-Ya descubrió Claudia al calderonismo en Chihuahua

-Con la lumbre en los pies, “El Intrigas” se pone las pilas

-Asegunes de nueva ley que limita uso del efectivo

-Modalidad 40, resaca de malas decisiones

En el cuarto día consecutivo de la conferencia mañanera en que Claudia Sheinbaum aborda el tema de la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, la presidenta dirigió un interesante mensaje político que rebota en el estado donde han tenido refugio los hombres del expresidente Felipe Calderón.

“Dicen que el Gobierno de México persigue al exfiscal de Chihuahua por desmantelar un narcolaboratorio...”, provocó, más que cuestionar, un reportero a Sheinbaum Pardo. Quizá era de las preguntas sembradas a propósito, una práctica conocida no sólo en Palacio Nacional sino en otros espacios desde donde el poder comunica.

“Quieren imponer esta idea de que el gobierno de México defiende delincuentes. Son los calderonistas.

Si algo hacemos es procurar la paz y la justicia. Si hubiera colusión con el narco no hubiera disminución criminal. El problema es la entrada de agentes extranjeros”, acotó la jefa del Ejecutivo Federal.

Identificar al calderonismo detrás de quienes quieren imponer esa versión de los hechos, de que procesan a alguien por combatir al crimen y no a alguien acusado de violar la Ley de Seguridad Nacional al permitir una incursión extranjera en el país, tuvo esta vez un sentido diferente al común señalamiento al pasado, una táctica recurrente desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en 2018.

Dicen entre las huestes de la 4T que ya aprendieron de la vez anterior cuando, al intervenir la Fiscalía General de la República en el caso del narcolaboratorio, el PAN le dio la vuelta a la tortilla a Morena en la conversación pública y ahora han tomado las medidas suficientes para que no vuelva a ocurrir.

Así que ahora la mención a los calderonistas no fue gratuita ni de cajón, aseguran quienes están al tanto de la estrategia comunicativa federal tras el caso de Jáuregui Moreno, tomado como trofeo para enviar mensajes políticos a Chihuahua e incluso a Estados Unidos.

Deben haberlo entendido en la entidad los panistas alineados al calderonismo, corriente que, de alguna manera, limitada y todo, sigue vigente y actuante dentro del PAN.

En Palacio de Gobierno hay varios asesores con esa marca. Quizá son tan notables que hasta Palacio Nacional alcanzan a observarlos.

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Sea como sea, las dirigencias panistas en Juárez buscan alejar el fantasma de los brazos caídos ocasionado no por la detención del ex fiscal general y ex jefe municipal del PAN juarense, César Jáuregui, sino por la fuerte división interna que ese apresamiento ha ocasionado.

El volcán estomacal ha estallado en Chihuahua capital y es de pronósticos reservados. Los líderes azules de Juárez buscan evitar que aquella lava ardiente llegue a la frontera y termine por sepultar las pocas esperanzas que tienen de obtener un poco más de votos a los pocos alcanzados en últimas elecciones.

Con ese cuidado armaron el evento precampañero del miércoles para Marco Bonilla en el salón Emporium. Fue más que decente la convocatoria, operada por funcionarios de la Universidad Tecnológica, aunque su rector, Oscar Fidencio Ibáñez, alias “El Intrigas”, anda al parecer de vacaciones en Taiwán.

Parece jubilado de alta gama, aunque tiene trabajo de “tiempo completo” en la Tecnológica y en la Autónoma de Ciudad Juárez.

Estuvieron en el “Foro Ideas en Acción” algunos funcionarios estatales como Carlos Ortiz y Mario Mata Carrasco; los exalcaldes, Ramón Galindo y Gustavo Elizondo, y el presidente del PAN municipal, Ulises Pacheco, pero la intención fue que el grueso de las mesas estuviera ocupado por “representantes de la sociedad civil”. Y sí, llenaron.

Bonilla agradeció el trabajo de los operadores del evento, en especial a José Jordán, pero más agradeció que no haya pegado acá el efecto Chihuahua en Juárez, al menos por ahora.

Deben colocarse desde ya las vacunas respectivas contra la división.

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La aprobación por el Senado de la denominada Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, esta -aún sin publicarse y entrar en vigencia hasta ayer- y seguirá en discusión por su repercusión en el bolsillo de todos.

Tiene el afán de modernizar la forma en que pagamos por los servicios y productos, pero permite la discrecionalidad al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, decir qué se puede pagar en “efe” y qué por tarjeta.

Olvidan que limitar el uso de billetes y monedas para comprar gasolina está eliminando el poder liberatorio ilimitado que garantiza la Ley Monetaria. Con un billete de 500 puede comprarse lo que se desee sin restricción.

Además, darle esas facultades al titular de la SHCP es ponerlo por encima del Banco de México, que tiene la atribución constitucional de regular el sistema de pagos.

Hay más. Tampoco convence en la reforma recién autorizada en el Senado, que ahora los bancos metan sus narices en todas las transacciones por pequeñas que sean.

Y una última cuestión, de las muchas que se discuten en torno a la iniciativa autorizada por Morena y sus aliados, ¿qué va a pasar con el 58 por ciento de la población que está en la informalidad?, ¿serán excluidos del sistema de pagos?

No por nada el extitular de la PROFECO, Ricardo Sheffield, votó en contra de la propuesta, que ya fue enviada al escritorio de la presidenta Sheinbaum, porque él sabe que hay una afectación directa al consumidor.

Estos y otros puntos serán objeto de discusión en las próximas semanas.

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Esta semana fueron modificadas las reglas para cotizar y posteriormente recibir una pensión, bajo la Ley del IMSS de 1973 conocida como Modalidad 40.

Por ejemplo, alguien que ganaba 12 mil pesos mensuales podía buscar cotizar al máximo permitido durante sus últimas 250 semanas.

Si cumplía los demás requisitos, su pensión podía superar los 20 mil mensuales, sin que los hubiera devengado toda su vida laboral.

Con las nuevas reglas, se busca evitar esta desproporción porque, en realidad, los fondos para completar esas pensiones provienen de los impuestos que pagan todos los mexicanos, siendo una verdadera carga pública.

Pero el punto importante es que, en realidad, tanto el IMSS como el gobierno federal, se quedaron sin lana y parte de ese problema, es haber destruido el seguro popular y haber enviado a millones de mexicanos a ser atendidos por un instituto que apenas sí daba abasto a los derechohabientes formalmente establecidos.

Hoy México paga las consecuencias de esa decisión, tomada sin el concurso matemático y actuarial existente en gobiernos anteriores, pésele a quien le pese.