A cinco años y nueve meses de la masacre en contra de 17 integrantes de las familias LeBaron, Langford y Miller, nueve de los cuales perdieron la vida, el Gobierno de México ha detenido a 36 personas y cuenta con diez órdenes más de aprehensión, pero no ha emitido ninguna sentencia por el homicidio, reclamó ayer Julián LeBaron.

“Después de que más de cien sicarios masacraron a mi familia en Bavispe, ni un solo culpable ha sido sentenciado. La línea entre el crimen y la autoridad se ha vuelto tan borrosa que México sigue pagando con sangre inocente”, denunció el chihuahuense.

Recordó que el 4 de noviembre de 2019, más de cien sicarios emboscaron a sus familiares en Bavispe, Sonora, todos mujeres, niñas y niños, a quienes en cuestión de minutos les descargaron más de 3 mil 500 balas en la carretera hacia Chihuahua.

“Tres madres y seis de sus hijos, mi propia familia, fueron asesinados con una brutalidad indescriptible: acribillados sin piedad, quemados vivos y rematados con tiros de gracia. Una de las camionetas fue incendiada con sus ocupantes dentro, según videos grabados por los propios sicarios, testigos y la Fiscalía (General de la República). Cinco años después, la herida sigue abierta. La justicia, lejos de brindar certezas, se ha convertido en un laberinto de sombras y evasivas”, señaló a través de sus redes sociales.

‘La justicia nunca llega’

El mexicoestadounidense, originario de la comunidad LeBaron ubicada en el municipio de Galeana, reclamó que, de más de cien atacantes identificados, ni uno solo ha recibido sentencia por homicidio, y aunque hay 36 detenidos y una decena de órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse, “la justicia nunca llega”.

“Peor aún, en las últimas semanas hemos visto escenas que insultan la memoria de las víctimas: uno de los implicados fue sorprendido trabajando como policía activo en Ciudad Juárez”, dijo sobre Galdino P. J., alias “Monster”, quien el pasado 29 de julio fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, daños, feminicidio, feminicidio en grado de tentativa e incendio con daño durante la masacre.

Denunció que otro de los detenidos, conocido como Gabriel Osvaldo Peña, alias “El Chango”, quien fue señalado por testigos protegidos y por otros perpetradores como participante directo en la masacre de Bavispe, fue arrestado con un arsenal de armas largas y cartuchos, pero luego fue liberado mediante un juicio abreviado.

“Aquí surgen preguntas inevitables: ¿cómo es posible que, detenido el 31 de mayo, se resolviera un procedimiento abreviado en tan poco tiempo, cuando normalmente estos requieren acusación formal, aceptación de hechos y control judicial? ¿Fue un proceso exprés que sacrificó justicia a cambio de celeridad?”, agregó en la publicación digital que compartió.

No se quedarán de brazos cruzados

LeBaron denunció un colapso de la autoridad y que “la línea entre el crimen y la autoridad se ha vuelto tan borrosa que ya nadie distingue dónde empieza una y termina la otra”, dijo que incluso lo ha visto “de primera mano en los gobernadores de Chihuahua y Sonora, y en sus gabinetes que cobijan con impunidad a quienes deberían ser tratados como terroristas”.

“La justicia no llegará sola: tenemos que arrancársela al sistema” dijo al asegurar que la comunidad no se quedará de brazos cruzados y seguirá alzando la voz en México y en el extranjero.