Mientras los gobiernos locales de El Paso debaten si pueden restringir los centros de detención de inmigrantes dentro de sus límites jurisdiccionales, un megacentro planificado en el extremo este del condado de El Paso ya pone de manifiesto las limitaciones del control local.
El centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se construirá dentro de los límites de la ciudad de Socorro forma parte del nuevo modelo de centros de detención de la administración Trump, valorado en 38 mil 800 millones de dólares, que contempla ampliar la capacidad de detención a casi 93 mil camas. Para ello, el Departamento de Seguridad Nacional busca convertir almacenes existentes en 16 centros de procesamiento regionales con capacidad para hasta mil 500 detenidos cada uno, además de otros ocho megacentros con capacidad para hasta 10 mil detenidos.
El de El Paso está previsto que sea uno de los megacentros, con una capacidad estimada de 8 mil 500 detenidos.
Los gobiernos municipales, del Condado y de la Ciudad de Socorro han adoptado resoluciones oponiéndose formalmente al megacentro de detención planificado, pero han tenido poco éxito en encontrar vías legales y regulatorias para bloquearlo, así como futuras instalaciones.
El lunes, el Ayuntamiento de El Paso votó por unanimidad para instruir al abogado y al administrador municipal a continuar evaluando la normativa de zonificación de la ciudad, con la esperanza de que pueda bloquear o ralentizar las nuevas operaciones de detención del ICE. El 6 de abril, la Corte de Comisionados del Condado de El Paso presentó una demanda contra el ICE por supuestamente no responder a una solicitud de la Ley de Libertad de Información relacionada con los planes para construir el centro de detención, incluyendo si el gobierno federal realizó el estudio ambiental requerido.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a la solicitud de comentarios de El Paso Matters. Sin embargo, con el reciente cambio de liderazgo en el DHS, algunos planes podrían estar en suspenso.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien juró su cargo para reemplazar a Kristi Noem el 24 de marzo, está revisando los planes para transformar almacenes en centros de detención, suspendiendo la compra de nuevas instalaciones y examinando minuciosamente los contratos previamente aprobados.
Durante sus audiencias de confirmación el mes pasado, Mullin señaló que la mayoría de los municipios no cuentan con la infraestructura necesaria para el tratamiento de residuos y agua. “Por lo tanto, es importante que dialoguemos con las comunidades y, si surgen necesidades adicionales, podemos colaborar con las ciudades”, afirmó en la audiencia.
Esto es lo que deben saber sobre las acciones que pueden tomar los municipios con respecto a los centros de detención:
Ciudades no pueden bloquear centros de detención federales
Según la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, las agencias federales como ICE y el Departamento de Seguridad Nacional no suelen estar sujetas a las normas locales de zonificación o permisos cuando operan en terrenos de propiedad federal.
En El Paso, el DHS adquirió tres almacenes por 123 millones de dólares, por lo que es propietario absoluto.
Los contratistas privados o los propietarios que alquilan espacio al Gobierno federal suelen estar sujetos a los requisitos e inspecciones del código local, a menos que se aplique una exención federal específica.
Gobiernos locales conservan cierta influencia
Incluso con estas limitaciones, las ciudades y los condados no están indefensos.
La ley federal exige que las agencias consulten con los funcionarios locales y consideren las regulaciones locales “en la mayor medida posible”. Sin embargo, no exige que el Gobierno federal siga las recomendaciones locales.
Los centros de detención dependen de la infraestructura local —incluidos agua, alcantarillado, electricidad y servicios de emergencia—, lo que otorga a los gobiernos locales cierta influencia sobre la viabilidad de los proyectos.
Podría depender de la infraestructura
La instalación propuesta en el extremo este del condado de El Paso ya enfrenta interrogantes sobre si la zona cuenta con suficiente agua e infraestructura para albergar un centro de detención de gran tamaño.
El sitio donde se planea construir el centro de detención recibe servicio del Distrito de Agua del Valle Bajo (LVWD), que tiene un contrato con El Paso Water.
Si bien ninguna de las entidades puede negar el servicio del gobierno federal, sí pueden cobrarle el costo de la infraestructura. Funcionarios del LVWD han indicado que prevén tener que instalar un gran tanque de agua en la propiedad del centro de detención para almacenar agua, cuyo costo tendría que ser cubierto por el Gobierno federal.
Otras ciudades donde se planean centros de detención también han expresado su preocupación por el suministro de agua, la capacidad del alcantarillado y los servicios de emergencia.
La ubicación es crucial
Si bien el Ayuntamiento de El Paso y la Corte de Comisionados están investigando posibles restricciones, el megacentro de detención no está planificado dentro de la jurisdicción de ninguno de ellos.
El nuevo centro planificado, ubicado cerca de Gateway Boulevard East, cerca de Clint, se encuentra dentro de los límites de la ciudad de Socorro, en lo que actualmente es una zona industrial.
En este caso, la Ciudad o el Condado de El Paso tendrían poco margen de maniobra en cuanto a zonificación u otras regulaciones. En cambio, ambos gobiernos se centran en bloquear cualquier futuro centro de detención de inmigrantes dentro de sus jurisdicciones.
Exploran formas de oponerse
En todo el país, incluyendo Texas, los gobiernos locales están implementando diversas estrategias para resistir la construcción de nuevas instalaciones del ICE:
• Aprobación de moratorias para nuevos centros de detención privados.
• Aplicación de normas de zonificación y códigos en propiedades privadas arrendadas al ICE.
• Presentación de demandas ambientales por impactos en el agua y la infraestructura.
• Restricción del uso que los agentes federales pueden hacer de terrenos municipales.
Otras entidades han demandado al Gobierno federal para intentar detener proyectos similares, incluyendo Maryland y Nueva Jersey.
En Maryland, un juez federal emitió una orden de restricción contra el DHS, la cual fue posteriormente extendida, paralizando la construcción por preocupaciones sobre daños ambientales. El Gobierno prometió realizar un análisis ambiental. La demanda en Nueva Jersey argumenta que el sitio propuesto para el centro de detención es inadecuado, citando infraestructura deficiente de agua y alcantarillado. También argumenta que el gobierno no realizó evaluaciones ambientales.
Algunos esfuerzos han retrasado o modificado proyectos, pero se espera que muchos enfrenten desafíos legales, y los tribunales aún están decidiendo hasta dónde puede llegar la autoridad local.
Centros de detención de ICE en El Paso
El Paso no es ajeno a los centros de detención de inmigrantes.
El Gobierno federal administra un centro de tiendas de campaña en el extremo noreste de El Paso, inaugurado en enero de 2023 como centro de procesamiento para la Patrulla Fronteriza, con el fin de gestionar la afluencia de migrantes que llegaban a la frontera en ese momento. El centro fue transferido a ICE para su uso como área de descongestión de detenciones y preparación para vuelos de deportación en marzo de 2025.
El Centro de Detención de East Montana, conocido como Campamento East Montana, abrió sus puertas en terrenos de Fort Bliss en agosto de 2025 y se espera que albergue hasta 5 mil detenidos. ICE reemplazó recientemente a los operadores del centro tras varios informes de violaciones de derechos humanos e incumplimiento de las normas de detención.
El Centro de Procesamiento de ICE en El Paso, ubicado en 8915 Montana Ave., cerca del Aeropuerto Internacional de El Paso, abrió sus puertas en 2007 y funciona como centro de detención a largo plazo, donde se llevan a cabo trámites judiciales de inmigración y deportaciones. Este centro también ha sido objeto de escrutinio por presuntas violaciones de derechos humanos.
Además, el Departamento de Salud y Servicios Humanos operó albergues de emergencia para niños migrantes, incluyendo el controvertido campamento para menores no acompañados en Tornillo, en el extremo este del condado de El Paso, entre 2018 y 2019, y otro centro para niños migrantes en Fort Bliss entre 2021 y 2022.
