En octubre de 2022, los padres de una niña se despidieron de su hija con la certeza de que su cuerpo sería cremado. Casi tres años después, el 27 de junio de 2025, descubrieron que la menor nunca había sido incinerada y que sus restos estaban entre los cadáveres apilados en el crematorio Plenitud.

La familia ahora busca una reparación del daño y demanda por la vía civil a la funeraria Latinoamericana por responsabilidad civil, daño moral y daños punitivos. Por los servicios funerarios pagaron 35 mil 968 pesos.

Este miércoles 28 de octubre, durante la audiencia preliminar del expediente 191/2026, la jueza Paloma Berenice Galindo Vargas, del Séptimo Juzgado Civil, revisó las pruebas ofrecidas por ambas partes. El juicio quedó programado para el 11 de enero de 2027 a las 10 de la mañana.

Los demandantes son los padres de la menor identificada con las iniciales R. E. P., quienes son representados por el abogado Joel Vélez, del despacho Lex Iusta Abogados. La empresa demandada es Servicios Sociales Funeral S.A. de C.V., razón social de la funeraria Latinoamericana.

Durante la audiencia, la representación de Latinoamericana sostuvo que la cremación había sido derivada al crematorio Plenitud. La defensa también argumentó que la demanda no precisaba algunos datos, como la fecha de entrega de las cenizas, lo que, según dijo, dificultaba una adecuada defensa. La jueza consideró que esa información ya era conocida por la empresa.

Al no alcanzar un acuerdo conciliatorio, las partes avanzaron a la admisión de pruebas para el juicio.

Entre las pruebas ofrecidas por los padres están documentos sobre el fallecimiento de la niña, facturas, fotografías, copias de la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) e informes periciales. También buscan incorporar inventarios de los cuerpos localizados durante las diligencias ministeriales y peritajes en psicología practicados a los padres para acreditar las afectaciones sufridas.

La parte demandante ofreció como prueba documental el contrato entre Latinoamericana y el crematorio Plenitud, que estaría en poder de terceros, así como el contrato de prestación de servicios celebrado entre la funeraria y la familia. La jueza concedió a la parte demandada un plazo de 10 días para localizar y presentar los documentos requeridos.

Además, solicitó las bitácoras de recepción y entrega de cuerpos correspondientes al período de octubre de 2022 a agosto de 2025, que permitirían conocer cuáles fueron enviados por la funeraria al crematorio. La representación de Latinoamericana también ofreció documentos como la solicitud del servicio funerario y recibos de pago.

El abogado Joel Vélez explicó que, de acuerdo con la NOM-036, debía existir un contrato de adhesión entre la funeraria y el usuario, así como documentación contractual entre la prestadora del servicio y el crematorio. Sostuvo que, si no existiera el contrato correspondiente con el proveedor de la cremación, la responsabilidad tendría que recaer en quien ofreció el servicio final a la familia, es decir, la funeraria Latinoamericana.

Argumentó que existían antecedentes de incumplimientos sancionados por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), incluidos casos de cuerpos que no fueron cremados, y que, pese a ello, Latinoamericana continuó trabajando con el establecimiento durante años.

El juicio buscará determinar la responsabilidad civil de la empresa y, en su caso, las consecuencias económicas de los daños reclamados por los padres, quienes creyeron haber despedido a su hija sin saber que su cuerpo permanecía entre los cadáveres encontrados en el crematorio Plenitud.