Un nuevo estudio realizado por la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) desmiente una de las narrativas más persistentes y politizadas en el debate migratorio de Estados Unidos: los migrantes –particularmente los indocumentados– presentan un riesgo criminal menor que los ciudadanos estadounidenses nacidos en el país.
La investigación, financiada por el Instituto Nacional de Justicia y presentada el 17 de abril ante la Corte de Comisionados del Condado de El Paso, examinó datos de miles de ingresos a la Cárcel del Condado y reveló que los inmigrantes están significativamente subrepresentados en el sistema penitenciario local, en comparación con su presencia en la comunidad.
“Estos hallazgos son más importantes que nunca, especialmente en un contexto donde se ha utilizado el miedo a los inmigrantes como herramienta política”, afirmó el comisionado del Condado, David Stout, durante la presentación del informe.
Menor riesgo, menos delitos graves
El estudio, titulado “Factores criminógenos entre inmigrantes en la región fronteriza entre Estados Unidos y México”, fue realizado por el Departamento de Psicología de UTEP, en colaboración con la Oficina del Sheriff y la Coordinación de Justicia Penal del Condado de El Paso. El análisis se dividió en dos partes: una revisión de 5,175 ingresos consecutivos a las cárceles del Condado y una evaluación estructurada a una muestra de 273 personas detenidas.
Entre los hallazgos del primer análisis, los investigadores encontraron que los inmigrantes representaron sólo el 15% de los ingresos a la cárcel, a pesar de constituir el 23% de la población local. También se determinó que las personas inmigrantes enfrentaban cargos menos graves que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Además, sus puntajes en evaluaciones de riesgo preprocesal eran consistentemente más bajos, lo que indica una menor probabilidad de reincidencia. Los inmigrantes eran también menos propensos a estar bajo supervisión judicial o a tener antecedentes de delitos violentos o graves, y era más frecuente que vivieran en hogares estables.
En el segundo análisis, centrado en personas indocumentadas, se encontró que sus niveles de riesgo criminógeno –es decir, la probabilidad de cometer delitos– eran más bajos que los de los ciudadanos estadounidenses en la mayoría de los casos. Sin embargo, los encuestados indocumentados sí reportaron mayores dificultades en áreas como educación y empleo. Un hallazgo relevante fue que una orientación cultural más fuerte hacia México se relacionaba con menores niveles de factores criminógenos.
Una respuesta punitiva y costosa
Los investigadores advirtieron también que políticas como Operación Lone Star, impulsada por el estado de Texas para reforzar la vigilancia migratoria mediante arrestos masivos y patrullajes intensivos, podrían estar teniendo un efecto negativo. La operación ha generado costos millonarios para el Condado de El Paso –obligado a encarcelar a miles de personas detenidas bajo el programa– y ha provocado persecuciones vehiculares a alta velocidad que han resultado en muertes tanto de migrantes como de civiles.
A pesar de la magnitud del operativo, los investigadores señalaron que no se ha observado una disminución en los delitos callejeros, ni un cambio en los precios o la disponibilidad de drogas. “Estamos criminalizando a personas por su perseverancia al tratar de llegar a Estados Unidos. Ellos no son el problema”, declaró el comisionado Stout. “El problema es un sistema migratorio roto, una respuesta militarizada y una campaña de décadas para demonizar a los inmigrantes”.
Contra la retórica, los datos
Aunque el estudio aún está en proceso de revisión para su publicación oficial, sus conclusiones representan un fuerte cuestionamiento a la idea de que los inmigrantes representan una amenaza para la seguridad pública.
“Las políticas que limitan la inmigración –en particular desde México– bajo el argumento de que los inmigrantes son propensos al crimen son equivocadas”, escribieron los investigadores en su resumen ejecutivo. “Los datos muestran lo contrario”.
En un entorno político cargado de emociones y desinformación, los autores del estudio, junto con funcionarios del Condado, apelan a que el debate migratorio se guíe por evidencia y no por estigmas. “Los hechos son claros”, subrayó Stout. “Lo trágico es que las emociones han nublado el interés racional que debería llevarnos a dar la bienvenida a quienes llegan”.
