La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará su tercera gira de trabajo en tierras chihuahuenses, en Guadalupe y Calvo, una zona de desplazamiento forzado, en donde cientos de familias han tenido que abandonar sus hogares por presión de poderes fácticos ligados a la delincuencia.

Al respecto, la delegada de la Secretaría de Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez Jiménez, indicó que la entrega de tierras por parte de la presidenta, a indígenas chihuahuenses, no garantiza el despojo posterior del crimen organizado.

La titular del Ejecutivo Federal encabezará la entrega de títulos de propiedad a indígenas tepehuanes este fin de semana.

La delegada aseguró que la estrategia de la Federación de empoderar a comunidades indígenas con propiedades escrituradas forma parte de una de las aristas para poder atender la situación de seguridad que padecen los pueblos originarios.

Chávez fue enfática en que no debe descalificarse ninguno de los puntos para regresar la seguridad a las regiones, porque forman parte de un cúmulo de esfuerzos que, en su conjunto, generan resultados.

También reconoció que ni la presencia de la titular del Ejecutivo Federal ni las acciones que encabeza, terminarán con el desplazamiento y la inseguridad en los puntos rojos en la entidad.

Mencionó la importancia que tienen las instituciones de seguridad para el apoyo de la población y recordó que el trasfondo de la entrega de tierras es el reconocimiento del despojo a los pueblos originarios por parte de población mestiza y extranjera en siglos pasados, aunque pocas garantías tengan ahora de conservarlas, por la constante amenaza de los grupos criminales.

“Esta es sólo una parte de lo que se debe de hacer, y no es la única, pero creemos que el hecho de que venga la presidenta con ellos y les dé esa fortaleza, desde luego que genera un empoderamiento de los pueblos y comunidades indígenas”, indicó.

Asimismo, habló de la importancia de la gira de la mandataria por Chihuahua, pues dijo, llega a materializar la justicia hacia los pueblos originarios.

Aseguró que el Plan de Justicia para la Sierra Tarahumara, que inició el pasado 20 de diciembre en Mogótavo, en los límites de Urique y Bocoyna, será clave para regresar la tierra a sus verdaderos dueños.

El evento presidencial será en el Centro Ceremonial Tepehuano de la comunidad de Baborigame y hasta el momento no está confirmada la lista de funcionarios acompañantes de la presidenta.

Por otro lado, el visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Parral, Juan Armando Portillo, ratificó que en vísperas de Navidad, el 23 de diciembre del año pasado, atendieron a 150 personas de Guadalupe y Calvo que abandonaron sus comunidades a causa de la violencia y la inseguridad.

Mencionó que a inicios de 2025, pobladores de la comunidad El Pinito arribaron a Parral bajo la misma circunstancia, esa vez fueron alrededor de 25 personas. En ambos casos recibieron apoyo de la Presidencia Municipal y la comunidad.

Agregó que el problema del desplazamiento forzado también golpea comunidades como San Miguel, Calabazas, Carboneras, Cinco Llagas, entre otras. Bajo su óptica, otros de los estímulos que tienen las familias para abandonar su tierra, radica en la falta de oportunidades laborales, educativas y de acceso a la salud. Algunos han vuelto, pero son los menos. Los refugios más habituales los encuentran en núcleos urbanos de Chihuahua, Sinaloa y Sonora.

A pesar de la documentación de casos, la CEDH recibió sólo dos denuncias de 2021 a la fecha, mismas que fueron remitidas a la Comisión Nacional (CNDH), por tratarse de delitos relacionados con las responsabilidades de las autoridades federales.

El departamento de Comunicación Social del organismo estatal informó que en 2025 han dado acompañamiento permanente a víctimas, quienes, a pesar de la cercanía de activistas y autoridades, no han querido interponer ningún tipo de recurso.

Casi nadie denuncia

De 2024 al 15 de mayo de este año, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó haber recibido en total 22 denuncias por el delito de desplazamiento forzado, de las cuales 17 corresponden al año pasado y cinco al presente.

En abril de 2024 fueron interpuestas dos, en mayo seis, en agosto una, cuatro en septiembre, una en octubre y otra más en noviembre, mientras que en 2025 fue una en febrero, una más en marzo, dos en abril y una más al corte del 15 de mayo.

Entre los múltiples casos violentos de trascendencia estatal y nacional, en Guadalupe y Calvo, destacan el asesinato de un sacerdote católico, el ataque a la presidenta Seccional de Dolores y enfrentamientos directos y con drones en contra de militares, con el saldo de un soldado de infantería muerto y un general herido. (César [email protected]