-Todos sabían del túnel pollero... hasta EU

-También a policías bajan en el Precos

-La desvergüenza de Corral sobre tema judicial

-La factura falsa por siete millones

Resulta que en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Juárez, no fue sorpresa la revelación de que la Fiscalía General de la República (FGR) ya sabía del túnel narco-pollero hallado a principios de enero en un operativo de la autoridad fronteriza estadounidense.

Como dimos a conocer ayer, en la investigación Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por la que cayeron varios involucrados en una red presuntamente liderada por Jorge M. F., alias “El Kokis” o “ El Koke”, había información de más de 20 cruces así utilizados para el tráfico humano, de acuerdo con la defensa de los imputados dirigida por los abogados José Miramontes Caro y Juan Carlos Sosa.

Así, dicen en el INM, la FGR tenía información, pero prácticamente la misma de la que disponen las áreas de inteligencia de todas las corporaciones, incluso la Guardia Nacional y el Ejército, que por algún extraño motivo nadie atendía a pesar de la clara ilegalidad que representaba.

Es más, hasta Estados Unidos sabía del túnel o posibles túneles más entre Juárez y El Paso, pero hubo un relajamiento conveniente durante un periodo de la administración de Joe Biden, inexplicable para algunos, pero tal vez políticamente para otros que, con ello, aprovecharon para bombardear la ineficiencia de la Border Patrol en la contención de la migración ilegal.

Así, por un lado estaba la corrupción mexicana, pues para nadie es desconocido que hasta el INM y varias corporaciones de seguridad estaban metidas en el enjuague del reparto de la plaza, para que varios grupos se distribuyeran por zonas el negocio ilegal del tráfico de personas.

En esta vertiente, nos aseguran, hay indicios de que, además de las bandas que podían usar el túnel detectado u otros que son buscados, también había arreglos para enganchar migrantes, extorsionarlos o secuestrarlos; es decir, les ofrecían cruce seguro y no les cumplían, ya fuera por saturación de los pasadizos o por vil engaño.

Por otro lado, además, estaban los intereses políticos de Estados Unidos o incluso también la corrupción en su corporación fronteriza, pues el fenómeno no es exclusivo de México.

Ambos países, por lo tanto, deben más explicaciones de las vaguedades en la información que han dado a sus respectivos habitantes.

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En el retén militar de Samalayuca, las revisiones que a veces eran más laxas por estrategia, falta de personal o decisión de cada mando a cargo del puesto, ahora se volvieron más estrictas. Nadie pasa si no es tras revisión de verdad y profunda.

Eso es lo que ha ocasionado los congestionamientos recientes en la carretera Chihuahua-Juárez los últimos días, por el reforzamiento ordenado desde la Quinta Zona Militar, suponemos que por instrucciones del alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Antes, nos reportan algunos agentes de seguridad que transitan regularmente entre la capital y la frontera, por cortesía dejaban pasar a, por ejemplo, convoys de policías estatales y ministeriales, escoltas, funcionarios del ramo, sobre todo a los que ya eran clientes frecuentes por su labor.

Ahora la instrucción es, especialmente los policías y todos los que crucen sean revisados, pues las excepciones quedaron reservadas a criterios de los más altos mandos. Así, las molestias a la circulación vehicular van a seguir por largo rato, dadas las presiones estadounidenses para reforzar el combate al crimen en el norte del país. ¡Qué pague el pueblo!

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Clásico en el exgobernador Javier Corral hablando de cosas que está muy lejos de comprender, como es la manera más adecuada de valorar a quienes van a ser juzgadores.

Habló casi ex cátedra, pontificando desde la tribuna del Senado de la República.

Dijo que las elecciones judiciales, palabras más palabras menos, son un método idóneo para elegir jueces magistrados y ministros, y que las simples entrevistas -finalmente realizadas por funcionarios de cuarta o quinto nivel, de 15 minutos, y no a todos los postulados- fue un filtro profesional.

Con excepción de los ministros, que de manera histórica no todos vienen de la carrera judicial, jueces y magistrados tenían que aplicar exámenes de oposición en cada peldaño que avanzaban, cumpliendo con requisitos adicionales de experiencia y capacitación especializada.

Todos esos servidores públicos de la administración judicial debieron quemarse las pestañas y no como hizo él en una universidad sinaloense casi estudiando a distancia, quién sabe si de manera virtual, porque sacó la carrera entre un brinco a otro en las posiciones legislativas que le ha tocado ocupar.

Curiosamente ese es otro punto muy endeble en el currículum de Corral, ya que en la mayoría de las ocasiones incluido el actual puesto, ha sido obtenido gracias a las diputaciones plurinominales decididas por dedazo en el partido político que hoy descalifica, el PAN, alguna de ellas inclusive a obteniéndola bajo negociaciones oscuras, cuando el voto de la militancia no le favoreció.

Ese es el exgobernador pintado de cuerpo entero, hablando de capacidades y preparaciones jurídicas.

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Inició la auditoría superior del Estado procedimiento en contra de la empresa Conect SA de CV por haber presentado un comprobante fiscal falso.

Encontró la Auditoría que la empresa mostró una constancia de cumplimiento fiscal falsificada ante Pensiones Civiles del Estado dentro de un proceso licitatorio por cerca de siete millones de pesos.

Ya fue sancionada la representante de la empresa, pero no es ella la única responsable, de las observaciones a la licitación PCE-LPP-001-2021, si no también quienes revisaron la documentación y debieron haber constatado su veracidad antes de emitir la resolución.

Esos funcionarios de la administración de Javier Corral están salvando cualquier tipo de responsabilidad únicamente por las lagunas de ley, porque la auditoría ha decidido no ir tras ellos, aún y cuando de manera evidente tienen responsabilidad.

No es la misma culpa, es cierto, de la que tiene quien presentó documentación falsa de manera dolosa, pero no cabe ser ingenuos, ante una omisión irresponsable, que pudo haber detectado el error, y que no lo hizo por intereses inconfesables.

Los funcionarios públicos de la dependencia convocante a la licitación tienen la obligación de revisar y cerciorarse de la autenticidad de los documentos, entre ellos quienes integran el Órgano de Control y la representación de la secretaria de la Función Pública.

No debería una laguna, o supuesta laguna, proteger a quienes debieron haber detectado el ilícito y que se hicieron de la vista gorda para dejar pasar la anomalía.

La relación de nombres lo tiene la Auditoría Superior de la Federación, los cuales deben constar en todo el expediente de la observación citada, y que terminó en sanción dentro del procedimiento llevado por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.