El ex congresista republicano Tony Gonzales, quien renunció esta primavera en medio de un escándalo sexual, ha enviado decenas de miles de dólares de su dinero de campaña a dos empresas creadas recientemente por su esposa, según una investigación del diario San Antonio Express-News basada en registros federales.
Entre abril y septiembre, la campaña de Gonzales y un comité de acción política (PAC) asociado reportaron pagos por 54,350 dólares a Adulting Consulting y Casagrande LLC, de acuerdo con los documentos presentados ante la Comisión Federal Electoral (FEC). Ambas compañías se registraron ante el Estado después de que Gonzales dejó el cargo.
Comparten el domicilio del comité de campaña en San Antonio, que parece ser una tienda UPS, y su esposa, Angel Gonzales, figura como administradora de las dos. Del total, 27,200 dólares salieron de Honor Courage Commitment, el comité de acción política del ex congresista.
Ninguna de las empresas parece tener sitio web, y en sus documentos de incorporación incluyen la misma descripción genérica de su actividad. En los informes ante FEC, la campaña consignó los pagos como “gestión de datos”, “cumplimiento” y “consultoría de cumplimiento”. Gonzales es el único candidato que ha reportado pagos a estas firmas.
La ley federal permite que los ex candidatos contraten empresas operadas por familiares, pero los servicios deben ser necesarios, legítimos y cobrados a tarifas comerciales habituales, explicó al diario Michael Beckel, director de reforma del dinero en la política del grupo apartidista Issue One. Usar fondos de campaña para fines personales es ilegal.
Beckel advirtió que descripciones como “consultoría de cumplimiento” o “almacenamiento” pueden seguir generando dudas sobre cómo se gastó realmente el dinero.
En una declaración sin firma, la campaña aseguró que el gasto cumple con la ley federal y habló de “gastos administrativos continuos” que incluyen requisitos de cumplimiento, almacenamiento y gestión de datos. No respondió a las preguntas sobre los servicios concretos que prestaron las dos empresas.
Jordan Libowitz, vocero de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), calificó de sospechoso que se pagara a dos compañías de la esposa por trabajos aparentemente similares, y que ambas nacieran tras la renuncia. “Nunca he visto un caso en el que se dieran estos pasos, sobre todo con ese calendario”, dijo.
La FEC declinó hacer comentarios. El organismo no tiene quórum para actuar ante posibles violaciones de las leyes de financiamiento electoral desde octubre de 2025. La campaña de Gonzales conserva 197,049 dólares en caja, y su comité de acción política, 200,106 dólares, según su más reciente informe de octubre.
Un escándalo que terminó en renuncia
Gonzales, quien llegó al Congreso en enero de 2021, dejó su escaño en medio de una condena bipartidista por su relación con Regina Santos-Avilés, su directora regional de Distrito, quien se quitó la vida en septiembre de 2025.
Los mensajes de texto que trascendieron a principios de este año mostraban que el legislador la buscaba cuando ella trabajaba en la oficina de Uvalde; según el abogado del esposo de la mujer, que revisó los mensajes, se trataba de textos sexuales enviados en 2024.
En noviembre pasado, Gonzales había calificado como “completamente falsos” los rumores sobre una relación, pero después admitió el romance en un podcast y renunció a buscar la reelección.
Más tarde otra ex trabajadora presentó mensajes que, según ella, mostraban que la había acosado en 2020. Gonzales ha sostenido que no tuvo nada que ver con la muerte de Santos-Avilés, aunque familiares de ella afirman que el romance condujo finalmente a su fallecimiento.
Desde su salida, el ex congresista se ha mantenido fuera de la vista pública y no está claro si tiene otro empleo. Su esposa ha mantenido un perfil discreto y no ha comentado públicamente el escándalo ni la renuncia. Gonzales ha dicho que ella sirvió ocho años en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y que después fue oficial comisionada de la Reserva Naval.
Un distrito vacante en plena contienda
Gonzales representaba el distrito más grande de Texas, que se extiende desde el Este del Condado de El Paso hasta el Oeste de la ciudad de San Antonio. La curul está vacante desde su renuncia y forma parte de la disputa de las elecciones intermedias entre el republicano Brandon Herrera y la demócrata Katy Padilla Stout.
El caso reabre el debate sobre un resquicio legal que algunos legisladores quieren cerrar.
En 2023, el congresista republicano Pat Fallon presentó una iniciativa para prohibir que los candidatos paguen a familiares por servicios a sus campañas. La propuesta ganó impulso entre algunos republicanos tras reportes de que la demócrata Maxine Waters, de California, pagaba a una empresa de su hija, pero nunca llegó a votarse.
“Estados Unidos está harto de candidatos turbios que hacen campaña para enriquecerse a sí mismos y a sus familias”, dijo entonces Fallon en X.
