No ha dejado duda la gobernadora, Maru Campos, de su estatus como máxima autoridad política del PAN, del PRI y del Movimiento Ciudadano en el estado; ha logrado también tapar con la cinta aislante de su meridiana claridad aquellas rendijas por donde intentaron colarse supuestos acuerdos cupulares hacia el 2027, contra los intereses blanquiazules en Chihuahua.

Para tranquilidad de panistas, priistas y naranjas, las dudas han sido despejadas en ambos sentidos, hay una gobernadora con el timón tan firmemente agarrado que ni propios ni aliados, ni aun contrarios, son capaces de cuestionar a la ligera su desempeño general; hasta los senadores Juan Carlos Loera y Andrea Chávez han tenido que bajar espuma al chocolate de sus inquinas cuando vieron que su jefa, la presidenta Claudia Sheinbaum, la trata mejor que a ellos.

Al mismo tiempo, ha unido Maru discurso con acción para demostrar su interés por que la gubernatura sea retenida para la causa encabezada hoy por ella. No guardó días, sino horas, de luto como el mejor homenaje hacia su esposo fallecido, en aras justo de meter mayor velocidad en el compromiso con los chihuahuenses e insistir en que lo mejor para el estado es que el PAN siga al frente del mismo.

Estamos entrando en la recta final del año y con el reloj imparable hacia las incontenibles decisiones del 2026-2027 sobre las figuras centrales que tomarán liderazgos y banderas electorales hacia la búsqueda de asientos en el Congreso del Estado, en las 67 presidencias municipales y sus respectivos cabildos; y el espacio mayor entre todos ellos, la gubernatura. Dicho en términos económicos, viene el relevo para el manejo presupuestal de 100 mil millones de pesos por año, aproximadamente.

Corresponde a Maru la dirección política de la sucesión a nivel institucional, no hay antecedentes relevantes que hablen de algún peligro al respecto. Ha tenido un manejo doméstico extraordinariamente bueno y le ha sobrado para dejar atrás el pésimo ambiente generado en torno a Andrés Manuel López Obrador por los operadores y asesores del expresidente, y ha conseguido que sea todo lo contrario con la sucesora, la presidenta Sheinbaum. Tenemos, hasta el momento, resultados pulcros en tal relación.

Con todos esos hilos perfectamente agarrados, hacia el cierre del año y arranque del 2026, sigue la indispensable articulación de un equipo operador que ayude a mantener esa autoridad de la que hablamos antes y que goce de su propio poder para asegurar que sea alcanzado el objetivo de retener la gubernatura, lo cual debe pasar por un fenomenal trabajo territorial en los 67 municipios, que no admite burocracias, simulaciones, flojeras, egos, soberbias, mentiras; y sí mucha lealtad, confianza, generosidad; y, sobre todo, el suficiente grado de conciencia para entender que no habrá futuro halagador en la derrota, ganaran quienes ganen de la oposición, de Morena.

Todo jefe de la talla de la gobernadora tiene confidentes externos al gobierno que la asesoran y logran colocar puntos de vista que luego son convertidos en decisiones. Maru tiene los suyos en Juárez, Zaragoza, Fuentes, por decir algunos apellidos; en Chihuahua y Cuauhtémoc –Corral, Bustillos–, pero no son ellos los operadores territoriales, los que deben propiciar que los planes para conseguir votos sean ejecutados al pie de la letra.

Para eso son el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña; el fiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui; quizá el secretario de Seguridad, Gilberto Loya Chávez; ni se diga el presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla; la presidenta del PAN estatal, Daniela Álvarez; también el senador Mario Vázquez Robles; al menos un par de integrantes del comité nacional del propio blanquiazul e, inclusive, gentes del PRI, como los exgobernadores José Reyes y Fernando Baeza.

Todos ellos han venido trabajando en una especie de operación por evento según las necesidades. Quedó como una buena experiencia para Maru el trabajo desarrollado casi completamente por De la Peña para el complicadísimo manejo de los acordeones hacia la elección judicial.

Una vez concretado el acuerdo con Palacio Nacional para dejar en manos de la Cuarta Transformación juzgados federales, magistraturas y ministros(as) de la Suprema Corte de Justicia, entró como cuchillo en mantequilla lo propio para la distribución de los espacios estatales entre panistas, tricolores, naranjas, verdes; y, desde luego, morenos.

El bisturí fue manejado por De la Peña, con algún auxilio de Jáuregui Moreno, otro poco por la presidenta del PAN, Marco Bonilla; el alcalde de Delicias, Jesús Valenciano, y hasta del mismo Vázquez.

Todo salió a pedir de boca, al grado de que las escasas impugnaciones fueron tiradas antes de iniciar su desarrollo procesal, como aquellas interpuestas por dos expertos del derecho, Gabriel Sepúlveda y Roberto Fuentes, que advirtieron que llegarían hasta las últimas consecuencias y no pasaron de la negociada por redituables oficinas.

Antes de ese ejercicio, podríamos decir, de calentamiento hacia el 2027, estuvo la elección intermedia del 2024 para renovar las 67 alcaldías y el Congreso del Estado. No le fue bien al PAN,siguió con Juárez perdido casi por completo, aunque mantuvo el control pleno de la ciudad de Chihuahua, cuyas diputaciones le permitieron sostener la mayoría en el Congreso del Estado, con remiendos del PRI y el MC que le han salido en un ojo de la cara, pero al fin mayoría... relativa: 50 por ciento más uno.

Todos esos antecedentes inmediatos y el actual entorno permiten concluir que las actuales circunstancias requieren la inmediata puesta en marcha de un equipo operativo de alcances realmente efectivos, de obvia mayor capacidad respecto del 2024 y de gran resolución y mayor alcance que la elección judicial.

Es el momento de esa articulación. Y, evidentemente, quien tiene la última palabra al respecto es la gobernadora del estado, quien deberá apelar a su extraordinario sentido de resiliencia y probado enérgico carácter para hacerse rodear de quien o quienes le garanticen cuajar su convicción por retener la gubernatura y el grueso de los espacios en disputa para el 2027.

Ella dirige actualmente, repetimos, pero ¿quién bajará la operación a las calles y a los cuarteles de guerra en los 67 municipios...? Y que, además, le haga caso la infantería.

¿Será acaso que la dirección deba quedar en manos de Santiago? Es difícil, por aquello de su escasa penetración en el sistema estatal de Acción Nacional, por mucho que haya trabajado bastante para lograr esa confianza.

¿O debe ser Marco Antonio Bonilla, cuyo equipo ha probado su eficacia tanto en el terreno administrativo como en el político en general y, desde luego, el electoral? Es posible que no sea visto por Maru como la pieza ideal, personal, de ella, pero está muy adelantado para ser convertido en candidato a gobernador y, por lo tanto, cargaría con la responsabilidad de ganar para todos y no solo para una facción.

También tiene capacidad de una dirección de ese tamaño César Jáuregui, “el gordo querido” para la gobernadora, que reúne los atributos de confianza y amistad con Maru, enlazados con los de liderazgo, efectividad y conocimiento vasto de las principales plazas electorales de la entidad, incluida, en primer término, Juárez, de donde ha sido secretario del Ayuntamiento y hasta candidato a alcalde. No escaparían a su control ni los complicadísimos líderes del PAN juarense, siempre trenzados en disputas facciosas que les han impedido reposicionarse y ganar.

Sumaríamos a la lista de liderazgos precisamente a Gilberto Loya, o Daniela, o alguien del PAN nacional, pero, a finales de este año, o máximo a principios del entrante, debe quedar estructurada la organización que, de manera urgente, planee y empiece a ejecutar todas aquellas acciones que conduzcan al objetivo del triunfo.

Varios equipos ya trabajan hacia el 2027: el de Bonilla, el de Cruz Pérez Cuéllar, el de Jáuregui, el mismo de Loya, el de Andrea, el de Mayra Chávez. Todos tienen ya un organigrama y funciones bien definidas entre sus integrantes en esta etapa de pre-pre-precampaña; falta el cuartel mayor, el general o la generala, y sus operadores que bajen las instrucciones de Palacio de Gobierno.