-Facción del cártel con refuerzo exmilitar

-Narcoterrorismo con la víscera por delante

-Municipios pequeños en maltrato de recursos

-La libra por el momento diputada de Morena

Una sola célula del crimen organizado demostró su equipamiento y su capacidad de fuego. Fueron detenidos el miércoles por el Ejército Nacional en el sur del estado 16 integrantes del Cártel de Sinaloa armados cada uno con sus respectivos cuernos de chivo y en posesión de varios vehículos blindados.

Hubo un breve enfrentamiento en el pueblo conocido como Ciénega de Ceniceros, municipio de Matamoros, con saldo de dos delincuentes lesionados y un coronel con un balazo en la cabeza que infortunadamente murió ayer.

El grupo pertenece al Cártel de Sinaloa, de la facción Gente Nueva-Salgueiros que opera en aquella zona, Parral y toda la sierra hasta los límites con Badiraguato, donde apenas el domingo sufrió el Ejército la baja fatal de un soldado. Dos militares muertos en menos de una semana.

Ese grupo es liderado a nivel general por Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de “El Chapo”; en el estado de Chihuahua por la familia “Los Salgueiro”; en Parral, por “El Pana”, José Adán Mejía López, jefe directo de “El Suizo”, de apellido Acosta, líder de los 16 sicarios detenidos.

La sorpresa en esa acción militar sí es la cantidad de delincuentes detenidos, y también los fusiles de asalto asegurados, 11 AK-47 (cuernos de chivo) y cuatro R-15, tres vehículos blindados “legalmente”, pero también que entre los delincuentes había cuatro exmilitares que pertenecieron muy recientemente tanto a la Sedena como a la Guardia Nacional, Sergio de la C., de Veracruz; Francisco G. G., y Bryan Armando V. Ambos originarios del mismo Parral; y Daniel Iván G.T., de Durango.

Aunque en Sinaloa el cártel mantiene una feroz confrontación entre sus principales facciones “Chapos” y “Mayos”, en Chihuahua ha venido en descenso su poderío, sobre todo en la capital y sur del estado, pero su fuerza y su capacidad operativa quedó aún demostrada en ese evento de Matamoros.

En esta frontera opera el mismo grupo en el Valle de Juárez y a través de la pandilla Artistas Asesinos, o Doblados.

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Quedó lista la calendarización de dineros considerados dentro del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y de las “demarcaciones territoriales” de la Ciudad de México.

Hay un aumento con relación al 2024 del siete por ciento, que en términos reales apenas deja un margen de crecimiento de dos y unas décimas de puntos, considerando la inflación del 2024 con la calculadora del INEGI.

O sea que no hay gran diferencia en los recursos que deberán ser distribuidos a partir del siete de febrero, conforme al calendario incorporado en la publicación del Periódico Oficial del Estado, el pasado miércoles 29 de enero.

Y si no crecieron los recursos en términos reales, la fórmula sigue siendo la misma para su distribución; es decir, la cantidad de población.

No es difícil entonces imaginar que Juárez es quien recibe la mayor cantidad de dinero, casi un tercio más que Chihuahua y el doble de lo que recibirán los restantes ayuntamientos de la entidad.

Está lejos de ser un problema del gobierno del estado ese criterio de distribución, sino que es el indicado para el Ramo 33, donde se encuentra este fondo específico.

Aún más, si juntamos Juárez, con Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Parral, encontramos que casi reciben ocho de cada 10 pesos considerados dentro de esa ayuda financiera para los municipios.

Juárez recibirá mil 487 millones 219 mil 150 pesos; Chihuahua 922 millones 031 mil 623 pesos; Cuauhtémoc, 177 millones; Delicias, 147 millones y Parral 114 millones de pesos.

Los recursos pueden ser utilizados para cubrir obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descarga de aguas residuales, modernización de sistemas de recaudación, mantenimiento de infraestructura, etcétera.

Son estos aspectos algunos de los que tienen mayor rezago en los municipios pequeños, que parecen estar condenados a perpetuarse, sin solución a la vista, precisamente por este tipo de criterios de distribución.

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Para hoy prometió el diputado naranja Francisco “Pancho” Sánchez juntar en el Congreso del Estado a tres supuestos especialistas en seguridad, para participar en la mesa técnica que analiza su propuesta de tipificar el delito de narcoterrorismo en el Código Penal del Estado.

Están convocados a la mesa el teniente coronel Julián Leyzaola, polémico exjefe de la Policía Municipal de Juárez; el activista Julián LeBaron y el consultor David Saucedo, así como otro desconocido del partido que dirige “Pancho”, Salvador Baldiviezo.

Desde las áreas de seguridad locales nos dicen que esos invitados, igual que el legislador, tienen en común varias cosas, como echar la víscera por delante en sus análisis superficiales y propuestas espectaculares, como ésta de definir un nuevo delito para la normativa estatal, tratándose de asuntos del orden federal.

Efectivamente, el narcoterrorismo aparece como un término muy atractivo a pesar de que se ha abusado del mismo desde hace décadas; se ve bonito, pero su uso es más mediático que efectivo, al manipular emociones y sentimientos de la sociedad ante los hechos de violencia que la estrujan todos los días.

Hoy vuelve a estar en boga por las ocurrencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tampoco parece comprender el significado y los significantes de los términos que algunas corrientes de derecha quisieran unir, narcotráfico y terrorismo, con total desconocimiento de sus raíces, sus métodos, sus consecuencias y objetivos, completamente diferentes.

Por eso, seguramente la mesa de “Pancho” no servirá de otra cosa más que para la egocéntrica autocomplacencia a la que es tan afecto el legislador.

Fuera del ruido que puedan hacer los participantes, con escandalosas declaraciones para sacar raja de las tragedias de Chihuahua y el país, se ve lejana la definición del delito como tal si, para empezar, los ponentes seducidos por el MC estatal ni siquiera saben de qué hablan cuando pretenden dar cátedra de derecho penal.

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Libró la diputada Brenda Ríos cualquier responsabilidad por parte del Tribunal Estatal Electoral, con motivo de la denuncia que originó el procedimiento especial sancionador 007/2025 y que resultó desechado.

Lavaron sus manos los magistrados considerando por un lado que son incompetentes para conocer de denuncias por el uso indebido de la imagen de niñas, niños o adolescentes en las publicaciones que la legisladora realizó en las redes sociales.

Por el otro, consideraron que no hay propaganda político-electoral, sino comunicación gubernamental, en la cual se difunden logros o acciones de gobierno, toda vez que la señalada es diputada local.

Sin embargo, el asunto denunciado por Ezra Alberto Quncle Tinajero, no quedó del todo sin consecuencias para la legisladora, porque hubo dos determinaciones que pudieran generar nuevos procedimientos en su contra.

Los magistrados consideraron que en las publicaciones denunciadas de la red social Instagram se advierte la posible la aparición de personas infanto-juveniles, lo cual pudiera constituir una grave y evidente trasgresión al interés superior de niñas, niños y adolescentes, que, a su vez, puede implicar un peligro a las personas infanto-juveniles que aparecen en las mismas.

Sin embargo, como ellos no consideraron que se trata de propaganda electoral, decidieron no resolver, pero lo que sí hicieron es dar vista al órgano interno de control por lo que tiene que ver con dicha comunicación oficial.

Si es comunicación gubernamental, entonces habría que seguir el origen de los recursos utilizados para dicha comunicación, pero en el fondo, es evidente que se trata de una propaganda que busca posicionar el nombre de la legisladora, con fines electorales.

Tendría que entrar dicho órgano de control a indagar si hubo en algún momento logotipos oficiales o institucionales del Congreso en la propaganda; aún más, revisar si está en las funciones legisladores dar obsequios para congraciarse con los ciudadanos, cuando las acciones de asistencialismo corresponden a los poderes ejecutivos federal y estatal, y en última instancia, a los ayuntamientos.

Pero, por lo pronto, la legisladora salió sin raspón alguno en el tema.