Al cierre del plazo de registro para las candidaturas a cargos del Poder Judicial, en el estado de Chihuahua iniciaron el trámite 97 aspirantes, indica el Informe del Comité de Evolución del Poder Judicial de la Federación.

En el listado se desprenden 12 registros para alguna magistratura de tribunales colegiados de Apelación, 37 para magistrado de tribunales colegiados de Circuito y 48 para juez de Distrito.

Sin embargo, hasta ayer, los poderes Ejecutivo y Legislativo, que también lanzaron convocatoria, no habían publicado los listados de aspirantes, pese a que sus titulares presumieron la participación de miles en el proceso.

De acuerdo con la lista oficial, Chihuahua es el tercer estado al norte del país con el mayor número de registros, encabezada por Nuevo León, con 258; luego Baja California, con 106.

El calendario de actividades dado a conocer por el Comité de Evaluación indica que, a partir de hoy, los miembros de la agrupación verificarán que los aspirantes inscritos cumplan con los requisitos constitucionales y legales.

Esa parte del proceso terminará el 15 de diciembre con la publicación del listado de aspirantes que cumplieron con los requisitos. En tanto que el 31 de enero del 2025 es la fecha límite para que el Comité de Evaluación califique la idoneidad de los aspirantes y publique la lista de los candidatos elegibles.

Las etapas del proceso continúan el 4 de febrero como fecha límite para que el Comité de Evaluación realice el proceso de insaculación pública para ajustar el número de postulantes a cada cargo y observar la paridad de género y para publicar los resultados de esta selección.

Dos días después, el 6 de febrero, las Cámaras del Poder Legislativo federal, previa aprobación, devolverán los listados al Comité para que el 8 de febrero remita al Senado de la República los listados aprobados.

Algunos aspirantes que destacan son David César Aranda González, del Séptimo Distrito. En el 2018 fue uno de los ocho magistrados de Circuito y siete jueces de Distrito con jurisdicción en Ciudad Juárez que percibían un sueldo mayor al del presidente López Obrador, quien ganaba 108 mil pesos mensuales.

También Erick Alberto Parada Díaz, uno de los jueces cuya ratificación fue aprobada por el Consejo de la Judicatura Estatal en 2018.

Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, al que en 2022 la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández Acosta, confirmó que el Consejo de la Judicatura le abriría una investigación interna en torno a sus declaraciones en las que reveló que el Gobierno estatal ejerció actos de presión sobre su persona para que dictara auto de vinculación a proceso en contra de la gobernadora Maru Campos Galván.

Marco Antonio Gaytán González, fue jefe de la Dirección de Inspección del Trabajo en el 2020; Jahaziel David Torres Santiesteban, buscó ser presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos este año; María Selene Prieto Domínguez, actual comisionada del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) y Elena Yaneth Romo Pérez, diputada federal de Chihuahua por el Partido Verde en el 2015.

También aparecen en la lista Arturo Alberto González Ferreiro, magistrado de Circuito, ganador del Premio Sentencias. En 2022 ordenó al Consejo de Salubridad General que emitiera las acciones necesarias para la prevención, contención y atención del Covid-19 en beneficio de la población migrante.

Juan Felipe Ponce Morones, quien llevó la representación jurídica de varios lesionados víctimas del “Aero Show 2013”. Luz Elva Velo Sáenz, presidenta de la Junta Especial número 55 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de Trabajo Federal en Juárez.

Amílcar Asael Estrada Sánchez, actual juez federal. En el 2017 dictó el auto de vinculación a proceso en contra del exsecretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral y otros tres duartistas. Martín Fernando García Vázquez, quien también fue aspirante a magistraturas del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) en agosto pasado.

Además Armando García Romero, quien en el 2015 fue secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la Fiscalía General del Estado.

José Luis Contreras Cruz, abogado analista de El Diario. Alejandro Esquer Padilla, uno de los abogados de afectados de Aras Investment Business Group en 2023. Adriana Alejandra Chavira Zamora y Andrea Méndez del Valle, abogadas electorales de Morena e integrantes de la prelista de candidatos plurinominales de ese partido. Y Paola Ivette Castor Molinar, de quien en el 2017 litigantes fronterizos pidieron ante el entonces gobernador Javier Corral su remoción como coordinadora del Centro de Operaciones Estratégicas (COE).

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