Tremendo embrollo trae el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, pues sus integrantes renunciaron el lunes 27 de enero, con un escrito dirigido al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde señalaron que tenían imposibilidad jurídica para continuar con el proceso que les fue encomendado como órgano colegiado. Y que ellos habían aceptado dicho cargo porque era un espacio importante para garantizar la llegada de perfiles profesionales al proceso de elección, sin embargo, refirieron que percibieron inviable la tarea constitucional que les había sido encomendada.

La renuncia de sus integrantes ya se venía venir, pues el Comité ya no estaba haciendo nada, es decir, no estaba realizando las tareas que le fueron encomendadas y, por tanto, se mantenían con una actitud de espectadores que en nada abonaba, en consecuencia, su función como órgano técnico temporal de naturaleza electoral había terminado.

Pero déjeme darle los antecedentes de este embrollo, pues resulta que el Comité de Evaluación del Poder Judicial suspendió desde el 7 de enero de este año, el proceso de evaluación porque les habían notificado diversas interlocutorias de suspensión emitidas por parte del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán y del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, las cuales a su juicio obligaban al Comité a paralizar cualquier acto de ejecución del decreto por el que se reformaban, adicionaban y derogaban diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de reforma al Poder Judicial.

Cabe señalar que el Comité había iniciado muy bien, cumpliendo con los plazos establecidos para publicar su convocatoria y sus lineamientos, además ya había publicado su lista de las personas que cumplían con los requisitos de elegibilidad, quedando pendiente la evaluación de la idoneidad de las personas aspirantes, la cual estaría dividida en dos fases, tanto examen escrito como entrevista, para posteriormente elegir a las personas mejores evaluadas, situación que no ocurrió porque a su juicio estaban imposibilitados para seguir avanzando en el proceso de evaluación. Incluso podríamos decir que era el Comité que se veía más organizado y sinceramente se esperaba que hiciera un buen proceso de selección porque se confiaba en el mismo.

Por otro lado, las personas aspirantes que se habían registrado ante dicho Comité se quedaron en el limbo, pues ya no serían evaluadas y, por tanto, se violentaban sus derechos político-electorales porque era evidente la restricción y violación a su derecho a continuar en el proceso para el cual se habían registrado para eventualmente alcanzar la postulación a la que aspiraban.

Y claro como era de esperarse hubo 25 aspirantes que se habían registrado ante dicho Comité que se inconformaron y presentaron su respectivo juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía ante Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual resolvió el 22 de enero de este año, mediante sentencia emitida en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-8/2025 y acumulados, que por ser el acto cuestionado formal y materialmente electoral, se actualizaba la competencia de dicha autoridad jurisdiccional electoral para conocer de la controversia y en consecuencia ordenó al Comité de Evaluación continuar con el proceso de selección y evaluación en un lapso de 24 horas una vez que hubiera sido notificado. Sin embargo, el Comité de Evaluación el 23 de enero determinó encontrarse imposibilitado para cumplir con dicha sentencia del Tribunal Electoral.

Sin embargo, ante dicho incumplimiento por parte del Comité de Evaluación, la Sala Superior del Tribunal Electoral dictó medidas para el cumplimiento sustituto de la sentencia, consistente en que el Senado diera continuidad al proceso de selección de personas elegibles y llevará a cabo la insaculación pública, entre la lista de aspirantes que el Comité de Evaluación estimó que cumplieron los requisitos, y posteriormente someter los listados a consideración del Pleno de la SCJN. Y en caso de que ese órgano jurisdiccional no quisiera dar trámite o no aprobará los listados mencionados, el Senado podría remitir, de manera directa, las candidaturas insaculadas al Instituto Nacional Electoral, para continuar con el procedimiento electivo.

Mientras tanto quienes nos registramos ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial, como es mi caso, ya que me registre para el cargo de ministra de la SCJN, tuve pase directo a la boleta electoral por ser un número reducido de mujeres que pasaron la fase de elegibilidad, por tanto, hasta el día de hoy Ciudad Juárez ya tiene una representante.

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla