Chihuahua— Al advertir el incremento de población flotante en el estado, en virtud de una eventual deportación masiva de migrantes desde los Estados Unidos, la gobernadora Maru Campos sostuvo que Chihuahua no puede convertirse en estado santuario, e insistió en la necesaria coordinación de los tres niveles de Gobierno, para enfrentar una posible crisis humanitaria y de seguridad.

Sin embargo, aclaró que esta realidad debe ser abordada desde una perspectiva humanitaria y bilateral, en donde “siempre trabajaremos para que nuestros hermanos migrantes sean tratados con dignidad, que las niñas y niños estén seguros y que las personas que pasan por nuestro territorio sean respetadas, tanto como sea posible, en su dignidad intrínseca como seres humanos”.

En su colaboración semanal publicada por El Diario, explicó la gobernadora constitucional de Chihuahua que “el inicio del nuevo Gobierno de Estados Unidos plantea un panorama retador en materia migratoria”.

“Una de las promesas de campaña del presidente electo ha sido la deportación masiva de inmigrantes indocumentados. Aunque aún no se ha aclarado cuándo ni bajo qué mecanismos se llevará a cabo este proceso, algunos de los escenarios posibles incluyen la deportación hacia la frontera mexicana”, refirió.

Retos significativos

Dijo que en medio de cambios importantes para las dos naciones, “esto no sólo reconfigura la relación bilateral entre ambos países, sino que también impone retos significativos para las entidades fronterizas en nuestro país, en particular para nuestro Estado”.

“En Chihuahua compartimos la franja fronteriza más extensa con Estados Unidos, por ello, en este contexto, podemos decir que enfrentamos un desafío histórico. Nuestra posición geográfica e historia de retos migratorios, sumados a las implicaciones económicas y políticas, hacen que el tema migratorio sea particularmente complejo”, abundó.

Reconoció que si bien, hasta este momento no hay nada certero respecto a la implementación de las medidas que, a corto plazo, podría adoptar la administración entrante en Estados Unidos, “hoy más que nunca, debemos mantenernos alerta ante los posibles desafíos”.

“Como Estado –señala la mandataria estatal– debemos continuar en estrecha comunicación con el Gobierno federal mexicano, para preparar un marco de acción que contemple los impactos sociales, económicos y, sobre todo, humanitarios que podrían surgir de una decisión tan drástica como la deportación masiva”.

Gobiernos incapacitados

En este sentido, expone que “el principal riesgo inmediato es el aumento exponencial de la población flotante en el Estado. En el pasado llegamos a tener una población flotante de más de 35 mil personas al interior de Ciudad Juárez, esto equivale a una población mayor a la de algunos municipios del Estado”.

Advirtió que “la presencia de todas estas personas adicionales en nuestro territorio implica la agudización de todos los retos políticos y humanos contra los que luchamos día con día; pero, sobre todo, implica que los Gobiernos municipales, el Gobierno del Estado y el Gobierno federal se ven incapacitados para ofrecerles garantías mínimas a todas esas personas en situación de migración, lo cual deriva irremediablemente en una crisis humanitaria”.

Asimismo, agrega, “este desafío también aumenta la vulnerabilidad de nuestros hermanos migrantes ante el crimen organizado, que ve en ellos un insumo para su terrible e inhumana red de tráfico de personas. De esta forma, ante un incremento repentino y descontrolado de la población migrante en Chihuahua, la posibilidad de una crisis de seguridad también se incrementa considerablemente”.

En este contexto, afirmó, “el Estado de Chihuahua no puede convertirse en un ‘estado santuario’, ya que ello significaría enfocarnos de manera prioritaria en atender esta situación, y dejar en el olvido a poblaciones que sufren de un rezago que apenas comienza a mitigarse, como es el caso de los pueblos originarios en la Sierra Tarahumara o las familias afectadas por la sequía extrema que hemos padecido en los últimos años”.

“Sobre todo, implicaría poner a nuestros hermanos migrantes en una situación de riesgo inminente”, señaló.

Por todo ello, reafirmó que la situación debe ser abordada desde una perspectiva humanitaria y bilateral, para que los migrantes sean tratados con dignidad, para lo cual “seguiremos trabajando en conjunto con el Gobierno federal mexicano, seguiremos con la comunicación con el Gobierno de Texas y buscaremos establecer puentes de diálogo con el Gobierno de los Estados Unidos”, anticipó.

“Soy una convencida de que en el camino de la democracia y ante todo nuevo gobierno, siempre caben las diferencias ideológicas o políticas. Pero también, comprendemos que el gobierno entrante de los Estados Unidos busca garantizar la seguridad y la paz en su país, y en ese propósito siempre encontraremos coincidencia y trabajaremos en conjunto para proteger a la ciudadanía en ambos lados de la frontera”, concluyó la gobernadora.