-Jueza, actuarios y abogados abusones de B-Hermanos

-Empresarios unidos contra extorsiones

-Sin sobresaltos tras audiencia récord

-Minutos de aplausos a Urquidi en sesión del Congreso

La señora Elvira Soriano Moreno, adulta mayor enferma que fue echada de su casa sin misericordia en días pasados por una falsa deuda enorme con B-Hermanos, recuperó su vivienda en Parajes de San Isidro, al menos provisionalmente, gracias a la demanda de amparo que promovió ante el Juzgado Quinto de Distrito.

El caso que conmovió a la opinión pública juarense y evidenció el actuar abusivo de la empresa que reparte vales de consumo bajo un esquema de explotación y usura a mujeres vulnerables, fue tomado por uno de los más conocidos candidatos a juez federal en Juárez, José Luis Contreras Cruz.

A la vez, el embargo de la casa y el desalojo fue ordenado por otra candidata, ella a jueza civil estatal, Cynthia Liliana Nájera, actualmente en funciones, como titular del Juzgado Décimo en este Distrito Judicial Bravos.

Así, acabaron contrapunteados ambos aspirantes, una por emitir una cuestionable resolución judicial y otro por asumir la defensa de la mujer, a petición, casi exigencia de los vecinos de la afectada, pues días antes había hecho recorrido por Parajes de San Isidro en la búsqueda de votos.

Pero el caso no acaba aquí, pues nos reportan de los pasillos judiciales, ahora la jueza Nájera pretende echarle la papa caliente a los actuarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado y a los abusivos abogados del despacho que tomó para cobrarse a la malagueña la deuda de la mujer con B-Hermanos.

Tenemos en versión digital de La Columna un extracto del resolutivo emitido por la jueza, con el que busca defenderse, en el que establece claramente que la mujer, en caso de que manifestara no tener dónde vivir, debía contar con un plazo de 20 días para dejar el inmueble del que fue sacada por la fuerza, diciéndole que tenía únicamente 10 minutos para desalojarlo.

Es de sobra conocida la corrupción que existe en la actuaría judicial estatal, así que tan real es que hubo abuso o algún arreglo para ejecutar el embargo en caliente, como que la jueza se hizo de la vista gorda al conocer que su resolución no había sido cumplida al pie de la letra.

Tuvo que llegar la suspensión provisional dictada dentro del juicio de amparo a favor de la señora, para que se respetara la ley, que es clara en cuanto a los tiempos con que debe contar una persona que pierde una propiedad y no tiene a dónde ir.

El asunto es emblemático del abuso de la empresa de vales y los enjuagues que tiene en los juzgados civiles, por lo que no debe quedar únicamente en la exhibición pública de esas actuaciones irregulares.

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Llamó la atención que el sector empresarial levantara la voz de forma unánime contra la supuesta extorsión cometida por agentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por tocar música en comercios y hoteles.

Hoteleros y comerciantes pusieron en la mesa del Consejo Coordinador Empresarial la petición de apoyo para firmar un desplegado con logos y toda la cosa. Todos firmaron.

Fue dirigida la queja al titular nacional del IMPI, Santiago Nieto, exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Cabe recordar que el sector afectado no siempre apoya de manera sustancial a otros segmentos económicos en las decisiones internas del CCE; no son parejos, pues.

La queja de los afectados tiene que ver con exigencias de cuotas a cambio de permitir tocar música en sus negocios. Vil extorsión estilo mafioso.

Es importante destacar que las peticiones de “apoyo económico” por parte del IMPI y en favor supuestamente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, además de ilegales, violan el debido proceso jurídico.

Según lo publicado, a quien le corresponde, el reclamo por tocar música en los negocios, es al Instituto Nacional de Derechos de Autor, -INDAUTOR-, de acuerdo a la ley vigente.

Por lo tanto, la exigencia va en el sentido de aclarar la competencia y legalidad de las acciones emprendidas contra negocios juarenses, principalmente; y que sean suspendidos los procedimientos legales iniciados.

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Tras la audiencia pública de la semana pasada promovida por Derechos Humanos Integrales en Acción, dicen que han transitado sin sobresaltos las dependencias que participaron, ocho en total, en el tercer ejercicio de este tipo durante la gestión de Cruz Pérez Cuéllar y el primero con tal cantidad de instancias convocadas.

El mecanismo de la audiencia pública, más allá de un diálogo entre ciudadanos y autoridades, es la crítica directa a la labor oficial, pero además es un ejercicio de negociación y acuerdo que implica habilidad política, apertura y hasta reconocimiento de errores.

Por eso no a cualquier gobierno le agrada hacerlo, dado que es, en síntesis, exponer a la administración pública a la lupa de los ciudadanos más críticos, lo que no fue obstáculo para que en esta ocasión el alcalde diera luz verde y acudieran todos los funcionarios involucrados.

Bajo la coordinación del secretario Héctor Ortiz Orpinel y del director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera, se presentaron a comparecer titulares y representantes de Derechos Humanos, Servicios Públicos, Protección Civil, Planeación, Obras Públicas, el Instituto Municipal de Planeación e Investigación, DIF Municipal y del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

En sí, la audiencia fue un ejercicio interesante, con el tema de las personas en contextos de movilidad, sin ponerse ríspido el encuentro.

Entre las cuestiones que más resaltaron fueron los convenios modificatorios para los albergues de Parajes de San Isidro y Praderas del Sol, así como los mecanismos de consulta con la comunidad que serían implementados para la reubicación de los albergues.

De ahí que instancias como el DIF, al mando de Lucía Chavira Acosta, así como las demás dependencias, respondieron con puntualidad los cuestionamientos y aterrizaron tanto respuestas claras como rutas de seguimiento a las problemáticas de cada área.

El manejo político de la administración morenista resultó interesante, sobre todo porque otros municipios del estado tiemblan ante cada petición de audiencia pública y pocos se atreven a tomar el toro por los cuernos.

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Fue realizada en el Pueblito Mexicano la sesión solemne del Congreso del Estado que, por primera ocasión en la actual legislatura, es efectuada con base en el decreto que así obliga.

En dicho decreto terminaron por incorporarse a las conmemoraciones revolucionarias con sesión oficial y presencia de los tres poderes, como venía realizándose en Cuchillo Parado, tanto Guerrero como Ciudad Juárez; por el primer acto de rebeldía, por el inicio de la lucha armada y porque la toma de esta frontera significó la capitulación de Porfirio Díaz, en ese orden.

No estuvo la gobernadora ni la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. En su representación, respectivamente y acompañando a la presidenta del Congreso, Elizabeth Guzmán, estuvieron Carlos Ortiz, representante en esta frontera del Gobierno del Estado y el magistrado Filiberto Terrazas Padilla, por el Poder Judicial.

Hubo espacio para grilla. De los pocos titulares, estuvieron presentes el presidente del Tribunal Estatal Electoral, Hugo Molina, que con todo y asuntos pendientes, llegó de pisa y corre, para estar presente.

También estuvo Mayra Chávez, la delegada de programas del Bienestar, quien no iba a dejar pasar la oportunidad de estar en el recinto, aún con la operación que trae extra función oficial, como brazo político indudable de su jefa secretaria, Ariadna Montiel.

El Fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, el único funcionario titular del Estado, junto con Ortiz, presente; las secretarías enviaron puro representante.

De las dirigencias políticas, el único nombrado por Lizzi Guzmán fue el líder municipal panista, Gabriel García, muy disminuido físicamente tras el infarto sufrido.

Llegó también Rubí Enríquez, presidenta del DIF municipal.

Cumplió el Legislativo con el evento conmemorativo, con los discursos de cada una de las fracciones, reconociendo la importancia de Juárez en la etapa revolucionaria, antireligiosa.

Hubo minuto de aplausos para Arturo Urquidi, exdirector de Comercio en la administración municipal morenista, recién fallecido en lamentable accidente. La invitación al homenaje surgió, paradójicamente, por la panista más chihuahuita entre chihuahuitas, Nancy “La China” Frías.

“Amigo de muchos de los presentes, extraordinario político y servidor público”, así lo presentó Nancy.

Curioso, para el anecdotario, no lo presentaron los morenistas, que debieron ponerse de pie para no exhibirse, pues ya sabemos que el crucismo les saca ronchas. Ahora andan en manos de Ariadna Montiel, antes se beneficiaron de Juan Carlos Loera.

A ese grado están aún las cosas en pleito interno guinda.