Chihuahua.- En la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía General de la República, el exgobernador Javier Corral tiene una docena de denuncias que van desde peculado por el manejo presupuestal de la entidad hasta traición a la patria, por no acreditar su nacionalidad mexicana en la búsqueda de los cargos públicos que ha tenido.

Las denuncias contra el exmandatario estatal comenzaron en septiembre de 2019, cuando el diputado Omar Bazán Flores presentó una queja formal ante la Secretaría de la Función Pública –a cargo de Mónica Vargas Ruiz, nombrada por el propio Corral– por irregularidades en la adquisición del llamado terreno caliente, con el que el exgobernador amplió su casa de la calle Costa Rica de Ciudad Juárez.

Esta es la denuncia que ha tomado como base la SFP en la actual gestión, de la que el viernes trascendió que había emplazado a Corral Jurado a presentarse, para iniciarle un procedimiento administrativo derivado de esta queja y de la investigación correspondiente, mediante la cual fueron encontradas discrepancias entre los ingresos y los bienes del exgobernador, de acuerdo con sus propias declaraciones patrimoniales que presentó al comienzo, a medio término y al final de su gestión, entre los años 2016 y 2021.

Además de esta denuncia administrativa ante la SFP, entre los años 2020 y 2021 presentaron denuncias por tortura y otros delitos algunos de los exfuncionarios duartistas detenidos durante la gestión de Corral Jurado. 

Los reclamos fueron presentados por el exsecretario de Educación, Marcelo González Tachiquín; el exauditor superior del Estado, Jesús Manuel Esparza; y el exdirigente de la Sección Octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alejandro Villarreal Aldaz.

Las querellas fueron formalizadas ante la Fiscalía General del Estado e incluso en instancias internacionales, pero hasta la fecha no se han reportado avances.

Posteriormente, en julio de 2021, el legislador priista Omar Bazán Flores denunció ante la Fiscalía General de la República a Corral Jurado por el delito de peculado, acusándolo de la malversación en varios años de cerca de ocho mil millones de pesos.

El diputado basó su querella en más de un centenar de observaciones e irregularidades señaladas a la administración de Corral Jurado por parte de la Auditoría Superior de la Federación, por tratarse de recursos federales destinados a la entidad.

Cascada de denuncias 

En el último año de gestión de Corral Jurado (2021), las denuncias por diferentes vías crecieron por parte de los que el mismo exgobernador había señalado por hechos de corrupción.

El 17 de agosto de 2021, la defensa del exgobernador César Duarte anunció que había promovido una demanda por la vía civil en contra del exmandatario, por daño moral al haber violado el principio de presunción de inocencia, incautarle bienes y fincarle causas penales sin la debida evidencia y con afanes políticos y publicitarios.

Duarte demandó ante un juez civil una reparación del daño de cerca de tres mil millones de pesos, producto de las afectaciones a su patrimonio y a su salud, a causa de las acciones emprendidas por Corral Jurado desde el comienzo de su gestión.

Entrado el año 2022, el 19 de abril, el magistrado expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Gabriel Sepúlveda, denunció penalmente a Corral Jurado y a la que había nombrado como consejera de la Judicatura, Luz Estela “Lucha” Castro, por ejercicio indebido del servicio público. La acusación del magistrado –quien fue removido como presidente del Tribunal a la llegada de Corral, mediante una reforma legislativa– fue por la designación que consideró ilegal de Castro dentro del Poder Judicial, ya que al ser nombrada rebasaba la edad límite para el cargo.

En el mismo 2022, es presentada la otra denuncia del diputado Omar Bazán contra Corral y su exsecretaria de la Función Pública, Mónica Vargas, relacionada con el llamado terreno caliente; y la del alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por defraudación fiscal contra el municipio, debido a ese mismo inmueble, las cuales sirven de base al procedimiento de la SFP iniciado contra Corral Jurado.

Luego, en julio de 2022 el consejero de la Judicatura del Estado, Luis Villegas Montes, demandó al exgobernador por difamación, luego de que Corral Jurado asegurara que había sido testigo a favor de César Duarte en su proceso de extradición de Estados Unidos a México, lo que negó el también magistrado del Tribunal, exigiéndole una disculpa pública a la que no respondió el exgobernador.

Otras dos denuncias corresponden al parralense Otto Valles, también perseguido por Corral durante su gobierno. El empresario demandó el juicio político del exgobernador y lo acusó de traición a la patria por uso de doble identidad y no acreditar su nacionalidad mexicana para postularse a diversos cargos de elección popular.

Del total de las denuncias presentadas, ni la FGR ni la Fiscalía Estatal, han reportado avances de las carpetas de investigación abiertas o de resoluciones de las mismas querellas, en tanto que el Congreso del Estado ha desechado tres peticiones de juicio político presentadas contra el exgobernador.

Así, únicamente las denuncias de 2022 promovidas por el priista Bazán Flores y el morenista Pérez Cuéllar, son las que muestran avances, al ser la base del procedimiento administrativo que inició la Función Pública contra Corral Jurado, quien deberá comparecer ante dicha instancia el próximo 23 de julio.