del país donde ha sido replicada o ampliada la guerra intestina en el cártel sinaloense -incluidas algunas regiones de Chihuahua, de las que hablaremos más adelante-, mientras no sea esclarecido el nivel de involucramiento de las propias autoridades locales de aquel estado con los grandes grupos delictivos.

Nada ha sido informado a los mexicanos de las investigaciones sobre el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y exalcalde de Culiacán, Héctor Melesio Cuén, ocurrida al mismo tiempo de ser secuestrado y entregado Zambada García a los Estados Unidos por un hijo de su compadre “Chapo”, Joaquín Guzmán López, uno de los varios “Chapitos”.

A través de su abogado, Frank Pérez, el ahora exjefe de la mafia dejó establecida en una única carta pública el involucramiento de Cuén con la agrupación criminal, de varios personajes más de la vida política sinaloense, incluido el gobernador surgido de Morena, Rubén Rocha Moya. Ni modo que el cártel haya sido ajeno a las campañas electorales de la víspera.

Durante el mismo momento del secuestro fue asesinado un comandante de la Fiscalía General de Sinaloa que fungía como ayudante del considerado mayor grupo mafioso del mundo.

En lugar de profundizar en las indagatorias por esos señalamientos, el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, metió las manos al fuego por su amigo y correligionario gobernador. La historia oficial quedó reducida exclusivamente al entorno de “El Mayo” y “Los Chapitos”.

Nada sobre las evidentes funciones de guardaespaldas que desarrollaba la Fiscalía del Estado en favor del Cártel y menos de un aspecto toral que seguramente era conocido en Sinaloa pero no fuera de ahí, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) como punto de alto interés para Zambada García.

Tratar precisamente de zanjar una disputa entre Cuén y el gobernador Rocha por el control de la institución educativa lo llevó al encuentro donde fue levantado por los Guzmán López, según la narración del propio capo en su carta.

Forma parte de todo ese entramado la falta de respuestas a las interrogantes que AMLO lanzó al gobierno estadunidense sobre el operativo de extracción de Sinaloa a Nuevo México-El Paso.

La “autónoma” Fiscalía General de la República (FGR) inició con mucha enjundia sus investigaciones al respecto, pero algún motivo superior impidió arribar a conclusiones y muchos menos a judicializar expedientes. Hubo múltiples manos metidas ahí, funcionarios y policías norteamericanos, los mismos socios de “El Mayo”, las autoridades estatales de Sinaloa y los mandos militares encargados de vigilar el espacio aéreo; sin su conocimiento hubiera resultado imposible volar el jet que llevó “al señor Mayo” -así se refería a él López Obrador- de Culiacán a los Estados Unidos.

Con tantísimo cabo suelto a nivel gubernamental es explicable el asesinato del agente de García Harfuch, la imparable guerra entre los dos grandes bandos del Cártel de Sinaloa y su diseminación hacia Durango, Sonora, Zacatecas, Chihuahua y muchos otros puntos del país.

La confrontación intestina sinaloense ha permitido que el grupo delictivo con origen y “sede” principal en Juárez, “La Línea” o “Nuevo Cártel de Juárez”, pase por encima de facciones de “Los Chapitos” o “Mayos” que por décadas dominaron a placer el sur del estado, desde Parral hasta los límites con Sinaloa, por el área de Badiraguato.

Desde hace meses, pero en particular los últimos 15 días, han circulado deprimentes imágenes de familias que por decenas han sido obligadas a abandonar sus comunidades en la región serrana de Guadalupe y Calvo por unos u otros grupos delictivos.

Una vez tomada aquella región, quedarán prácticamente unidos Delicias, Camargo, Jiménez, (Parral lleva el mismo curso, más ahora bajo signo político distinto al Movimiento Ciudadano. En enero habrá más noticias allá en este sentido) al control de “La Línea”. Desde hace mucho tiempo maneja este grupo también el noroeste. Viene un ajuste importante en la geografía delictiva.

“El Nuevo Cártel de Juárez” ha sido desafiado los últimos meses en la zona de Aldama, Coyame y Ojinaga por el grupo delictivo con centro de operaciones en Durango, “Los Cabrera”, dirigido por los hermanos José Luis y Alejandro Cabrera, bajo las órdenes de “El Mayo” Zambada a través de su hijo Ismael “El Mayito”/ “Flaco” Zambada Sicairos,

“La Línea” también ha reforzado uno de sus históricos centro de operaciones, Villa Ahumada, tras el reciente asesinato del jefe de la plaza, Jesús, “Chuyín” Salas Aguayo.

Pegado a Ahumada conserva el Cártel de Sinaloa el Valle de Juárez. Son constantes los enfrentamientos tanto hacia la tierra de los asaderos como cerca de la zona urbana de Juárez.

La violenta realidad nacional, la sinaloense y la realidad local, la chihuahuense; cerca de tres mil asesinatos en el país, un promedio de 82 diarios durante el joven régimen de Claudia Sheinbaum, requieren de acciones categóricas y de raíz para frenarlas.

Podrán ser combatidos por las corporaciones de seguridad los grupos delictivos que operan en las calles, pero no habrá soluciones a mediano ni a largo plazo si no son tocados sus cómplices los funcionarios públicos que los protegen. No es infrecuente que desde el exterior de México y del propio interior del país sea señalado Sinaloa como narco estado, no de hoy, de hace décadas.