-“Sólo” mensajes, destrucción de arcos Centinela

-Boleta fraudulenta en elección judicial

-Va al TRIFE pleito de Andrea

-Inflación en México sigue de terca

El 20 de mayo presentó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) a los detenidos en Cuauhtémoc, Sergio Alexis y Carlos Enrique, tras un “operativo especial” derivado de “hechos violentos contra “las estructuras del Centro de Mando del Estado”.

En un comunicado girado ese día, dio a conocer la Secretaría que “la acción fue encabezada por la Fuerza Especial Swat, Detectives y el equipo de Análisis Táctico, los tres de la propia SSPE.

Extrañamente ninguna intervención del Ejército, ni de la Fiscalía General del Estado, ni de la Guardia Nacional, ni pensarlo de los policías municipales...Solo Secretaría de Seguridad estatal.

Presentó la corporación a los dos detenidos, uno de ellos con short “táctico” y chaleco antibalas con las siglas del Nuevo Cártel de Juárez (NCDJ). Tripulaban una camioneta de reciente modelo, blindada; y portaban tres armas largas, varios cargadores y casi 100 cartuchos.

Debe llamar la atención ese operativo relacionado con las “estructuras del Centro de Mando del Estado” que no son otra cosa que los arcos “Centinela” o accesorios en los que ubica la corporación sus cámaras de vigilancia públicas.

Durante los últimos días y meses anteriores, los grupos delictivos han atacado directamente a las estructuras de los arcos y las han arrancado desde sus cimientos e inclusive quemado en la región noroeste, en la zona de Cuauhtémoc y varias veces en Madera, ayer una de ellas.

En Juárez y Chihuahua llegado al extremo de derribar las estructuras metálicas pero mantienen saboteadas cámaras en distintos puntos de ambas ciudades.

El mensaje parece obvio, no quieren ser objeto de ninguna vigilancia aunque deberán modificar su estrategia porque la tecnología anda tan avanzada que si bien esas cámaras han dado buenos resultados al seguimiento criminal son más eficaces los drones y los satélites. Desde más “arriba” no escapa nada.

La pregunta aquí es hasta dónde es previsible y evitable una escalada mayor del Nuevo Cártel de Juárez, o del Cártel de Sinaloa, contra la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cuyo principal centro de operaciones o cuartel, está ubicado justo en esta frontera.

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Entre el montón de dudas que deja la elección judicial en marcha sobresale la boleta que presentamos hoy en la edición digital de La Columna, correspondiente a la de los aspirantes para juezas y jueces de distrito que habrán de elegirse en Chihuahua.

Para juzgadores federales especializados en materia laboral aparecen cuatro candidatos, tres mujeres y un hombre: Fernanda Aguirre Delgado, Ixchel Cano Corral, Blanca Lamelas Ruiz y Mario Carlos García Vargas; con otros colores aparecen los contendientes para jueces federales penales y mixtos.

Nos centramos en los aspirantes en materia laboral porque al centro de la boleta vienen los espacios disponibles en esta elección. Es uno solo para este caso, con cuatro aspirantes que buscan esa posición, pero que no compiten en igualdad de circunstancias; para materia penal son tres y para mixto dos.

En la boleta se deben elegir cuatro mujeres y tres hombres para todos los cargos, por lo cual, debido a que las candidatas llevan preferencia por la norma electoral, ellas deben ser nombradas de forma predominante, independientemente de la cantidad de sufragios que tengan.

Así, aunque García Vargas logre levantar un millón de votos, no va a ser electo porque será una mujer la que quede con esa única posición en materia laboral, aunque cualquiera de ellas solo levante cinco, 10 o 15 sufragios.

Esto no es una crítica al sistema que favorece a las mujeres sobre los hombres en los procesos electorales; es necesario que continúe el avance femenino en toda la actividad pública, por elemental sentido de justicia dada su histórica invisibilización.

Pero sí es un señalamiento más a los fraudes a la elección que hay por montones en este proceso judicial, lleno de incongruencias y contrasentidos que anticipan muchas impugnaciones a partir de que salgan los resultados después de la elección del primero de junio.

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Podría ser la semana entrante cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tome una determinación de naturaleza procesal en el pleito que traen PAN y PRI contra Andrea Chávez, por las famosas medidas cautelares que obligaron a la senadora a retirar su publicidad adelantada en camiones de salud y carteleras.

Lo peor de todo es que no entrará el Trife en Sala Guadalajara a determinar si esas medidas cautelares son legales, sino a determinar si el Tribunal Estatal Electoral estuvo en lo correcto al reencauzar dos apelaciones presentadas por la senadora en relación con las denuncias acumuladas IEE-PSO-00412025 y IEE-PSO-00512025.

El pleito jurídico entonces podría concluir en que el TEE de Chihuahua está en lo correcto cuando ordenó que el Consejo General del IEE sea quien resuelva la inconformidad de Andrea en contra de dichas medidas cautelares, o bien, está en lo incorrecto y debe resolver con plenitud de jurisdicción dicho tribunal.

Es entonces un galimatías innecesario por parte de los abogados de Chávez, porque está clarísimo el principio de definitividad, según nos dicen, ya que el superior jerárquico de la Comisión de Quejas del IEE es el pleno del Consejo y no el TEE.

Si no tiene amarrado Andrea con Mónica Soto, la titular del TRIFE, una resolución de fondo, solo está perdiendo el tiempo, porque el Consejo General del IEE ya hubiera resuelto y estaría en camino, en su caso de ser confirmado o rechazado por el Tribunal Estatal Electoral.

Es mucho el brinco que está dando, pero ha de ser su estrategia y la de sus abogados, cuyos honorarios no han de ser por unos cuantos pesos. Habría que ver si sale de su bolsillo esa defensa jurídica o es patrocinada por alguien más.

Ni modo de pensar que dicha defensa jurídica la trae por sí solo Marcelino Gómez Brenes, autorizado para oír y recibir notificaciones. Marcelino no es abogado, es licenciado en administración gubernamental.

En ese alguien detrás está la hebra de un nuevo patrocinador ahora jurídico.

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La inflación en México nomás no da tregua. Ayer fue dado a conocer el indicador de aumento de precios quincenal y fue una noticia nada agradable: 4.22 por ciento anualizada. Se esperaba que no rebasara el cuatro por ciento.

Fue notable el dato de pecuarios, o las carnes de todo tipo de ganado que aumentaron un 10.25 por ciento, o el de colegiaturas con 5.85 por ciento, también las hortalizas y frutos del campo con 5.7 por ciento.

En la primera quincena de mayo de 2025, los índices subyacente y no subyacente registraron un alza anual de 3.97 y de 4.78 %, respectivamente.

Con nombre y apellido, estos son algunos de los productos que resintieron aumentos: pollo, tomate, vivienda propia, cine, así como carne de res.

Es innegable que la inflación sigue de terca; e incluso, ya se voló la barda de nuevo, rebasando el 3 más 1 que el Banco de México tiene como objetivo, lo que seguramente tendrá influencia en las decisiones de baja de tasas del organismo.