-Alcohol en Mazatlán, jubilación y elección en UACJ

-Jueza en campaña avala a usureros

-Sin duda el costo del dinero seguirá al alza

-Tropezón revictimizante el de Rosana

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la UACJ (STAUACJ) anda muy cerca de nueva elección en las próximas semanas. La tensión en su interior no ha hecho más que crecer.

Alejandro Martínez, actual Secretario General, enfrenta un deterioro visible en su liderazgo, aferrándose al control del sindicato con la posibilidad de buscar la reelección.

Ese es el plan A secreto, la reelección, pero de no cuajar pretende mantener su influencia a través de un sucesor designado, Gustavo López, actual secretario tesorero.

Sabemos que la estrategia es asegurar la continuidad de su proyecto personal bajo cualquier vía. Hay razones de muchos, muchos pesos, para no dejar el control del sindicato.

Pero los signos de desgaste son múltiples. Uno de los episodios más comentados ocurrió durante el reciente viaje sindical a Mazatlán.

En plena cena con agremiados, Martínez fue reprendido por su secretario de Asuntos Laborales, Pascual Rubio, debido a su conducta alterada por el consumo de alcohol.

El intento de apaciguar la situación derivó en un altercado frente a testigos, donde el líder sindical respondió con amenazas. A su regreso, Rubio optó por jubilarse, marcando así una ruptura significativa en el equipo más cercano de Martínez.

En una asamblea reciente, los reclamos se intensificaron. La base criticó duramente la falta de nombramiento de un nuevo Secretario del Trabajo y cuestionó la conducción del sindicato.

En medio del intercambio, surgieron referencias al padre de Alejandro Martínez, quien nunca fue líder sindical, pero sí formó parte de comités y era ampliamente respetado por su apoyo constante a los trabajadores.

Las comparaciones incomodaron visiblemente a Alejandro, quien reaccionó con enojo, incapaz de contener la presión ni las críticas.

Con un entorno sindical cada vez más fragmentado, la posibilidad de una renovación real depende de que las bases se organicen con seriedad.

Mientras tanto, el liderazgo de Martínez, marcado hoy por el aislamiento, los excesos y el miedo a perder privilegios, atraviesa una de sus etapas más frágiles.

Al interior de la organización sindical y, desde luego, de otros sectores de la UACJ, consideran que sería momento de recuperar la sensatez, asumir responsabilidades y abrir paso a una transición democrática y legítima.

Volver a la cordura no es solo una opción, es una necesidad urgente.

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En algún momento de su campaña para mantenerse en el cargo, Cynthia Liliana Nájera podría explicar por qué como titular del Juzgado Décimo de lo Civil ordenó el desalojo de una adulta mayor, la señora Elvira Soriano, de su propiedad en Parajes de San Isidro, por una deuda menor en comparación con el valor del inmueble.

La juzgadora es la responsable del expediente 369/2024-1, un juicio del que ni siquiera fue notificada debidamente la mujer afectada, a quien una empresa que reparte vales de consumo como si fueran chicles demandó por una deuda de 240 mil pesos.

Del lamentable caso hemos dado cuenta desde ayer, después de que la afectada pidió auxilio porque la echaron a la calle sin siquiera saber que había perdido un proceso judicial que extrañamente avanzó rápido y con agilidad inusitada, como si el aparato de justicia en verdad fuera eficiente.

La realidad es que, aprovechándose de su pobreza y desconocimiento de leyes, le fue reclamado un adeudo de B-Hermanos con un pagaré firmado en blanco, al que los usureros le sumaron capital, intereses y más intereses, todo lo cual fue avalado en un tribunal que, queremos suponer, actuó por compromiso con la justicia y no por algún tipo de complicidad.

Como estos procesos abundan en los juzgados, los jueces y juezas se excusan de que no pueden intervenir a favor de alguna de las partes, pese a evidentes señales de riesgo o de manejos inadecuados, como esos de aceptar pagarés rellenados o notificaciones simuladas para declarar en rebeldía a la parte deudora.

En este caso, fue llevado al extremo y con mucha agilidad un proceso contra una mujer que jamás pudo defenderse porque nunca supo siquiera que enfrentaba una demanda, hasta que un actuario y la fuerza pública llegaron a sacarla de su casa la semana pasada porque la propiedad quedaría asegurada para garantizar la deuda.

La increíble actitud abusiva a la que se presta el aparato de la justicia, en plena campaña electoral para elegir titulares de los tribunales en todos sus niveles, no hace más que evidenciar la necesidad de reformas todavía más profundas, más allá del cambio de nombres de los juzgadores.

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Muchos economistas y analistas ortodoxos se reúsan a creer que el mercado donde se compra y vende la deuda de los gobiernos, en este caso de Estados Unidos, pueda generar una subida de tasas de interés. Sin embargo es un hecho.

Si bien, el organismo encargado de subir o bajar las tasas de referencia es el banco central o la Reserva Federal, esto no implica necesariamente que ellos y solo ellos pueden hacerlo.

Hace apenas cinco semanas, la tasa líder a 10 años en Estados Unidos se ubicaba en cuatro por ciento, hoy rondan el 4.5 por ciento debido a que los temores de inflación generan un reclamo de un premio mayor por prestar dinero al gobierno.

En ese sentido, cómo no pensar que la inflación continuará si los aranceles de Trump son un impuesto al consumo, una especie de IVA al IVA que todo lo encarece. Así que el costo del dinero seguirá al alza.

Y eso significa mucho dinero para el gobierno. Considerando que unos 10 billones de dólares, -casi una tercera parte de la deuda-, se financie a 10 años, ese medio punto implican un desembolso adicional de 51 mil millones de dólares. Nomás.

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Últimamente ha sido moda plantear preguntas a las autoridades por parte del grupo parlamentario de Morena.

Nada menos en la sesión de ayer hubo respuesta de dos instancias a dichas preguntas planteadas por Rosana Díaz e Irlanda Márquez.

En la misma sesión, la diputada Jael Arguelles, planteó cuestionamientos a la secretaría de Salud en materia de sarampión y María Antonieta Reyes, a Desarrollo Urbano en materia de medio ambiente.

Es una nueva estrategia de golpeteo, solicitando informes en diversos temas que luego resultan contraproducentes.

Por ejemplo, le salió el tiro por la culata a Rosana porque cometió una falta que bien incluso puede ser considerada como revictimización.

Pidió Rosana informes a la Fiscalía General del Estado acerca de un trámite judicial realizado en un intento de feminicidio ocurrido en esta ciudad.

Presentó 10 preguntas, en relación con el asunto, pero con el oso de incorporar públicamente el nombre de la víctima.

El fiscal César Jáuregui, al dar respuesta a la segunda, tercera, sexta y séptima, interrogante, conminó a la solicitante de información, referirse a la víctima por sus iniciales E.L.G.E. y no por su nombre de pila y primer apellido como lo hizo en su solicitud.

Pudo darle a la legisladora un repaso de las diversas normas jurídicas aplicables en beneficio de la víctima, y que ella, la diputada, violentó, pero no lo hizo, solo hubo el llamado de atención indicado.

Le dio toda la información existente, el número de carpeta, el ejercicio de la acción penal contra el presunto responsable, quien fue vinculado a proceso y dejado en prisión, entre otros datos.

Pero a su petición de transparentar la información, le recordó que, por ser un caso de intento de feminicidio, hay un alto grado de reserva e incluso de confidencialidad, para proteger a la víctima y evitar entorpecer la investigación.

Mal que gane el protagonismo legislativo, en asuntos que son muy delicados, porque ponen en peligro a la víctima y a sus familias.

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