Washington– Tras concluir los argumentos orales este jueves, un panel de jueces federales determinará el futuro de un programa que ha protegido de la deportación a más de medio millón de inmigrantes sin estatus legal permanente que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, quienes son conocidos como “dreamers”.

El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que tiene 12 años de existencia y que fue diseñado como una medida temporal durante la administración de Obama mientras el Congreso aprobaba un camino hacia la ciudadanía, ha estado atrapado en una larga batalla legal desde que la administración de Trump intentó ponerle fin.

Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de la organización de jóvenes inmigrantes United We Dream, declaró que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos debería rechazar la “demanda infundada” presentada por Texas y otros estados.

“Los beneficiarios de DACA han resistido más de una década de ataques por parte de funcionarios violentos y antiinmigrantes, y han mantenido a DACA vivo gracias a su coraje y resiliencia”, dijo Rosas. “Insto al presidente (Joe) Biden y a todos los funcionarios electos a tratar este momento con la urgencia que requiere y a tomar acciones rápidas y audaces para proteger a todos los inmigrantes de una vez por todas”.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones escuchó los argumentos orales en favor del programa por parte del Departamento de Justicia, el estado de Nueva Jersey y un grupo de derechos de inmigración, todos defendiendo la legalidad de la norma final de la administración Biden de 2021 para codificar el programa. El año pasado, el Tribunal de Distrito del Sur de Texas lo declaró ilegal y permitió que los beneficiarios actuales de DACA siguieran renovando su estatus, pero prohibió la aceptación de nuevas solicitudes.

El Departamento de Justicia y los demás argumentaron ante los jueces de apelación tres puntos: cuestionan si el estado de Texas tiene legitimación para demostrar que fue perjudicado por DACA, si la regulación es legal dentro de la autoridad presidencial y si el tribunal de primera instancia tenía la autoridad para imponer una orden judicial a nivel nacional sobre el programa.

Los jueces son Jerry Edwin Smith, nombrado por el ex presidente Ronald Reagan; Edith Brown Clement, nombrada por el ex presidente George W. Bush; y Stephen A. Higginson, nombrado por el ex presidente Barack Obama. El 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans, cubre Louisiana, Texas y Mississippi, y suele emitir fallos conservadores.

Joseph N. Mazzara, que argumentó en nombre del estado de Texas, afirmó que DACA perjudica al estado debido a los “costos financieros en educación y atención médica” que genera. Señaló que el fin de DACA probablemente llevaría a los beneficiarios a deportarse voluntariamente y “regresar a su país de origen”, lo que aliviaría los costos financieros de Texas.

Podría tomar semanas o meses para que se emita un fallo, que probablemente llegará hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, dejando el destino de DACA en manos de la próxima administración.

En una declaración sobre los argumentos orales del jueves, la vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial demócrata, criticó al candidato republicano, el ex presidente Donald Trump, por “atacar a los jóvenes que crecieron jurando lealtad a Estados Unidos”.

“Independientemente del resultado de este caso, debemos tener muy claro lo que está en juego en esta elección”, dijo Harris. “Donald Trump intentó acabar con DACA una vez, y si se le da la oportunidad, no descansará hasta tener éxito”.

En 2020, la Corte Suprema revocó la decisión de la administración Trump de poner fin al programa, pero sólo porque la Casa Blanca no siguió el procedimiento adecuado. El tribunal no se pronunció sobre si el programa en sí era legal o no.

Legitimación de los estados

Brian Boynton, quien argumentó en nombre de la administración Biden, sostuvo que los ocho estados que demandaron, junto con Texas, no tienen legitimación, ya que no demostraron ningún daño causado por DACA. Los otros estados que desafían a DACA son Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi.

“Cualquier persona en el estado de Texas, ciudadano o no, tiene derecho a los mismos tipos de servicios, servicios de atención médica de emergencia y educación pública K-12”, dijo. “No es una situación en la que sólo alguien con DACA tenga derecho a los servicios”.

Boynton pidió al panel que mantuviera la política del juez de Distrito Andrew Hanen de mantener DACA para los beneficiarios actuales –unas 535,000 personas– si el tribunal decide invalidar el programa mientras DACA continúa sometido al proceso de apelaciones.

Hanen falló en 2021 que DACA era ilegal, determinando que la administración Obama excedió su autoridad presidencial al crear el programa. Permitió que los beneficiarios actuales continuaran, pero prohibió que el Gobierno federal aceptara nuevos solicitantes.

Se estima que hay 95,000 solicitantes bloqueados debido a esa orden, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

La administración Biden luego siguió el proceso formal de creación de reglas, que Hanen revisó y nuevamente consideró ilegal, lo que provocó la apelación ante los tres jueces.

Boynton argumentó en contra de una orden judicial a nivel nacional para que los beneficiarios de DACA puedan solicitar el programa.

“Con respecto a la idoneidad de las órdenes judiciales a nivel nacional, está muy claro que una orden judicial debe redactarse de manera limitada para proporcionar un remedio sólo a la parte que ha sido lesionada, y aquí esa parte sería Texas”, dijo.

Nina Perales, del Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), argumentó que Texas está incluyendo en sus costos a los estudiantes de las escuelas K-12 que no pueden ser beneficiarios de DACA, ya que éstos tienen más de 18 años y han dejado de calificar para el programa.

Perales también abordó el argumento de los costos de atención médica de Texas y dijo que el estado no mostró los costos de salud incurridos sólo por los beneficiarios de DACA.

“Texas señala el gasto en atención médica para toda la población inmigrante indocumentada, según lo estima Texas”, dijo. “No sólo los beneficiarios de DACA”.

“Se ha entendido ampliamente que los beneficiarios de DACA en general proporcionan un beneficio neto a su estado”, añadió.