Chihuahua.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y el Congreso del Estado son las dependencias peor calificadas en desempeño institucional en atención a desapariciones en 2024, reporta un análisis de Red Lupa, un espacio digital para el seguimiento y vigilancia de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
Este proyecto, que forma parte del Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia A.C., calificó el desempeño de ocho instituciones, donde la CEDH y el Congreso fueron señalados por su “pésimo desempeño”.
Esta calificación cualitativa es la percepción que tienen las personas participantes en Red Lupa sobre el desempeño institucional una vez analizados los avances y retrocesos en la aplicación de la Ley General y de la ley local en materia de desaparición de personas, informó Red Lupa.
Las calificaciones fueron “Buen Desempeño”, “Mejorando”, “Pésimo Desempeño” y “No Existe”.
En el informe se detalla que Servicios Periciales y Mecanismos de protección obtuvieron el calificativo de “Buen Desempeño”.
La Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía Especializada en Desaparición, la Comisión de Atención a Víctimas y el Poder Judicial fueron calificados como “Mejorando”.
Mientras que se reportó que “No Existe” un Consejo Estatal Ciudadano, ni un Centro de Identificación Humana.
Se detalla que la Comisión Estatal de Búsqueda es la única en el país que forma parte de la Fiscalía en lugar de la Secretaría de Gobierno, lo que le permite mayor despliegue operativo en el territorio estatal, el aprovechamiento de las capacidades y estructuras ministeriales, así como de una estrecha coordinación entre las acciones de búsqueda y la investigación penal de la desaparición.
Sin embargo, este formato también limita su capacidad de gestión y reduce su estructura orgánica, pues depende de los recursos humanos, materiales y financieros de la Fiscalía de Derechos Humanos, y no cuenta con una Unidad de Contexto.
Además, tampoco cuenta con el personal suficiente para atender todos los reportes de personas desaparecidas y no localizadas en la entidad.
Por tanto, su labor convive con las unidades de investigación de las fiscalías regionales dedicadas también a la búsqueda de personas.
Aunque existe coordinación al formar parte de la misma estructura, esto diluye el objetivo de la Ley General.
El reporte destaca que en Chihuahua no existe una Fiscalía Especializada en materia de desaparición, sólo se cuenta con una Unidad Especializada para la investigación de los delitos de desaparición forzada y la cometida por particulares, la cual depende de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada.
Esta Fiscalía es competente para investigar delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como ofrecerles protección, además de los delitos de desaparición y tortura.
Esta Unidad Especializada sólo investiga algunos casos de desaparición, como aquellos que cumplen con determinados criterios establecidos en los Criterios de Priorización en la atención de casos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada.
En consecuencia, es en las fiscalías regionales donde el personal no posee la especialización ni certificación requerida por la Ley General, donde se tramitan los casos restantes, que son la mayoría.
Por tanto, no existe una Fiscalía Especializada que conozca todos los casos de desaparición, ni que cuente con la estructura orgánica, los recursos humanos, materiales y administrativos diferenciados y reforzados exigidos por la Ley General.
Sobre la Comisión de Derechos Humanos, señala que el último presidente, Javier González Mocken, falleció en agosto pasado, a sólo un mes de su nombramiento, aunado a que no contaba con experiencia en derechos humanos, no dio tiempo para realizar una buena gestión de la institución, y lo que ocasionó fue que los trámites quedaran trabados. Actualmente la institución permanece sin titular.
Se menciona que la Comisión Local de Búsqueda forma parte de la Fiscalía de Derechos Humanos, y no se contempla la existencia del Sistema estatal de Búsqueda y tampoco del Consejo Estatal Ciudadano.
Sobre el Poder judicial, se detalla que en materia penal el desempeño se puede apreciar como bueno, pero en materia familiar que atiende los casos de Declaración Especial de Ausencia no se comprende el proceso y su relevancia, por lo que se considera con un déficit su actuación.
El Poder Legislativo, es decir, el Congreso del Estado, fue de las instituciones peor calificados, y se expresa solamente que “no le interesa el tema y no se consulta nada a las familias y organizaciones civiles”.
Con respecto al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el estado, que también debe proteger a personas buscadoras, pertenece a la Fiscalía de Derechos Humanos y se considera que trabaja adecuadamente. Vale señalar que en la actualidad no hay casos de afectaciones a personas buscadoras, especifica el reporte.
