-Confirmado: rastro de traición apunta a Zuany

-Alex fortalece la alianza Cruz-Borunda

-Chihuahua y los demás cierran filas con Ariadna

-Obras afectarán dos plantas de BRP

Pasada la audiencia de vinculación a proceso contra el exfiscal general del Estado, César Jáuregui, los datos que reportan del expediente base de la acusación de la Fiscalía General de la República colocan al exfiscal de Operaciones Estratégicas, Arturo Zuany Portillo, en el centro de la intervención de Estados Unidos que tanto molesta a Palacio Nacional.

No hay todavía hechos demostrados, al menos no jurídicamente, pero el caso pone sobre la mesa algo que va más allá de la responsabilidad política y administrativa de Jáuregui Moreno, una ruta en la que aparece con especial relevancia quien fuera su subordinado.

Muchas de los 150 de los elementos más relevantes de la investigación corresponden a la secuencia de acontecimientos registrada entre el 13 y el 16 de abril de 2026, en los días previos al operativo para localizar y destruir el narcolaboratorio de El Pinal, en el municipio de Morelos; otros tienen que ver con la otra intervención de agentes extranjeros en marzo pasado, en un operativo entre Nonoava y San Francisco de Borja.

Y mientras Jáuregui se encuentra recluido en el penal federal del Altiplano, sujeto a un proceso por presunta traición a la patria, Zuany permanece prófugo, pese a que la investigación lo ubica en episodios que podrían resultar determinantes para reconstruir la actuación de las autoridades chihuahuenses antes del operativo y del accidente en el que murieron dos ciudadanos estadounidenses.

Si el exfiscal general conocía los alcances de las relaciones que mantenía su subordinado con los extranjeros, qué autorizaciones existían para esas actividades y quién tomó las decisiones que colocaron a las instituciones de seguridad de Chihuahua en el centro de una investigación federal grave, son preguntas que no alcanzarán a responderse, mientras Zuany no sea procesado.

¿Y dónde está el exfiscal de Operaciones Estratégicas, también exdirector de la Agencia Estatal de Investigación, al que Estados Unidos le retiró la visa? ¿Lo tiene Estados Unidos? ¿Lo tiene protegido o detenido? ¿Lo pedirá México o a él no lo quieren procesar las autoridades federales y estatales?

El caso del narcolaboratorio no se resolverá políticamente con la caída de Jáuregui, ni judicialmente con la sola localización de Zuany.

Ambos asuntos tienen que seguir sus propios cauces, pero la investigación también debe esclarecer quién estableció los contactos con los extranjeros, qué objetivos perseguían, qué autorizaciones existían y cómo se permitió que una operación de esa naturaleza se desarrollara bajo condiciones que hoy son materia de investigación federal.

La pieza que falta puede estar en las declaraciones del exfiscal prófugo, en los registros que todavía no se conocen públicamente o en las decisiones de otros funcionarios que participaron en la planeación y ejecución del operativo. Esa es la dimensión de fondo y es la respuesta que Chihuahua todavía espera.

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La licencia de Alejandro Pérez Cuéllar a la diputación federal, con miras a apoyar la campaña por la gubernatura de su hermano, Cruz Pérez Cuéllar, puso el foco de los morenistas en la organización electoral, las alianzas y las estructuras que comenzarán a reacomodarse alrededor de ese proyecto.

Alejandro dejó su curul para asumir una tarea de naturaleza distinta, lo que supone cambiar la actividad legislativa por el trabajo territorial, la construcción de acuerdos y la coordinación de los equipos que tendrían la responsabilidad de llevar el proyecto del ámbito municipal al conjunto de Chihuahua.

Su participación no resulta menor por la relación política y familiar que mantiene con el alcalde juarense, pero también por el antecedente electoral que representa su propio paso por las urnas.

En 2024, postulado por el Verde en alianza con Morena, Alejandro obtuvo casi 100 mil votos en el cuarto distrito federal de Juárez, arriba del 50 por ciento del total, lo que se explica por la fuerte presencia de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, pero también por una labor territorial propia.

Ese trabajo es el que seguramente habrá de aportar a la campaña de su hermano, pero su licencia en San Lázaro también tiene otro significado y relevancia.

La curul de Pérez Cuéllar quedó en manos de Carlos Joaquín Ruiz Olloqui-Borunda. Sí, de los Borunda descendientes del exgobernador Téofilo, que también está representado por el diputado local y presidente del Partido Verde, Octavio Borunda.

Así, la salida de Pérez Cuéllar de San Lázaro, su incorporación al trabajo del proyecto de Cruz y la llegada de un suplente, fortalece la alianza con los verdes y su círculo de influencia, que no es tan menor como el tamaño del minipartido.

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El pronunciamiento de los coordinadores estatales para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional (candidatos a gobernadores, sin eufemismos), de este fin de semana pasado, tiene una lectura nacional, pero también una implicación directa para Chihuahua y, particularmente, para Ciudad Juárez.

Entre los firmantes aparece el abanderado estatal, Cruz Pérez Cuéllar, quien se sumó al respaldo a Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, frente a los señalamientos de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Con el juarense suscribieron Nora Ruvalcaba Gámez, de Aguascalientes; Julieta Ramírez Padilla, de Baja California; Manuel Alejandro Cota Cárdenas, de Baja California Sur; Pablo Gutiérrez Lazarus, de Campeche; Rosa María Bayardo Cabrera, de Colima; Beatriz Mojica Morga, de Guerrero; Carlos Torres Piña, de Michoacán; Jasmin Bugarín Rodríguez, de Nayarit; Clara Luz Flores Carrales, de Nuevo León; Santiago Nieto Castillo, de Querétaro; Eugenio Segura Vázquez, de Quintana Roo; Elí César Cervantes Rojas, de San Luis Potosí; Imelda Castro Castro, de Sinaloa; Lorenia Valles Sampedro, de Sonora; Ana Lilia Rivera Rivera, de Tlaxcala, y Verónica Díaz Robles, de Zacatecas.

El documento no se limita a defender a Montiel. También exige esclarecer la participación de agentes estadounidenses en el operativo contra el narcolaboratorio de El Pinal, en el municipio de Morelos, y determinar quién autorizó su intervención y bajo qué condiciones actuaron. Los firmantes sostienen que las acusaciones deben respaldarse con pruebas y que la soberanía nacional no puede quedar subordinada a disputas políticas.

El posicionamiento tiene una doble dimensión en particular para el candidato morenista de Chihuahua: lo alinea con la dirigencia nacional de Morena y lo coloca en el frente político que confronta la postura de la gobernadora panista.

En Juárez, desde donde el alcalde con licencia construye su propio futuro político, estas definiciones también funcionan como señales de lealtad y pertenencia dentro del partido.

Este cierre de filas con la dirigencia nacional y con sus adversarios locales de Cruz en el estado resulta relevante por la señal, el anticipo, de lo calientes que estará la contienda electoral de 2027, que todavía no empieza, pero ya tiene meses que echa lumbre.

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En las próximas semanas iniciará la construcción de puentes y vialidades en distintos puntos de Ciudad Juárez, además de un Centro de Convenciones. El detalle es que varias de estas obras se encuentran cerca de dos plantas de BRP, uno de los empleadores industriales más importantes de la ciudad.

Ya es evidente que su operación logística se verá afectada, el traslado de mercancías y la movilidad de sus trabajadores.

En la Planta 1, ubicada en el Parque Bermúdez, la nueva configuración vial implica perder uno de los dos accesos que tiene hacia la avenida Antonio J. Bermúdez.

Además, el almacén se encuentra del otro lado de esta vialidad, por lo que el flujo entre la planta y el almacén quedará condicionado por los cambios que introduzcan las obras.

En la Planta 3, sobre la Francisco Villarreal Torres, frente al futuro Centro de Convenciones, la situación también genera preocupación: el acceso deberá compartirse con los usuarios del recinto, a través de una vialidad de apenas dos carriles.

Esto puede traducirse en retrasos para el abasto de materiales y el embarque de producto terminado, además de elevar el riesgo de incidentes. A ello hay que sumar las afectaciones para los camiones que transportan al personal y para los vehículos particulares de los empleados.

El asunto va más allá de las molestias viales. Juárez corre el riesgo de comprometer la competitividad de una empresa establecida desde hace años, sin que se conozca un plan de movilidad de carga que compense las afectaciones.

La expectativa es que las obras públicas amplíen la capacidad de las zonas industriales y protejan sus accesos, no que terminen limitándolos.