El juez federal de control Ernesto Cornejo Ángeles reprendió ayer la presunta actuación del policía estatal Carlos Arturo R. B. en el supuesto tráfico de más de ocho mil balas de “cuerno de chivo” a Ciudad Juárez, “comúnmente usadas por la delincuencia organizada” y “en el contexto de un Estado de Emergencia, de una estela de muerte en que se encuentra México”.

El agente fue vinculado a proceso luego de una “pasiva” –como la calificó el juez– defensa legal por parte de la abogada particular Nancy Elizabeth Montoya Sánchez, que no presentó evidencias ni argumentos para buscar la no vinculación a proceso de su representado.

“Qué defensa tan pasiva. No me diga que se van a ir por el procedimiento abreviado”, expresó el juez ante la negativa de la defensa a la presentación de medios de prueba.

Según la defensora, la decisión se dio “en un deber de lealtad y objetividad” y “por así convenir a los intereses” de su representado.

Tras la negativa, el juez cuestionó al acusado si estaba consciente de lo que haría (o no haría) su defensa, a lo que respondió que sí, y que estaba de acuerdo.

Posteriormente, el juez resolvió la vinculación a proceso, por cumplirse en forma los requisitos para ello, y también en fondo, pues presuntamente el 9 de marzo el agente fue detenido en el Punto de Revisión, Control y Seguridad (Precos) en la carretera de Chihuahua a Juárez, pues presuntamente llevaba en una maleta café 424 cajas de 20 cartuchos cada una, de calibre 7.62x39 milímetros, a bordo de un automóvil Nissan Sentra gris, junto con su credencial de suboficial de la Policía Estatal, su licencia colectiva de uso de armas y su arma de cargo.

El juzgador destacó además que según un oficio solicitado por la Fiscalía General de la República a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el hombre tenía 14 años, nueve meses y nueve días en servicio. No obstante, el día de su detención, la SSPE informó que Carlos Arturo B. R. estaba en proceso de baja pues se ausentó desde el 29 de enero de sus labores, sin justificación.

Además del delito existente, se comprobó, al menos en grado de probabilidad, la participación del poliestatal en su comisión, por lo que fue vinculado a proceso, y se fijó un mes como plazo para la investigación complementaria, a la vez que se ratificó la prisión preventiva oficiosa en su contra, por lo que fue devuelto al Centro de Reinserción Social varonil número 3 en Ciudad Juárez.