Rosario Navarro-Sánchez, alias “Chayo”, la primera mexicana en ser acusada de narcoterrorismo en Estados Unidos, no sólo coordinaba el tráfico de metanfetaminas y fentanilo a través de los puertos de entrada de El Paso. Las autoridades federales afirman que también pactó, desde territorio estadounidense, la compra de armamento de alto poder para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en complicidad con un residente de esta ciudad fronteriza.
Según documentos judiciales y reportes oficiales del Departamento de Justicia, “Chayo” –como era conocida en los círculos criminales– mantenía una operación binacional que va más allá del tráfico de drogas: su red facilitaba la adquisición de armas de fuego, incluyendo rifles semiautomáticos y municiones, con destino a uno de los cárteles más violentos de México.
El caso, presentado formalmente el 15 de mayo de 2025 en una Corte federal de El Paso, detalla cómo Navarro-Sánchez trabajaba con un ciudadano estadounidense que le ayudaba a adquirir el armamento en tiendas legales o mediante intermediarios.
Las armas luego eran ocultadas y transportadas hacia México a través de los cruces internacionales de Ysleta y Bridge of the Americas, rutas frecuentemente utilizadas por contrabandistas.
Narcoterrorismo: acusación sin precedentes para una mexicana
La acusación de narcoterrorismo contra Rosario Navarro-Sánchez marca un punto de inflexión en la forma en que las autoridades estadounidenses clasifican las actividades de los cárteles mexicanos. Esta figura legal, poco utilizada, permite procesar a miembros de organizaciones criminales cuando sus actos son considerados como amenazas directas contra la seguridad nacional.
En este caso, la acusación se basa en su papel como coordinadora de la distribución de fentanilo –una droga sintética que ha causado una crisis sanitaria en Estados Unidos– y en su intento por armar al CJNG, grupo que ha sido señalado por actos de violencia extrema, como emboscadas a fuerzas de seguridad y ataques con drones explosivos.
Según el Departamento de Justicia, “Navarro-Sánchez operaba con plena conciencia del impacto letal de sus actividades en ambos lados de la frontera”.
Los agentes federales lograron interceptar mensajes y llamadas entre ella y su contacto paseño, en las que se discutían precios, calibres, cantidades y fechas de entrega.
El paseño y la red que apenas se destapa
Las autoridades aún no han revelado la identidad del colaborador estadounidense que participó en la adquisición de armas. Sin embargo, el testimonio de varios agentes involucrados en la operación indica que no se trataba de un hecho aislado. “Estamos investigando una posible red de abastecimiento de armas dentro de Texas que habría facilitado equipo bélico a más de un cártel mexicano”, dijo un funcionario del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) bajo condición de anonimato.
En la investigación participan múltiples agencias federales, incluyendo el FBI, la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que revela la magnitud de la amenaza detectada. Se teme que esta red binacional haya operado durante al menos dos años sin ser detectada.
El arresto de Navarro-Sánchez es apenas el primer golpe público, pero los fiscales advierten que uno “secundario” en este caso puede tener un alcance mucho mayor: más detenciones, cargos adicionales y hasta acusaciones de conspiración contra ciudadanos estadounidenses que colaboraron –intencional o negligentemente– con cárteles mexicanos.
De ‘Chayo’ al CJNG: armas y droga cruzando por El Paso
De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, la operación que llevó al arresto de Rosario Navarro-Sánchez forma parte de un esfuerzo conjunto para frenar el flujo ilegal de armas desde el Norte hacia el Sur, así como el ingreso de opioides sintéticos al mercado estadounidense.
“Navarro-Sánchez desempeñaba un rol estratégico al usar su posición geográfica para mover drogas al Norte y armas al Sur”, explicó un comunicado oficial. La metanfetamina y el fentanilo eran transportados desde México hacia Estados Unidos, mientras que rifles semiautomáticos, pistolas de alto calibre y cargadores extendidos cruzaban la frontera en sentido contrario.
El caso también subraya la importancia del puerto de entrada de El Paso como un punto crítico en la seguridad fronteriza. Aunque tradicionalmente ha sido uno de los cruces más vigilados, la sofisticación de las operaciones del CJNG y sus contactos en ambos lados de la frontera han permitido eludir los controles oficiales.
La secuela: ¿cuántos más?
“Pero con esto sale la secuela”, advierten agentes federales. La acusación contra Navarro-Sánchez no sólo busca llevarla a juicio por delitos graves, sino que también abre la puerta a nuevas líneas de investigación sobre la colaboración de ciudadanos estadounidenses con grupos criminales extranjeros.
El Departamento de Justicia confirmó que ya existen más órdenes de aprehensión en curso y que el caso de “Chayo” podría ser el primero de varios que se presenten en los próximos meses en Texas y otros estados fronterizos.
Mientras tanto, la detenida permanece bajo custodia federal sin derecho a fianza. Su primera audiencia formal está programada para finales de mayo. De ser declarada culpable de narcoterrorismo, podría enfrentar cadena perpetua.
