Un vehículo robado en el suroeste de Estados Unidos, un conductor rumbo a El Paso y, al final del trayecto, el cruce hacia México. Esa es, según la Fiscalía federal, la ruta que siguieron decenas de autos y camionetas que acabaron al servicio de los cárteles. Este lunes, las autoridades presentaron los resultados de la Operación Southbound Takedown: 13 personas acusadas de transportar propiedad robada entre estados y hacia México.
El fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, anunció los cargos en una conferencia de prensa en El Paso, junto a representantes de Seguridad Nacional (HSI), el FBI y otras agencias. «A cualquiera que esté pensando en llevar vehículos robados a México: no lo haga», advirtió.
Según Simmons, las organizaciones criminales se aprovechan de las «ganas de dinero rápido» de quienes colaboran con ellas para ampliar actividades que incluyen tráfico de migrantes, extorsión, narcotráfico «e incluso asesinato». «Ya están advertidos», añadió.
La investigación comenzó en la primavera de 2026, cuando agentes y fiscales federales detectaron una tendencia: vehículos robados, tanto de particulares como de las principales empresas de renta de autos, que llegaban a manos de integrantes de organizaciones criminales en México. Según la acusación, los autos eran sustraídos en distintos puntos del suroeste del país, conducidos hasta El Paso y pasados al otro lado de la frontera. Allí, sostienen los fiscales, se usaban para «el negocio cotidiano» de cárteles que Washington ha designado como organizaciones terroristas.
Hasta ahora se han recuperado 29 vehículos, con un valor aproximado de 1,137,000 dólares. Entre ellos hay camionetas blindadas, según las imágenes difundidas por la Fiscalía. Las autoridades aseguran que el alcance de la pesquisa abarca tanto Estados Unidos como México.
«No son delitos patrimoniales aislados», afirmó Ryan G. McRae, agente especial a cargo de HSI en El Paso. A su juicio, los vehículos robados «demuestran un patrón alarmante» y sirven para sostener «las operaciones diarias de organizaciones criminales peligrosas». McRae aseguró que el trabajo continúa: «No vamos a detenernos aquí».
De los 13 acusados, 11 son ciudadanos estadounidenses. Kimberly Aguilar, acusada formalmente el 25 de marzo, y Marty Gerardo Jr., el 22 de julio, permanecen bajo custodia estatal. Otros 11 fueron acusados y detenidos entre el 22 de julio y el 19 de octubre. Nueve son ciudadanos estadounidenses: David Monarrez, Cesar David Diaz, Sinuhe Baltizar Lopez, Christopher Rene Reyes, Angel Antonio Flores, Aaron Fernando Luna-Evans, Amy Foote, James Dewey Garrett e Hilario Abraham Morales. Los otros dos son ciudadanos mexicanos: Pablo Frias, con tarjeta de residente permanente, y Pilar Bernabeth Mendez Rivas, con tarjeta de cruce fronterizo.
Todos enfrentan cargos por transporte interestatal de propiedad robada, delito que se castiga con hasta 10 años de prisión federal. La pena la fijará un juez después de considerar las guías federales de sentencia y otros factores legales. La Fiscalía recordó que una acusación formal es solo una imputación y que los acusados se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad.
La operación forma parte de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, creada a partir de la orden ejecutiva 14159, e incluye también a la ATF, la DEA, la Patrulla Fronteriza y Aduanas (CBP), el Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Policía de El Paso. [email protected]
