México, el principal socio comercial de Estados Unidos, se enfrenta a un panorama económico incierto tras la reciente aprobación de una reforma judicial y la intención declarada de la presidenta electa de fortalecer relaciones con China y Rusia.

Estos movimientos políticos están generando preocupación tanto dentro como fuera del país, mientras los pronósticos económicos muestran señales de desaceleración.

Así lo señala un análisis publicado por dos expertos fronterizos en la economía binacional, quienes consideran que los cambios a la independencia del Poder Judicial representan un “golpe” a la economía mexicana, con una prognosis pesimista para el resto del año y para el siguiente.

De acuerdo con el último informe del Proyecto de Modelado Fronterizo de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México se ha reducido a un 1.5%, mientras que el crecimiento del consumo se ha recortado al 1.9%, y el de la inversión total ha disminuido al 2.8%. Estos datos reflejan una pérdida de confianza en el desempeño económico futuro del país.

La inflación para este trimestre se estima en un 4.7%, y se espera que el valor del peso mexicano caiga a 20.46 por dólar estadounidense, según la investigación.

Estos indicadores han encendido alarmas en los mercados financieros, ya que la estabilidad económica del país parece tambalearse.

Los investigadores económicos de UTEP, Thomas M. Fullerton Jr. y Steven L. Fullerton, destacan que “la incertidumbre económica ha alcanzado niveles pocas veces observados en México. La independencia del Poder Judicial podría estar al borde de desaparecer, al menos parcialmente”. Este escenario ha llevado a que las expectativas de crecimiento para 2024 y 2025 sean considerablemente más pesimistas.

El trasfondo de esta incertidumbre radica en la reforma judicial aprobada por el Senado mexicano, liderado por el partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador. La enmienda constitucional, ratificada rápidamente por 17 de las 32 legislaturas estatales, establece que unos 7,000 jueces federales serán elegidos por voto popular, en lugar de ser designados y evaluados como hasta ahora. López Obrador firmó la ley justo antes de las celebraciones del Día de la Independencia de México.

Este cambio ha generado preocupación entre los líderes empresariales y analistas políticos, quienes temen que la reforma debilite la capacidad de frenar órdenes ejecutivas, expropiaciones y apelaciones contra decisiones económicas del Gobierno. La independencia judicial, vista como un pilar de la estabilidad económica y política, podría verse comprometida, generando un ambiente de mayor volatilidad.

Por si fuera poco, señala el informe, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ha manifestado su intención de acercar a México a Moscú y Pekín, lo que ha encendido alarmas en Washington y Ottawa, en relación con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El acuerdo comercial, clave para las economías de los tres países, será revisado el 1 de julio de 2026, momento en que las partes deberán confirmar si desean continuar con el tratado.

López Obrador, el arquitecto populista de la controversial reforma judicial, se retirará del cargo a fin de mes después de seis años en el poder. Sin embargo, según los investigadores de UTEP, “incluso después de que Sheinbaum asuma el cargo el 1 de octubre, es probable que los episodios de inestabilidad en los mercados financieros continúen”.

Cambio monumental

El jueves de la semana pasada se produjo un cambio histórico en México cuando la mayoría de sus 32 estados aprobaron una amplia modificación al sistema judicial del país. En un cambio monumental, miles de jueces –desde los juzgados locales hasta la Suprema Corte de Justicia– serán elegidos en lugar de nombrados.

La medida podría dar lugar a una de las revisiones judiciales de mayor alcance que se hayan llevado a cabo en cualquier gran democracia y ya ha provocado una profunda división en México.

Sin embargo, la aprobación de la ley era prácticamente un resultado inevitable el jueves, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su intención de publicar el proyecto el domingo, en vísperas del Día de la Independencia de México.

“Es una reforma importantísima”, dijo López Obrador, cuyo mandato de seis años termina el 30 de septiembre, durante su conferencia de prensa diaria. “Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes”.

El presidente saliente y su partido Morena han defendido el rediseño del sistema judicial como una forma de reducir la corrupción, el tráfico de influencias y el nepotismo y brindar a los mexicanos una mayor voz. La sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, asumirá el cargo el 1 de octubre y ha respaldado plenamente el plan.

Sin embargo, trabajadores del sector judicial, jueces, juristas y líderes de la oposición sostienen que no abordaría adecuadamente cuestiones como la corrupción y, en cambio, reforzaría el movimiento político de López Obrador.

Con la sombra de la incertidumbre política y económica cerniéndose sobre México, muchos se preguntan si el país logrará mantener su estabilidad en los próximos años o si las recientes decisiones marcarán el inicio de una era de mayor inestabilidad. La respuesta, parece, sólo el tiempo la dará.