-Carga más muertes el que no acaba de irse
-Refuerzos preventivos en el Cereso 3
-Prenden veladoras al abstencionismo
-Viene año nuevo con Claudia recargada
El salvaje asesinato del agente federal de Migración, Luis Alberto Olivas García, a manos de extranjeros que cruzaban por el punto que rodea el retén militar de Samalayuca, llega a sumarse a las muertes que carga sobre sus espaldas Francisco Garduño Yáñez.
El amigo que defendió en su momento Andrés Manuel López Obrador, a pesar de la muerte de 40 personas en las celdas de la estación migratoria de Juárez, sigue sin terminar de irse del Instituto Nacional de Migración (INM), como no acaba de llegar el exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, a pesar del anuncio de que habría relevo en diciembre.
La presidenta Claudia Sheinbaum había hecho el compromiso del cambio una vez que Céspedes dejara la gubernatura, lo que ocurrió el 14 de diciembre del año pasado. Llegó la fecha y no hubo cambio, como sigue sin cambiar la política del descontrol migratorio.
La horrible muerte que encontró Olivas García, con 30 años de servicio en el INM, a manos de migrantes venezolanos, de acuerdo a lo informado por las autoridades, atizó las protestas entre el personal del organismo, que desde hace tiempo había hecho públicas sus quejas por las condiciones de trabajo que padecen.
De entrada, los elementos señalan que son enviados a diversos puntos de la entidad sin seguridad alguna y sin nada con qué defenderse, ante migrantes que ocasionalmente son agresivos, van en montón y a veces hasta con armas.
De forma por demás imprudente, sin planeación mayor, también son comisionados a seguir con revisiones migratorias en puntos que no son de tránsito internacional, un tema incluso resuelto al nivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Al margen de la visión racista y xenófoba que puede surgir en la opinión pública, ante un ataque de esta naturaleza, la realidad es que los reclamos mostrados son consecuencias de la inexistente política migratoria de México; o de una política migratoria sin pies ni cabeza, como quiera tomarse.
Más señales de esa gran deuda federal está en ese escueto y ridículo posicionamiento público del INM, en el que condena la “agresión extrema” sufrida por su elemento, sin atreverse siquiera a llamar el hecho como lo que fue: un crimen, un delito, un asesinato.
Ni Garduño ni Céspedes fueron para salir a dar la cara, ante un hecho, y muchos hechos, que son una constante desde la frontera sur hasta la frontera norte del país, a consecuencia, pues, de malas decisiones acumuladas en materia migratoria.
***
El general Ricardo Fernández Acosta, titular del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública, no escatimó en solicitudes de apoyo al Ejército, Guardia Nacional y demás instancias, para resguardar los alrededores del Cereso 3.
Previsor el militar, dicen que desde hace semanas implementó un operativo interno para la detección de riesgos. Los resultados no fueron alarmantes, pero igual hasta por no dejar reforzó el perímetro con una base especial a un costado de la Barranco Azul.
Está bien aprendida, suponemos, aquella lección que el primero de enero de 2023 les dio el líder criminal Ernesto “El Neto” Piñón de la Cruz, a todo el sistema carcelario y a las corporaciones de seguridad, con la sangrienta y mortal fuga masiva.
El jefe mexicle pagó también con sangre su hazaña suicida, pero hasta la fecha siguen tres de los reos fugados sin ser detenidos, además de que no deja de ser un hervidero la prisión estatal, con varios mandos de grupos delictivos presos y muchos enlaces a las calles de Juárez; es más, con enlaces hasta las calles de la ciudad de Chihuahua y hasta al Cereso de Aquiles Serdán.
Así que hizo muy bien el general en blindarse, no ha de querer sorpresitas en este comienzo del año nuevo.
***
En el pasado proceso electoral de junio fueron instaladas aquí en Juárez dos mil 256 casillas, entre básicas, contiguas y especiales, con la finalidad de recibir el voto de aproximadamente un millón 249 mil electores.
Le tocaron en promedio 553 electores a cada casilla que, de sufragar todos, requerirían cinco minutos por persona, en promedio, en el procedimiento, desde que entregan la credencial, son ubicados, reciben las boletas y votan, para después ser marcados en el pulgar con tinta indeleble.
Esos 553 votos se tradujeron en la práctica en la mitad, unos 275 sufragios en promedio, por lo que –en básico ejercicio aritmético- esos ciudadanos ocuparon 23 horas en votar; y la mesa directiva un par de horas en realizar el escrutinio y cómputo.
Pues ahora con la mitad de las casillas, y multiplicando cuando menos por dos los electores que votaran en cada mesa receptora de votos, estaremos en un verdadero problema logístico, 500 electores efectivos con abstencionismo del 50%, con múltiples boletas en sus manos, en elección inédita.
Deberán votar los ciudadanos por ministros, magistrados del tribunal de disciplina judicial, magistrados de circuito y jueces de distrito, en lo federal; y en lo local, por magistrados y magistrados del tribunal de disciplina, más los jueces locales.
Es un tema de logística electoral que trae locos a los operadores, más aún cuando se dio a conocer la boleta y se requiere que las personas escriban un número legible en un espacio muy pequeño, sin marcar con una cruz el nombre del elegido.
Habrá entonces de manera previsible un cuello de botella con las largas filas para votar y un problema al momento de realizar el escrutinio y cómputo, con la dificultad de dos elecciones concurrentes, y sin suficientes capacitadores electorales resolviendo, porque su número también será muy reducido.
Lo único que puede salvar a las elecciones judiciales es un altísimo abstencionismo o que exista la decisión política de ampliar el recurso, que está muy complicado porque la decisión política ya ha sido tomada, incluso con regaño presidencial de por medio al INE en las mañaneras y próximamente de manera presencial.
***
Entre enero y febrero, según las discretas fuentes de San Lázaro, los diputados federales esperan la llegada de la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual marcará políticamente su administración.
Hasta ahora, la serie de reformas de la 4T han sido básicamente institucionales y transexenales, de acuerdo a los planes globales del nuevo régimen que pretende consolidarse en México.
Pero la reforma electoral tendrá la firma de Sheinbaum Pardo y será algo así como un legado personal a la gestión pública mexicana, con modificaciones cuyos alcances ponen nerviosos a más de tres, acostumbrados a muchos privilegios en el sistema de partidos.
Entre los legisladores federales, en especial los de Morena, comienza a hablarse de que viene el fin de la reelección para ellos y para los diputados locales, así como para los alcaldes, entre otros candados tendientes a evitar la tradición caciquil en muchas regiones del país.
Es posible, además, el ajuste a la baja de los plurinominales, que nomás engordan la nómina; pasaron de ser los grandes políticos a los grandes parásitos, ahí está Javier Corral por Chihuahua, entre más ejemplos que podrían darse de la Cámara de Diputados y del Congreso del Estado.
El compromiso presidencial fue el de reducir el costo del sistema político y hacerlo más eficiente, para que deje de defraudarse la voluntad popular con los acuerdos cupulares de los partidos. Ya veremos si lo cumplirá con esta reforma que dominará la agenda y el debate público en las siguientes semanas.
***
