Un bloqueo de cuentas bancarias como el facultado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede impedir el pago de nóminas, proveedores o créditos, arriesgando empleos y negocios, dijo Ricardo Melgoza, investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Comentó que la determinación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado lunes 6 de abril fue sorpresiva tanto para los especialistas como para las organizaciones privadas, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Nos sorprendió a todos que la Suprema Corte autorizara a la Unidad de Inteligencia Financiera congelar las cuentas de aquellas empresas de las que tenga sospecha de que estén lavando dinero, como medida cautelar. ¿Y cuáles son las consecuencias?, que hay riesgo de insolvencia”, señaló.

En un comunicado anterior, la Coparmex aseguró que facultar a la UIF para congelar cuentas bancarias establece un precedente delicado para el Estado de derecho, con afectaciones. El profesor de la UACJ coincidió con la visión de la iniciativa privada, al considerar que es algo que resulta absurdo.

“Coparmex lo ha señalado y nosotros estamos completamente de acuerdo, que eso paraliza las operaciones comerciales de la empresa. Viola la presunción de inocencia, porque primero congelan las cuentas y luego hacen el juicio. Resulta absurdo, estamos dando pasos hacia atrás”, advirtió Melgoza.

Consideró que este tipo de determinaciones no ayudan en nada al crecimiento económico del país, al avivar la incertidumbre y ahuyentar la inversión. Subrayó que la tendencia económica ha bajado en los últimos años, por lo que seguir caminando en ese rumbo afecta más la expectativa.

“Esto no ayuda en nada al crecimiento económico, toda vez que en el 2023 crecimos solamente un 3.2 por ciento, que fue el mejor de los últimos años; en el 2024, bajó 1.2 por ciento y en 2025 0.8 por ciento, es decir, tenemos tres puntos de la gráfica descendente y eso nos marca una tendencia”, dijo.

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