Las Cruces, NM— El viernes de la semana pasada fue una jornada de resultados mixtos para las comunidades fronterizas y los ambientalistas que se oponen a la construcción del muro fronterizo.

Un juez detuvo la construcción del muro en el sector Big Bend de Texas, que incluye parques nacionales y estatales, en un fallo sin precedentes.

Por otra parte, un caso en Nuevo México sufrió un revés: el Gobierno federal anunció el viernes que pretende eximir al muro del Código de Aguas de Nuevo México para allanar el camino a la perforación continua en la frontera.

Esto ocurre mientras cuadrillas de construcción en cuatro estados se apresuran a levantar muros financiados con más de 46,000 millones de dólares (unos 828,000 millones de pesos) de fondos federales, una de las principales prioridades del presidente Donald Trump.

El proyecto ha provocado numerosas demandas, entre ellas una por los planes que la administración anunció el verano pasado de construir el muro junto a un sitio sagrado en Sunland Park, el Monte Cristo Rey.

El Estado de Nuevo México demandó al Gobierno federal y a sus contratistas del muro fronterizo el 26 de agosto, acusándolos de uso ilegal de agua y de perforaciones repetidas sin permisos estatales.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos ha dicho que se necesita agua para producir concreto, construir caminos y controlar el polvo durante la construcción del muro. El estado busca una orden judicial y el reembolso del agua utilizada ilegalmente.

Ni CBP ni los contratistas señalados como demandados en el caso –Barnard Construction Company, Wyatt Drilling y Cascade Drilling– respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de The New Mexican el martes.

Nat Chakeres, asesor jurídico general de la Oficina del Ingeniero Estatal, afirma que la exención del Gobierno de Estados Unidos del viernes, que además buscó trasladar el caso de un tribunal estatal a uno federal, es inconstitucional. Y su oficina pretende combatirla.

“El agua de Nuevo México es propiedad del público para que particulares la aprovechen. Eso está en nuestra Constitución, y el Gobierno federal aceptó esa Constitución cuando nos convertimos en estado”, dijo Chakeres en una presentación ante legisladores estatales en una reunión del Comité de Tribunales, Correccionales y Justicia en la Universidad Estatal de Nuevo México el martes.

Chakeres agregó que la exención no sólo viola la Constitución estatal, sino que atenta contra la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que otorga derechos a los estados.

“Deja ver lo escandaloso que es este abuso de poder en el Gobierno federal en este momento”, dijo sobre la exención la representante estatal Tara Luján, demócrata por Santa Fe, en la reunión del martes.

CBP aceptó dejar de perforar nuevos pozos el 3 de agosto, después de que rancheros y legisladores expresaran su preocupación por pozos no autorizados en las cuencas de Mimbres, Hachita y el bajo Río Grande. Señalaron que desviar agua subterránea para producir concreto para el muro fronterizo podría poner en peligro a sus animales en una región de por sí árida.

Pero la Oficina del Ingeniero Estatal encontró que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sigue usando al menos tres pozos perforados ilegalmente. “No nos dicen cuánta agua están bombeando, pero vamos a revisar sus medidores y a hacer lo posible por estimarlo”, dijo Chakeres.

Según la Oficina del Ingeniero Estatal, la cifra asciende a cientos de acres-pie (cada acre-pie equivale a unos 1,233 metros cúbicos) en zonas con escasez de agua.

Chakeres agregó que los contratistas del muro también compraron agua de pozos ganaderos que no tienen permiso para venta comercial.

Según Chakeres, el Gobierno federal obtuvo nuevos permisos de pozos y adquirió agua de manera legal para construir el muro durante la primera Administración de Trump. Pero para su “barrera secundaria” de este año, los contratistas retiraron sus solicitudes de permisos estatales después de que el Departamento de Seguridad Nacional se los ordenara.

En el documento presentado el viernes, el departamento defendió la decisión de eximir al muro del Código de Aguas de Nuevo México, al afirmar que el Gobierno federal es independiente del control estatal conforme a la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos.

El Gobierno federal también sostiene que, como los pozos se ubican dentro de la Reserva Roosevelt, una franja de terreno federal en la frontera, deben estar exentos de la ley estatal. Sin embargo, Chakeres tiene reparos con ese argumento.

“Nuestros laboratorios nacionales siguen la ley estatal, nuestro Ejército, nuestros bosques nacionales, nuestros parques nacionales [siguen la ley estatal]”, dijo Chakeres. “Ese no es un argumento real de su parte. Pero son zonas realmente secas. No hay mucha agua subterránea disponible, y los neomexicanos que dependen de esa agua para su sustento, que tienen ranchos ganaderos desde hace generaciones, que se han ganado la vida en un entorno realmente hostil, están preocupados”.

Chakeres también dijo que los pozos se construyeron de manera inadecuada, con ademes abiertos y agua estancada que podrían permitir que contaminantes de la construcción, como aceite y sustancias químicas, se filtren a acuíferos que los neomexicanos usan para beber.

“Es espantoso. [...] Ningún perforador de Nuevo México hace agujeros así. Son perforadores de otros estados”, dijo. “Es impactante el tipo de estándares que están violando”.

Chakeres dijo que la oficina inició acciones de aplicación administrativa contra los perforadores y espera revocar sus licencias estatales mediante la orden judicial preliminar en el tribunal federal.

Pero señaló que este proceso toma tiempo. Por ahora, la oficina impone multas. Esto “asusta a quienes perforan pozos ilegales y los hace detenerse, y ya estamos viendo buenos resultados. Hasta que haya una orden judicial, es más o menos la herramienta más eficaz que tenemos”, dijo Chakeres.

Sin embargo, al menos un legislador estatal cuestionó si el estado debería actuar de manera más inmediata.

“Cuando alguien contamina nuestra agua abiertamente y de forma desafiante, burlándose de nosotros [...], simplemente no entiendo por qué tiene que haber una razón para que no seamos más agresivos al respecto”, dijo el martes el senador estatal Joseph Cervantes, demócrata por Las Cruces. “Hacemos cosas cuando queremos, muy rápidamente. Y me preocupa que la razón por la que no queremos hacerlo es que tenemos miedo de las repercusiones”.

Varios residentes de Santa Teresa y Sunland Park, una zona que desde hace décadas enfrenta contaminación por arsénico en su agua, condujeron dos horas, entre ida y vuelta, para asistir en persona a la reunión del martes.

Chakeres y asesores de política ambiental también hablaron en la reunión del martes sobre el uso de agua y energía del Proyecto Júpiter, el enorme y controvertido centro de datos en el patio trasero de estos residentes.

“En un momento en que el Gobierno federal ya está haciendo mal uso del agua, muy limitada, del estado para la construcción fronteriza, la conservación de este recurso debería ser una prioridad”, dijo Wren Barber, residente del Condado de Doña Ana.