Las Cruces, NM.- Agentes Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron el 24 de abril de 2025 a Nancy Cano, esposa del exjuez magistrado Joel Cano, en un operativo relacionado con la presencia en su domicilio de Cristhian Ortega-López, un inmigrante venezolano de 23 años presunto miembro de la banda Tren de Aragua. Ortega-López ya había sido arrestado el 28 de febrero tras un allanamiento, acusado de ser un “extranjero ilegal” en posesión de un arma de fuego y municiones​.

La investigación federal comenzó tras recibir una pista anónima sobre la vivienda de los Cano, donde se sospechaba que Ortega-López, ingresado ilegalmente a Estados Unidos en diciembre de 2023, residía con otras personas indocumentadas y en posesión de armas.

Antecedentes del caso

Según documentos judiciales, Ortega-López conoció a Nancy Cano mientras realizaba trabajos de mantenimiento en una casa de la región. El sospechoso declaró que instaló una “puerta de cristal” para Nancy en El Paso (Texas) y luego siguió haciendo pequeños arreglos para ella​.

Al ser desalojado en abril de 2024 de un apartamento donde vivía, Nancy Cano le ofreció quedarse en una pequeña vivienda auxiliar (“casita”) en el terreno de la casa que compartía con su esposo, el juez Cano.

En ese período, los investigadores obtuvieron fotografías del venezolano cenando con la familia Cano y posando con armas de fuego. Ortega-López admitió que algunas de esas armas eran propiedad de April Cano –hija de Joel y Nancy–, quien le permitía sostenerlas y, según documentos, dispararlas ocasionalmente..

En enero de 2025, agentes de Homeland Security Investigations (HSI) iniciaron la pesquisa luego de identificar indicios de vínculos del sospechoso con el Tren de Aragua, una poderosa red criminal venezolana.

Las autoridades federales ejecutaron el 28 de febrero dos órdenes de registro en la casa de los Cano (propiedad a nombre de Joel y Nancy) y en la vivienda de April Cano. En esos allanamientos se detuvo a Ortega-López y a sus compañeros de residencia. Según los reportes, los agentes incautaron cuatro armas de fuego en la casa de April Cano​e, además de municiones y teléfonos móviles con contenido relevante para la investigación. El inventario del registro federal incluyó varios teléfonos celulares, documentos y computadoras portátiles, lo que refleja el carácter conjunto de la pesquisa migratoria y penal.

Operativo del ICE y consecuencias para la carrera judicial

El operativo de ICE y HSI se produjo cuando Joel Cano ya había anunciado su renuncia al cargo de juez magistrado del condado Doña Ana. Cano presentó una carta de dimisión con fecha 3 de marzo de 2025, aunque no explicó públicamente su motivo, días después de haber sido registrada su residencia en Las Cruces​. El 23 de abril, el Tribunal Supremo de Nuevo México emitió una orden disciplinaria inédita: declaró que Cano “no puede volver a ocupar un cargo judicial, ser candidato a un cargo judicial y no puede ejercer ninguna autoridad judicial en el estado, incluido oficiar bodas”.

Así, se le inhabilita de por vida para ejercer funciones como juez en Nuevo México, con lo que se pone fin a la carrera judicial del ahora exmagistrado, quien ocupaba el puesto desde 2011.

Situación legal actual de Nancy Cano

Durante el operativo del 24 de abril, los agentes también arrestaron a Nancy Cano en el lugar Un portavoz de ICE confirmó que ambos fueron detenidos como parte de la investigación en curso liderada por HSI. Según las autoridades, tanto Joel como Nancy Cano enfrentan cargos federales por posible manipulación de pruebas en el caso​.

Por el momento no se han formulado cargos migratorios públicos contra Nancy Cano, pero su detención indica que las autoridades revisan su estatus migratorio. En contraste, HSI informó que Ortega-López permanecerá bajo custodia federal y, una vez concluyan las diligencias judiciales, será procesado por las violaciones de inmigración detectadas.

Este caso ha suscitado inquietud en Nuevo México debido a las implicaciones de seguridad y las posibles negligencias familiares. La investigación continúa abierta, y las autoridades prometen anunciar más detalles conforme avancen las pesquisas sobre las actividades del presunto pandillero y la responsabilidad que puedan tener terceros en el caso.