Ciudad Juárez.- En la actuación del Ministerio Público federal en supuestos casos de robo de hidrocarburos parece haber colusión con jueces federales, que valoran denuncias anónimas y faltas administrativas presentadas como delitos, acusó el abogado José Miramontes Cano.
Un caso similar al reportado recientemente, de Johan Nikel M. C. (por el que comunidades menonitas y otras agrícolas se unieron para pedir la destitución del titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en Nuevo Casas Grandes –Alfredo Cruz Pérez– mediante una protesta en el puente “Libre” en Juárez) llegó al conocimiento de Miramontes Cano a finales de 2024, en el que, denunció, se libró una orden de cateo contra una persona que tenía su propio depósito de gasolina para consumo de máquinas para cultivo, mediante actuaciones en las que inclusive se utiliza al Ejército Mexicano con fines de intimidación. “Veo con extrañeza la facilidad con la que se dio la orden de cateo”, expresó el también doctor en Derecho Penal, quien considera la acción de su representado más como una posible falta administrativa que como un delito hidrocarburífero. Señaló que al juez penal federal Víctor Manlio Hernández Calderón le bastó una denuncia anónima de una persona que no dio sus datos para posteriores aclaraciones o comparecencias para librar la orden, bajo la acusación de que el predio allanado era utilizado para venta ilegal de combustible. Además, comentó sobre la nula disposición del agente del Ministerio Público de la Federación Raúl López Aboytes, encargado del caso contra su representado, por responder cuestionamientos de la defensa legal.Primero detener y luego investigar
Dijo que la técnica de investigación (el cateo) pedido por López Aboytes, y aprobado por Hernández Calderón, “son una muestra de la política pública del Gobierno federal” de primero detener y luego investigar. “Si tienes los datos suficientes, haz las detenciones, no primero hagas el cateo sin que, además, no haya previa denuncia, y aparte era anónima”, reclamó. El abogado dijo que a quienes afectan son personas trabajadoras, a través de las actuaciones ministeriales y la intimidación del Ejército Mexicano, que utilizan para clausurar y asegurar las instalaciones cateadas, así como resguardarlas de posibles visitantes, así sean los dueños del predio. El pasado viernes, productores agrícolas chihuahuenses se manifestaron cerrando el paso vehicular del puente internacional Córdova-Américas (‘Libre’) en protesta por la detención de Johan Nikel M. C., acusado por la Federación de allanar un inmueble asegurado en un cateo por una carpeta de investigación por robo de hidrocarburos, en El Capulín, municipio de Nuevo Casas Grandes, para presuntamente vender el combustible que estaba en contenedores en dicho predio. De acuerdo con las versiones de los manifestantes, dicho combustible habría sido comprado entre algunos productores, y una vez comprado se repartiría. En ambos casos, el de El Capulín y el del defendido de Miramontes Caro, se señaló al Ministerio Público federal por pedir más de 500 mil pesos a cambio de no continuar con las actuaciones ministeriales.
